La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha mantenido hoy un encuentro con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el que ha pedido reducir "al máximo" la presencia de los funcionarios en los juzgados y tribunales de la región, con el fin de priorizar la gestión de la crisis sanitaria y minimizar los riesgos entre el personal público.
Esta petición expresa la ha formulado en la reunión de coordinación con el Ministerio, en el marco del mando único que ejerce durante la emergencia sanitaria del coronavirus para coordinar a las comunidades autónomas en todas las materias que afecten al personal.
Tras un encuentro por videoconferencia, que se ha prologando durante más de dos horas, la consejera de Justicia ha señalado que los esfuerzos deben centrarse en garantizar "los servicios esenciales y básicos" de la justicia y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos entre el personal público.
Por eso, ha propuesto centralizar los servicios de los registros civiles y juzgados de paz en las cabeceras de comarca y realizar una guarda única, garantizando un número de efectivos localizables para intervenir en caso de necesidad. Cantabria, "bajo ningún concepto", va a dejar de prestar los servicios básicos y esenciales en la Administración de Justicia regional, ha dicho la consejera, si bien considera que "estamos ante una crisis sanitaria".
Según ha indicado, con estas dos propuestas, la de centralización de servicios y la guardia única, se posibilitaría en Cantabria reducir la presencia de 30 efectivos en los lugares de trabajo y que, cada día, sean 65, y no los 90 actuales, los funcionarios que desempeñen su labor en los juzgados.
Por último, Fernández Viaña ha valorado los esfuerzos del Ministerio de Justicia por coordinar la labor de las comunidades autónomas ante la pandemia del COVID-19 y ha destacado la línea de colaboración permanente que mantiene su departamento con el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y la Fiscalía Superior.
Esta petición expresa la ha formulado en la reunión de coordinación con el Ministerio, en el marco del mando único que ejerce durante la emergencia sanitaria del coronavirus para coordinar a las comunidades autónomas en todas las materias que afecten al personal.
Tras un encuentro por videoconferencia, que se ha prologando durante más de dos horas, la consejera de Justicia ha señalado que los esfuerzos deben centrarse en garantizar "los servicios esenciales y básicos" de la justicia y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos entre el personal público.
Por eso, ha propuesto centralizar los servicios de los registros civiles y juzgados de paz en las cabeceras de comarca y realizar una guarda única, garantizando un número de efectivos localizables para intervenir en caso de necesidad. Cantabria, "bajo ningún concepto", va a dejar de prestar los servicios básicos y esenciales en la Administración de Justicia regional, ha dicho la consejera, si bien considera que "estamos ante una crisis sanitaria".
Según ha indicado, con estas dos propuestas, la de centralización de servicios y la guardia única, se posibilitaría en Cantabria reducir la presencia de 30 efectivos en los lugares de trabajo y que, cada día, sean 65, y no los 90 actuales, los funcionarios que desempeñen su labor en los juzgados.
Por último, Fernández Viaña ha valorado los esfuerzos del Ministerio de Justicia por coordinar la labor de las comunidades autónomas ante la pandemia del COVID-19 y ha destacado la línea de colaboración permanente que mantiene su departamento con el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y la Fiscalía Superior.
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