Los populares han presentado 28 enmiendas para que se pongan en marcha las medidas contempladas en la Ley de Garantía de los derechos de las personas con discapacidad y en la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Son un total de 28 enmiendas con las que el Partido Popular pretende que regionalistas y socialistas corrijan su falta de compromiso con la igualdad y la discapacidad que, con los presupuestos para 2020, han demostrado que no están entre sus prioridades. Así lo ha afirmado la diputada regional del PP, Isabel Urrutia, quien confía en que ambos grupos rectifiquen en el trámite parlamentario apoyando sus propuestas.
Urrutia ha explicado que la Ley de Garantía de los derechos de las personas con discapacidad y la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, fueron consensuadas y aprobadas por unanimidad la pasada legislatura y deben tener plena efectividad durante el año 2020. Sin embargo, las cuentas del Gobierno para el próximo ejercicio no contemplan las partidas necesarias para financiar las medidas que contienen ambas normas.
Algo que demuestra, en opinión de la parlamentaria del PP, que para regionalistas y socialistas todo es una pantomima, es utilizar a las personas para su rédito personal y político sin buscar realmente el beneficio de ambos colectivos, ya que no sólo no hay nuevas partidas, sino que desaparecen las que había desde 2014, impulsadas por el PP, para ayudar a las entidades locales a eliminar barreras y cumplir con la accesibilidad universal.
De las 28 enmiendas presentadas, 18 se dirigen a todos los departamentos en los que la Ley de Garantía de los derechos de las personas con discapacidad dice que deben poner en marcha diferentes iniciativas. Así, en Empleo, con una enmienda al articulado para cumplir con la disposición que establece que todos los años se reservará un porcentaje de contratos públicos a centros especiales de empleo y empresas de inserción de iniciativa social, que el PP establece como no inferior al 7 % para todo el año 2020.
En Justicia, para accesibilidad universal, para cumplir con el plan de acceso a la justicia y garantizar la capacidad de obrar. En Servicios Sociales con partidas concretas para promocionar la autonomía, la puesta en marcha de la figura de Asistente Persona y la recuperación de las inversiones para accesibilidad universal en las entidades locales.
En Turismo, para inversión propia en accesibilidad de todo tipo y en empresas privadas para que Cantabria sea ejemplo de turismo accesible. En Medio Ambiente, para conseguir la accesibilidad universal a los espacios naturales. En Educación, tanto para que los centros educativos sean accesibles como para que la inclusión para las personas con discapacidad sea una realidad en el sistema educativo de Cantabria.
En Sanidad, con programas de salud pública, con inversiones en accesibilidad y con garantía de inclusión y respeto a las personas con discapacidad en nuestros centros hospitalarios Y también en Igualdad, porque, según ha afirmado Isabel Urrutia, si ya las mujeres no tienen garantizada la igualdad de oportunidades, las mujeres con discapacidad mucho menos.
Por lo que se refiere a la Ley de Igualdad, Isabel Urrutia ha señalado que el discurso del vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, no se corresponde con lo que luego escriben. Según la parlamentaria regional del PP, en este caso, del discurso al hecho no es que haya un trecho, lo que hay es una farsa.
Por ello, el PP ha presentado 10 enmiendas tendentes a corregir las deficiencias encontradas en el presupuesto para 2020. Entre ellas destaca la destinada a que, tal y como recoge la ley, una persona desempeñe en cada consejería la responsabilidad sobre igualdad de género. Algo que tenía que haberse hecho en septiembre y que ni se ha hecho ni los presupuestos contemplan.
Otras enmiendas son las referidas a la creación del Observatorio de Igualdad de Género que, según la norma, debe estar en marcha antes del 9 de marzo. La elaboración de un protocolo de actuación ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. La valoración técnica con perspectiva de género de las plazas y puestos de trabajo o el Plan para la Igualdad de Género en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Son un total de 28 enmiendas con las que el Partido Popular pretende que regionalistas y socialistas corrijan su falta de compromiso con la igualdad y la discapacidad que, con los presupuestos para 2020, han demostrado que no están entre sus prioridades. Así lo ha afirmado la diputada regional del PP, Isabel Urrutia, quien confía en que ambos grupos rectifiquen en el trámite parlamentario apoyando sus propuestas.
Urrutia ha explicado que la Ley de Garantía de los derechos de las personas con discapacidad y la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, fueron consensuadas y aprobadas por unanimidad la pasada legislatura y deben tener plena efectividad durante el año 2020. Sin embargo, las cuentas del Gobierno para el próximo ejercicio no contemplan las partidas necesarias para financiar las medidas que contienen ambas normas.
Algo que demuestra, en opinión de la parlamentaria del PP, que para regionalistas y socialistas todo es una pantomima, es utilizar a las personas para su rédito personal y político sin buscar realmente el beneficio de ambos colectivos, ya que no sólo no hay nuevas partidas, sino que desaparecen las que había desde 2014, impulsadas por el PP, para ayudar a las entidades locales a eliminar barreras y cumplir con la accesibilidad universal.
De las 28 enmiendas presentadas, 18 se dirigen a todos los departamentos en los que la Ley de Garantía de los derechos de las personas con discapacidad dice que deben poner en marcha diferentes iniciativas. Así, en Empleo, con una enmienda al articulado para cumplir con la disposición que establece que todos los años se reservará un porcentaje de contratos públicos a centros especiales de empleo y empresas de inserción de iniciativa social, que el PP establece como no inferior al 7 % para todo el año 2020.
En Justicia, para accesibilidad universal, para cumplir con el plan de acceso a la justicia y garantizar la capacidad de obrar. En Servicios Sociales con partidas concretas para promocionar la autonomía, la puesta en marcha de la figura de Asistente Persona y la recuperación de las inversiones para accesibilidad universal en las entidades locales.
En Turismo, para inversión propia en accesibilidad de todo tipo y en empresas privadas para que Cantabria sea ejemplo de turismo accesible. En Medio Ambiente, para conseguir la accesibilidad universal a los espacios naturales. En Educación, tanto para que los centros educativos sean accesibles como para que la inclusión para las personas con discapacidad sea una realidad en el sistema educativo de Cantabria.
En Sanidad, con programas de salud pública, con inversiones en accesibilidad y con garantía de inclusión y respeto a las personas con discapacidad en nuestros centros hospitalarios Y también en Igualdad, porque, según ha afirmado Isabel Urrutia, si ya las mujeres no tienen garantizada la igualdad de oportunidades, las mujeres con discapacidad mucho menos.
Por lo que se refiere a la Ley de Igualdad, Isabel Urrutia ha señalado que el discurso del vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, no se corresponde con lo que luego escriben. Según la parlamentaria regional del PP, en este caso, del discurso al hecho no es que haya un trecho, lo que hay es una farsa.
Por ello, el PP ha presentado 10 enmiendas tendentes a corregir las deficiencias encontradas en el presupuesto para 2020. Entre ellas destaca la destinada a que, tal y como recoge la ley, una persona desempeñe en cada consejería la responsabilidad sobre igualdad de género. Algo que tenía que haberse hecho en septiembre y que ni se ha hecho ni los presupuestos contemplan.
Otras enmiendas son las referidas a la creación del Observatorio de Igualdad de Género que, según la norma, debe estar en marcha antes del 9 de marzo. La elaboración de un protocolo de actuación ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. La valoración técnica con perspectiva de género de las plazas y puestos de trabajo o el Plan para la Igualdad de Género en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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