El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y representantes del Cermi, encabezados por su presidenta, Mar Arruti, han mantenido hoy un encuentro en el que han repasado las actuaciones realizadas para favorecer integración de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.
Según Mar Arruti, la actual legislatura ha sido "muy fructífera" en avances en esta materia, si bien han planteado al presidente la necesidad de impulsar nuevas iniciativas y políticas.
Entre otras cuestiones, ha valorado la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad, la participación del sector en otros textos legislativos relevantes, leyes de Transparencia, Igualdad y Protección Civil-, así como los apoyos recibidos desde varias consejerías.
El director de Ampros, Roberto Álvarez, ha ahondado en estos avances y ha dicho que la Ley de Derechos, aprobada el pasado mes de noviembre, es "uno de los grandes éxitos" conseguidos "después de muchos años de trabajo". "Ha sido el colofón absoluto del proceso", ha subrayado.
Sin embargo, los responsables del Cermi han demandado al presidente cántabro abordar las problemáticas que afectan actualmente al sector de la discapacidad, como es el caso del reparto de las ayudas para llevar a cabo programas de interés general con cargo al 0,7 por ciento del IRPF, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los centros especiales de empleo, junto al cumplimiento de las normas de acreditación de las entidades sociales para la prestación de los servicios sociales concertados.
Álvarez ha detallado que Cermi apoya la subida del SMI, si bien cree que es necesario introducir medidas "compensatorias" ante los "efectos colaterales" creados a las entidades sociales, sobre todo, a los centros especiales que ofrecen empleo a personas con especiales dificultades. En este sentido, ha defendido medidas de inversión para la modernización de las líneas de negocio y hacer más competitivos los centros especiales de empleo.
Revilla y los responsables del Cermi-Cantabria han acordado mantener la colaboración para seguir impulsando este trabajo compartido para la promoción de la autonomía personal y los servicios que se prestan a las personas con discapacidad.
Según Mar Arruti, la actual legislatura ha sido "muy fructífera" en avances en esta materia, si bien han planteado al presidente la necesidad de impulsar nuevas iniciativas y políticas.
Entre otras cuestiones, ha valorado la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad, la participación del sector en otros textos legislativos relevantes, leyes de Transparencia, Igualdad y Protección Civil-, así como los apoyos recibidos desde varias consejerías.
El director de Ampros, Roberto Álvarez, ha ahondado en estos avances y ha dicho que la Ley de Derechos, aprobada el pasado mes de noviembre, es "uno de los grandes éxitos" conseguidos "después de muchos años de trabajo". "Ha sido el colofón absoluto del proceso", ha subrayado.
Sin embargo, los responsables del Cermi han demandado al presidente cántabro abordar las problemáticas que afectan actualmente al sector de la discapacidad, como es el caso del reparto de las ayudas para llevar a cabo programas de interés general con cargo al 0,7 por ciento del IRPF, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los centros especiales de empleo, junto al cumplimiento de las normas de acreditación de las entidades sociales para la prestación de los servicios sociales concertados.
Álvarez ha detallado que Cermi apoya la subida del SMI, si bien cree que es necesario introducir medidas "compensatorias" ante los "efectos colaterales" creados a las entidades sociales, sobre todo, a los centros especiales que ofrecen empleo a personas con especiales dificultades. En este sentido, ha defendido medidas de inversión para la modernización de las líneas de negocio y hacer más competitivos los centros especiales de empleo.
Revilla y los responsables del Cermi-Cantabria han acordado mantener la colaboración para seguir impulsando este trabajo compartido para la promoción de la autonomía personal y los servicios que se prestan a las personas con discapacidad.
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