El Comité de Empresa de la sociedad Tratamiento Integral de Residuos de Cantabria (TIR Cantabria), afincada en Meruelo, ha iniciado los trámites de convocatoria de huelga tras concluir sin acuerdo las negociaciones que se han llevado a cabo en la mañana de hoy en la sede del Orecla, tras cuatro meses de negociaciones con la empresa.
El conflicto no es nuevo. Los 168 trabajadores y trabajadoras de la planta de gestión de residuos cuentan con un convenio caducado desde el mes de diciembre, y habían visto en esta negociación una oportunidad para poner fin a importantes “discriminaciones” en salarios y jornada que se arrastran en el convenio y que afectan a la plantilla en función del los departamentos y sexo.
Las negociaciones, que se iniciaron en el mes de junio, tuvieron un punto de inflexión el pasado 17 de octubre, cuando la parte empresarial se levantó de la Mesa de Negociación, provocando así el acuerdo de convocatoria de huelga por una mayoría en el seno del Comité de Empresa.
Las discrepancias residen tanto en los aspectos discriminatorios con los que quiere acabar el nuevo Comité de Empresa, tales como jornadas anuales diferentes en función de los departamentos a los que se adscriben los trabajadores y trabajadoras, en pluses y pagas extraordinarias, adscripción de categorías en función del sexo de la plantilla o los incrementos salariales, donde el Comité pide un 3% y la empresa lo rebaja a límites del IPC.
El conflicto no es nuevo. Los 168 trabajadores y trabajadoras de la planta de gestión de residuos cuentan con un convenio caducado desde el mes de diciembre, y habían visto en esta negociación una oportunidad para poner fin a importantes “discriminaciones” en salarios y jornada que se arrastran en el convenio y que afectan a la plantilla en función del los departamentos y sexo.
Las negociaciones, que se iniciaron en el mes de junio, tuvieron un punto de inflexión el pasado 17 de octubre, cuando la parte empresarial se levantó de la Mesa de Negociación, provocando así el acuerdo de convocatoria de huelga por una mayoría en el seno del Comité de Empresa.
Las discrepancias residen tanto en los aspectos discriminatorios con los que quiere acabar el nuevo Comité de Empresa, tales como jornadas anuales diferentes en función de los departamentos a los que se adscriben los trabajadores y trabajadoras, en pluses y pagas extraordinarias, adscripción de categorías en función del sexo de la plantilla o los incrementos salariales, donde el Comité pide un 3% y la empresa lo rebaja a límites del IPC.
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