La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha hecho una apuesta firme por la mediación y ha considerado que el proyecto de ley nacional que plantea la obligatoriedad del sistema puede ser clave para su consolidación. A su juicio, este mecanismo de resolución de conflictos, al que se accede hasta el momento de forma voluntaria, tendrá continuidad en Cantabria con el Observatorio de Mediación y la creación del registro de mediadores.
Fernández Viaña ha hecho estas declaraciones durante la apertura del Máster de Mediación y Gestión de Conflictos, un postgrado de la Universidad de Cantabria (UC) en el que la propia consejera participó en sus primeras ediciones.
Tras recordar la labor de su antecesor en el cargo, Rafael de la Sierra, en favor de la mediación, ha hecho un repaso a las iniciativas que se desarrollan para promover una alternativa complementaria y voluntaria a los procesos jurisdiccionales ordinarios.
Junto al Observatorio de Mediación, pendiente de constituirse, ha abogado por desarrollar iniciativas que conciencien y fomenten la mediación.
En su opinión, con la puesta en marcha de un registro de mediadores, se pretende dar un paso más, tratando de mejorar la calidad del servicio de mediación, a partir de la formación y especialización de los profesionales.
Ha resaltado el sistema de mediación intrajudicial implantado en los juzgados de Santander y en el que colaboran el Gobierno de Cantabria, el Poder Judicial en la región, los colegios de Abogados y Procuradores, la Asociación de Mediación (AMECAN) y la Asociación de Derecho Colaborativo.
Según ha expuesto, el sistema está implantado en diez juzgados y en la Audiencia Provincial. Desde el pasado año y hasta junio, han sido derivados a estos servicios de mediación 442 procedimientos judiciales, la mayoría del ámbito civil. Casi el 60 por ciento de ellos fueron objeto de mediación finalmente y en un 35 por ciento se alcanzó un acuerdo.
Ayudas a la mediación
Durante este mes, el Ejecutivo regional ha adjudicado también las subvenciones destinadas a financiar los proyectos formativos y divulgativos en materia de mediación. En total, nueve entidades de Cantabria se han visto beneficiadas de estas ayudas, que buscan extender su aplicación a todos los ámbitos sociales posibles.
Los programas formativos financiados por la Consejería de Justicia, cada uno con unos 2.000 euros, pertenecen a los colegios oficiales de Procuradores, Graduados Sociales, Abogados, Diplomados en Trabajo Social y Arquitectos. Asimismo, han recibido ayuda AMECAN, la Asociación para el Desarrollo de la Educación no Formal en el Ocio y Tiempo Libre, la entidad para la Transformación Rural 'Asonautas' y la Cámara de Comercio.
"La mejor solución"
En la clausura también han intervenido la vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento, Consuelo Arranz; el decano de la Facultad de Derecho, Ángel Pelayo; el director general de Trabajo del Gobierno cántabro, Gustavo García; el director del departamento de Derecho Privado, Jorge Tomillo, y el director del máster, Eduardo Vázquez.
Este último ha abogado por extender el sistema de mediación, con el que se consigue alcanzar "la mejor solución" en un conflicto y "no una ajustada a la ley", lo que mejora de forma relevante las relaciones entre las partes.
El Gobierno de Cantabria, a través del Servicio Cántabro de Empleo, concede becas para cursar el posgrado, dentro de las políticas activas de empleo y dirigidas a personas desempleadas.
Tras las intervenciones, los alumnos que han cursado este máster en el curso 2018-2019 han recibido sus diplomas.
Fernández Viaña ha hecho estas declaraciones durante la apertura del Máster de Mediación y Gestión de Conflictos, un postgrado de la Universidad de Cantabria (UC) en el que la propia consejera participó en sus primeras ediciones.
Tras recordar la labor de su antecesor en el cargo, Rafael de la Sierra, en favor de la mediación, ha hecho un repaso a las iniciativas que se desarrollan para promover una alternativa complementaria y voluntaria a los procesos jurisdiccionales ordinarios.
Junto al Observatorio de Mediación, pendiente de constituirse, ha abogado por desarrollar iniciativas que conciencien y fomenten la mediación.
En su opinión, con la puesta en marcha de un registro de mediadores, se pretende dar un paso más, tratando de mejorar la calidad del servicio de mediación, a partir de la formación y especialización de los profesionales.
Ha resaltado el sistema de mediación intrajudicial implantado en los juzgados de Santander y en el que colaboran el Gobierno de Cantabria, el Poder Judicial en la región, los colegios de Abogados y Procuradores, la Asociación de Mediación (AMECAN) y la Asociación de Derecho Colaborativo.
Según ha expuesto, el sistema está implantado en diez juzgados y en la Audiencia Provincial. Desde el pasado año y hasta junio, han sido derivados a estos servicios de mediación 442 procedimientos judiciales, la mayoría del ámbito civil. Casi el 60 por ciento de ellos fueron objeto de mediación finalmente y en un 35 por ciento se alcanzó un acuerdo.
Ayudas a la mediación
Durante este mes, el Ejecutivo regional ha adjudicado también las subvenciones destinadas a financiar los proyectos formativos y divulgativos en materia de mediación. En total, nueve entidades de Cantabria se han visto beneficiadas de estas ayudas, que buscan extender su aplicación a todos los ámbitos sociales posibles.
Los programas formativos financiados por la Consejería de Justicia, cada uno con unos 2.000 euros, pertenecen a los colegios oficiales de Procuradores, Graduados Sociales, Abogados, Diplomados en Trabajo Social y Arquitectos. Asimismo, han recibido ayuda AMECAN, la Asociación para el Desarrollo de la Educación no Formal en el Ocio y Tiempo Libre, la entidad para la Transformación Rural 'Asonautas' y la Cámara de Comercio.
"La mejor solución"
En la clausura también han intervenido la vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento, Consuelo Arranz; el decano de la Facultad de Derecho, Ángel Pelayo; el director general de Trabajo del Gobierno cántabro, Gustavo García; el director del departamento de Derecho Privado, Jorge Tomillo, y el director del máster, Eduardo Vázquez.
Este último ha abogado por extender el sistema de mediación, con el que se consigue alcanzar "la mejor solución" en un conflicto y "no una ajustada a la ley", lo que mejora de forma relevante las relaciones entre las partes.
El Gobierno de Cantabria, a través del Servicio Cántabro de Empleo, concede becas para cursar el posgrado, dentro de las políticas activas de empleo y dirigidas a personas desempleadas.
Tras las intervenciones, los alumnos que han cursado este máster en el curso 2018-2019 han recibido sus diplomas.
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