Miembros del Ejecutivo autonómico, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Fiscalía y Secretaría de Gobierno han mantenido hoy un encuentro en el que se ha analizado conjuntamente el proceso de desescalada en la actividad de la Administración judicial, que incluirá "profundos cambios organizativos en las sedes judiciales, medidas procesales y la incorporación de nuevos modos de gestión y organización, donde tendrán especial protagonismo las nuevas tecnologías de la comunicación y el expediente judicial electrónico".
Así lo ha expuesto la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, quien ha valorado especialmente la colaboración mostrada por las instituciones judiciales en Cantabria y su voluntad de avanzar en la implantación de las medidas procesales y organizativas para hacer frente al a la crisis del coronavirus en el ámbito judicial.
La consejera ha informado, tras este encuentro, que Cantabria cuenta con los medios personales y materiales necesarios para la puesta en marcha del juzgado de primera instancia número 12 de Santander, una nueva unidad judicial, que se ubicará en principio en el Edificio Europa, y que ayudará de forma a dar salida y "aliviar" los procedimientos acumulados.
Respecto a los cambios organizativos y en el modelo de gestión que deberá llevar a cabo el Gobierno regional en virtud de sus competencias, la consejera de Justicia ha asegurado los medios necesarios para afrontar los cambios previstos en el real decreto aprobado por el Gobierno de España y que entrarán en vigor mañana jueves.
De este modo, ha informado del alcance del plan organizativo diseñado por su departamento y que, en distintas fases del proceso, prevé la dotación de medios, con especial atención al teletrabajo y los sistemas telemáticos para la celebración de los juicios.
En este proceso de desescalada es imprescindible la seguridad y la salud de las personas trabajadoras de los juzgados para lo que se proporcionarán los medios de protección adecuados, como es el caso de mascarillas y mamparas.
En este ámbito, para reforzar la seguridad se limitará el acceso del público, se reordenarán los espacios de los edificios judiciales y el Gobierno regional procederá también al análisis de los puestos de trabajo para una mejor prevención de los riesgos laborales.
En la nueva organización judicial de Cantabria, también se establecerán un sistema de turnos de trabajo presencial para los empleados públicos del Gobierno regional.
A juicio de la consejera, nos enfrentamos a profundos cambios en la Administración judicial en un corto periodo de tiempo, pero cree que hasta el momento "todos" los colectivos implicados han destacado por "su esfuerzo de adaptación y compromiso para hacer frente al coronavirus", aunque en ocasiones, según ha dicho, se puedan generar disfunciones en la actividad diaria cuando concluya el estado de alarma.
En el encuentro de hoy han participado también el director general de Justicia del Gobierno cántabro, Pablo Ortiz; los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), encabezada por su presidente, José Luis López del Moral; la fiscal superior, Pilar Jiménez, y la secretaria de Gobierno, María Socorro García Melón.
El día de mañana concluirá la ronda de reuniones convocada por el Gobierno de Cantabria para abordar el plan de choque en la justicia. El último de los encuentros se celebrará con los miembros de los sindicatos más representativos del ámbito de la justicia en Cantabria: CSIF, STAJ, UGT y CCOO.
Así lo ha expuesto la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, quien ha valorado especialmente la colaboración mostrada por las instituciones judiciales en Cantabria y su voluntad de avanzar en la implantación de las medidas procesales y organizativas para hacer frente al a la crisis del coronavirus en el ámbito judicial.
La consejera ha informado, tras este encuentro, que Cantabria cuenta con los medios personales y materiales necesarios para la puesta en marcha del juzgado de primera instancia número 12 de Santander, una nueva unidad judicial, que se ubicará en principio en el Edificio Europa, y que ayudará de forma a dar salida y "aliviar" los procedimientos acumulados.
Respecto a los cambios organizativos y en el modelo de gestión que deberá llevar a cabo el Gobierno regional en virtud de sus competencias, la consejera de Justicia ha asegurado los medios necesarios para afrontar los cambios previstos en el real decreto aprobado por el Gobierno de España y que entrarán en vigor mañana jueves.
De este modo, ha informado del alcance del plan organizativo diseñado por su departamento y que, en distintas fases del proceso, prevé la dotación de medios, con especial atención al teletrabajo y los sistemas telemáticos para la celebración de los juicios.
En este proceso de desescalada es imprescindible la seguridad y la salud de las personas trabajadoras de los juzgados para lo que se proporcionarán los medios de protección adecuados, como es el caso de mascarillas y mamparas.
En este ámbito, para reforzar la seguridad se limitará el acceso del público, se reordenarán los espacios de los edificios judiciales y el Gobierno regional procederá también al análisis de los puestos de trabajo para una mejor prevención de los riesgos laborales.
En la nueva organización judicial de Cantabria, también se establecerán un sistema de turnos de trabajo presencial para los empleados públicos del Gobierno regional.
A juicio de la consejera, nos enfrentamos a profundos cambios en la Administración judicial en un corto periodo de tiempo, pero cree que hasta el momento "todos" los colectivos implicados han destacado por "su esfuerzo de adaptación y compromiso para hacer frente al coronavirus", aunque en ocasiones, según ha dicho, se puedan generar disfunciones en la actividad diaria cuando concluya el estado de alarma.
En el encuentro de hoy han participado también el director general de Justicia del Gobierno cántabro, Pablo Ortiz; los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), encabezada por su presidente, José Luis López del Moral; la fiscal superior, Pilar Jiménez, y la secretaria de Gobierno, María Socorro García Melón.
El día de mañana concluirá la ronda de reuniones convocada por el Gobierno de Cantabria para abordar el plan de choque en la justicia. El último de los encuentros se celebrará con los miembros de los sindicatos más representativos del ámbito de la justicia en Cantabria: CSIF, STAJ, UGT y CCOO.
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