Izquierda Unida-Equo (Marea Cántabra) denuncia serias irregularidades en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) que afectarían a trabajadores con discapacidad en el Organismo, dirigido por Amalio Sánchez Grande, que fue hasta llegar al ICASST Jefe de la inspección territorial de trabajo en Cantabria. Los hechos denunciados por parte de estos empleados evidenciarían además graves negligencias profesional en la gestión del Organismo.
Resulta de extrema gravedad que el Organismo del Gobierno cántabro que debe velar por el cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud de los trabajadores de toda Cantabria, haya podido ser el foco de atención por sus incumplimientos y origen de accidentes laborales derivados de una falta total de prevención laboral con sus propios trabajadores, en este caso con discapacidad.
Izquierda Unida-Equo ha tenido conocimiento de severas anomalías en lo que la propia Inspección de Trabajo ha considerado incumplimientos de la normativa de protección de riesgos laborales por parte del ICASST. Ante esta situación, la coalición califica los hechos de demasiado graves para quedar impunes. Los diversos incumplimientos reflejados en la propuesta de Inspección de Trabajo de la normativa de prevención de riesgos laborales es un hecho alarmante. El organismo tiene asumida directamente la competencia, vigilancia y control de prevención de riesgos laborales de sus propios trabajadores por un acuerdo firmado entre el ICASST y la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria, siendo en esa fecha Secretario General de la Consejería, Emilio del Valle, actual candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Santander por Vox.
Ante una primera denuncia formulada ante el ICASST por parte de Izquierda Unida-Equo, el Organismo se ha negado a investigar las causas de los accidentes de trabajo en los que se han visto afectados trabajadores con discapacidad, según se reconoce en varias Sentencias. La actitud demostrada por los responsables del ICASST denota, además, una actuación de discriminación y “mobbing” por razón de discapacidad a algunos de esos trabajadores, especialmente a aquellos que han atrevido denunciar estas infracciones, sufriendo represalias por ello.
La mala praxis laboral del ICASST afectaría, además del trato con los empleados, con la falta de transparencia en la publicación en el Boletín Oficial –trámite que está obligado por ley a cumplir- de los contratos menores a ciertas empresas, lo que podría tratar de ocultar los contratos en régimen casi de monopolio, con encargos directos de proyectos de divulgación, promoción y formación en materia para la seguridad en el trabajo, que no cumplirían con la ley publicidad y transparencia correspondientes. Ante la gravedad de estos hechos, la formación también insta a que se depuren responsabilidades.
Trato digno laboral
Izquierda Unida-Equo exige al Gobierno de Cantabria que los empleados públicos que hayan accedido a la Administración Pública, a través de la reserva por discapacidad, sean destinados a puestos de trabajo en los que puedan desarrollar plenamente sus capacidades y sean dotados de medios suficientes para desarrollarlas, sin que se ponga en riesgo su seguridad y salud. La formación denuncia que estos trabajadores en ocasiones son considerados como muebles, en una actitud que demuestra un desprecio de sus capacidades, que pueden ser extremadamente valiosas y necesarias encuadradas adecuadamente en la estructura de la administración autonómica en una sociedad justa, donde las políticas de discapacidad no deben quedar en el mero cumplimiento de tantos por ciento de trabajadores con discapacidad en la Administración.
Resulta de extrema gravedad que el Organismo del Gobierno cántabro que debe velar por el cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud de los trabajadores de toda Cantabria, haya podido ser el foco de atención por sus incumplimientos y origen de accidentes laborales derivados de una falta total de prevención laboral con sus propios trabajadores, en este caso con discapacidad.
Izquierda Unida-Equo ha tenido conocimiento de severas anomalías en lo que la propia Inspección de Trabajo ha considerado incumplimientos de la normativa de protección de riesgos laborales por parte del ICASST. Ante esta situación, la coalición califica los hechos de demasiado graves para quedar impunes. Los diversos incumplimientos reflejados en la propuesta de Inspección de Trabajo de la normativa de prevención de riesgos laborales es un hecho alarmante. El organismo tiene asumida directamente la competencia, vigilancia y control de prevención de riesgos laborales de sus propios trabajadores por un acuerdo firmado entre el ICASST y la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria, siendo en esa fecha Secretario General de la Consejería, Emilio del Valle, actual candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Santander por Vox.
Ante una primera denuncia formulada ante el ICASST por parte de Izquierda Unida-Equo, el Organismo se ha negado a investigar las causas de los accidentes de trabajo en los que se han visto afectados trabajadores con discapacidad, según se reconoce en varias Sentencias. La actitud demostrada por los responsables del ICASST denota, además, una actuación de discriminación y “mobbing” por razón de discapacidad a algunos de esos trabajadores, especialmente a aquellos que han atrevido denunciar estas infracciones, sufriendo represalias por ello.
La mala praxis laboral del ICASST afectaría, además del trato con los empleados, con la falta de transparencia en la publicación en el Boletín Oficial –trámite que está obligado por ley a cumplir- de los contratos menores a ciertas empresas, lo que podría tratar de ocultar los contratos en régimen casi de monopolio, con encargos directos de proyectos de divulgación, promoción y formación en materia para la seguridad en el trabajo, que no cumplirían con la ley publicidad y transparencia correspondientes. Ante la gravedad de estos hechos, la formación también insta a que se depuren responsabilidades.
Trato digno laboral
Izquierda Unida-Equo exige al Gobierno de Cantabria que los empleados públicos que hayan accedido a la Administración Pública, a través de la reserva por discapacidad, sean destinados a puestos de trabajo en los que puedan desarrollar plenamente sus capacidades y sean dotados de medios suficientes para desarrollarlas, sin que se ponga en riesgo su seguridad y salud. La formación denuncia que estos trabajadores en ocasiones son considerados como muebles, en una actitud que demuestra un desprecio de sus capacidades, que pueden ser extremadamente valiosas y necesarias encuadradas adecuadamente en la estructura de la administración autonómica en una sociedad justa, donde las políticas de discapacidad no deben quedar en el mero cumplimiento de tantos por ciento de trabajadores con discapacidad en la Administración.
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