La consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, ha pedido un gran "consenso" para fijar una postura común ante la futura negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, ya que, en su opinión, es uno de los principales "desafíos" de esta legislatura. En su intervención, a petición propia, con el fin de informar en comisión parlamentaria sobre los proyectos de la Consejería, ha dicho que la Comunidad Autónoma se "juega" su futuro a medio y largo plazo en el reparto de los fondos del Estado a las comunidades autónomas, por lo que ha propuesto el "diálogo" y la participación conjunta de todos los grupos políticos de la Cámara regional para fijar una postura en común que sea la más beneficiosa para Cantabria, sumando el apoyo de los principales agentes económicos y sociales.
"Así, desde la Consejería de Economía y Hacienda, trataremos de liderar la búsqueda de ese consenso que nos dé fuerzas y legitime en el proceso de negociación en el nuevo sistema de financiación autonómica", ha significado la consejera.
Sánchez ha explicado que la Comunidad Autónoma tiene una financiación por habitante superior a la media nacional no por ser una "privilegiada", sino por la particular configuración geografía del territorio con un alto grado de dispersión poblacional.
Por ello, ha defendido que se tiene que garantizar la calidad de los servicios públicos fundamentales con las cantidades adecuadas, en base al mantenimiento del status quo, atendiendo las necesidades reales que están condicionadas por el coste unitario de las prestaciones.
La consejera ha puesto acento en potenciar el principio de suficiencia financiera y dar respuesta, especialmente, al envejecimiento de la población tanto en gastos de dependencia y servicios sociales como en los de carácter sanitario.
Igualmente, Sánchez ha considerado avanzar en el principio de corresponsabilidad fiscal incrementando tanto los porcentajes de participación como la capacidad normativa de tributos compartidos y potenciar los mecanismos de "solidaridad" interterritorial para garantizar que las diferencias de riqueza entre los territorios no generen desigualdades entre españoles.
ACAT e ICANE
La consejera sobre la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) ha señalado una serie de medidas para mejorar su funcionamiento y conseguir que la incidencia del fraude fiscal se reduzca en porcentajes asimilables a las sociedades más avanzadas con un plan de lucha en coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Se llevarán a cabo modificaciones de la normativa tributaria con la propuesta de investigar los cambios de domicilio de las personas físicas simulados, continuando con la mejora del servicio de recaudación, preparación del personal, así como actualización de convenios.
Sánchez respecto al Impuesto sobre la Renta del Personas Físicas (IRPF) ha recalcado que se mantendrá lo regulado hasta la fecha para el ejercicio 2020 y ha dicho que la próxima Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañen al Presupuesto del próximo ejercicio llevará deducciones en el IRPF a los ciudadanos de las zonas rurales y especial a los que están en peligro de despoblamiento.
En cuanto a las deducciones autonómicas en el IRPF, la consejera ha dicho que se reducirán sobre todo las que hacen mención a la ayuda doméstica y la de gastos por enfermedad.
Sobre los impuestos de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones (en el supuesto de mortis causa), así como Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que apuesta por beneficios fiscales a la adquisición de la vivienda habitual por determinados colectivos como jóvenes, familias numerosas o discapacitados, quedarán igual que ahora en el próximo ejercicio.
La consejera respecto a los tributos del juego ha agregado que se lleva a cabo un profundo estudio sobre los locales de apuestas.
En el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), pese a tener su página web 40.000 visitas mensuales, se potenciará una política activa de difusión externa y se desarrollará el Plan Estadístico de Cantabria 2021-2024.
Fondos Europeos
Sánchez ha planteado que dentro de la Dirección General de Fondos Europeos se van a "redoblar esfuerzos" ya que se plantea, por un lado, cerrar la gestión de los proyectos desarrollados del actual periodo (2014-2020) y, por otro, diseñar y establecer las líneas del nuevo ciclo presupuestario (2021-2027).
Así ha explicado que se defenderá una política de fondos para generar una Cantabria más inteligente en base a la innovación, la digitalización, la transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y, al mismo tiempo, más ecológica y libre de carbono que invierta en energías renovables contra el cambio climático.
En este sentido, ha añadido la importancia de desarrollar un transporte estratégico y redes digitales, más un crecimiento integrador, que haga realidad el pilar europeo de derechos sociales, promoviendo una economía que apoye el empleo de calidad, la educación, la inclusión social y la igualdad de asistencia sanitaria, respaldando, igualmente, estrategias de crecimiento de gestión local para un desarrollo urbano sostenible.
En este marco, la consejera ha hecho mención a la labor de la Oficina de Proyectos Europeos, de asesoramiento y captación de fondos europeos, para incrementar la participación de los entes públicos (regionales y locales) en proyectos comunitarios, que va a aumentar su presencia en nuevos programas como Erasmus+ o el de Europa de los Ciudadanos, entre otros.
Sánchez ante la posibilidad de ajustes de cara al nuevo presupuesto plurianual 2021-2027 de la Unión Europea ha dicho que defenderá que Cantabria siga siendo sede del órgano de gestión del programa de cooperación transnacional para el sudoeste de Europa Interreg SUDOE.
Intervención General e ICAF
La consejera en su intervención se ha referido a las líneas de mejora que se llevarán a cabo en la Intervención General. En el área de fiscalización e intervención se va a promover un acuerdo de aplicación al artículo 144 de la Ley de Finanzas de Cantabria respecto al ejercicio de la función interventora.
Se adoptarán medidas de coordinación tras la reforma de Ley de Contratos en el Sector Público, la fiscalización y control de subvenciones, en colaboración con la Dirección General del Servicio Jurídico y las secretarías generales de las diferentes consejerías y se presentará para su aprobación un nuevo Plan General de Contabilidad Pública.
Todas las consultas e instrucciones emitidas por la Intervención General, así como las discrepancias que se puedan plantear se van a recoger en un nuevo portal web y se pondrá en marcha un Plan de Formación para funcionarios.
Los ejes estratégicos del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), según ha apuntado la consejera, se plantean como banco público de desarrollo regional, agente financiero del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad Autónoma y se llevara un proceso de mejora a través de su transformación digital.
Secretaría General, Economía y Presupuestos
La consejera ha avanzado que desde la Secretaría General se va a poner en funcionamiento una plataforma electrónica en la que se centralice y se ordene la información de carácter financiero que las entidades del sector público institucional han de proporcionar a los distintos órganos del Gobierno de Cantabria para que desarrollen sus competencias de control y seguimiento, entre otros.
En la Dirección General de Economía se va a desarrollar el servicio de análisis de Coyuntura Económica Regional e impulsar la Mesa del Nuevo Patrón de Crecimiento, más el seguimiento y gestión del Fondo de Compensación Interterritorial, velando de esta manera por el equilibrio territorial y principio de solidaridad, además de desarrollar un control contable de los expedientes de ingresos y sus liquidaciones que genere un ahorro de recursos.
Por último, la consejera ha informado a la comisión parlamentaria que desde la Dirección General de Tesorería, Presupuesto y Política Financiera se va a seguir trabajando en la efectiva consecución del principio de estabilidad presupuestaria, mediante la consolidación fiscal y garantizando la sostenibilidad financiera como marco para asegurar el crecimiento económico y la creación de empleo.
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