El Gobierno de Cantabria asegura que el anteproyecto para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que está elaborando el Gobierno de España, pone el acento en la "equidad y la inclusividad", aspectos que deben de primar en una ley de Educación cuyo objetivo es apostar por la mejora de los procesos educativos y que se plantea desde el "respeto y la lealtad" a las comunidades autónomas que tienen la competencia en esta materia.
Así lo ha asegurado el consejero de Educación, Cultura Deporte, Francisco Fernández Mañanes, al término de la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada hoy en Madrid.
Mañanes ha señalado que en el año 2013, antes de su entrada en vigor, la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso establecieron un acuerdo para derogar la LOMCE en la siguiente legislatura, un texto normativo "ampliamente rechazado por toda la comunidad educativa", y ha manifestado que con esta decisión se cumple un compromiso "político y social".
El encuentro ha tenido como único punto del día la reforma con la que quiere derogar la LOMCE y reformar la Ley Orgánica de Educación (LOE), y en el que el objetivo del Gobierno central es "lograr el máximo consenso posible". Este cambio normativo, que la ministra Isabel Celaá ha explicado a los representantes de las comunidades autónomas, se prevé llegue al Congreso a finales de enero o principios de febrero e incluirá las propuestas que han trasladado diferentes comunidades autónomas, así como las enmiendas que aprobó el Consejo Escolar de Estado.
Entre las propuestas presentadas desde Cantabria, destacan la solicitud en los programas de cooperación territorial de aportaciones específicas para impulsar programas en la etapa educativa que va de los 2 a 3 años, además de insistir en la necesidad de aumentar los recursos financieros otorgados desde el Estado para potenciar el plurilingüismo en los centros educativos.
Desde el Ejecutivo cántabro también se ha solicitado que el nuevo texto normativo establezca con total claridad el requisito de que la coeducación sea una prioridad para el mantenimiento de los conciertos educativos.
Modificaciones que contempla el nuevo texto normativo
El anteproyecto de ley elaborado desde el Ministerio contempla que la programación debe asegurar la existencia de plazas públicas suficientes y elimina el término "demanda social" para los centros concertados, que incluía la LOMCE, como criterio para la planificación escolar.
La reforma plantea también, entre otros aspectos, que los alumnos de Primaria y Secundaria estudien Valores Cívicos y Éticos, que la asignatura de Religión no sea computable y tampoco tenga una materia espejo alternativa, así como flexibilizar el Bachillerato.
El nuevo texto incluye la obtención de un título único al final de la Educación Secundaria Obligatoria y elimina los itinerarios de la ESO, reforzando la mejora de la educación comprensiva y la mejorando la atención al alumnado con dificultades de aprendizaje.
Además, pretende eliminar las reválidas, y que sean sustituidas por evaluaciones de diagnóstico muestrales, así como recuperar la anterior prueba de acceso a la Universidad. También contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas oficiales como "lengua vehicular", así como las materias impartidas en cada una de ellas.
Otro de sus fines es recuperar la participación de toda la comunidad educativa en la planificación y gestión de los centros, estableciendo un equilibrio en los Consejos Escolares, y otorgándoles más responsabilidad en la elección del directora o directora de los centros educativos.
Mañanes ha señalado que en el año 2013, antes de su entrada en vigor, la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso establecieron un acuerdo para derogar la LOMCE en la siguiente legislatura, un texto normativo "ampliamente rechazado por toda la comunidad educativa", y ha manifestado que con esta decisión se cumple un compromiso "político y social".
El encuentro ha tenido como único punto del día la reforma con la que quiere derogar la LOMCE y reformar la Ley Orgánica de Educación (LOE), y en el que el objetivo del Gobierno central es "lograr el máximo consenso posible". Este cambio normativo, que la ministra Isabel Celaá ha explicado a los representantes de las comunidades autónomas, se prevé llegue al Congreso a finales de enero o principios de febrero e incluirá las propuestas que han trasladado diferentes comunidades autónomas, así como las enmiendas que aprobó el Consejo Escolar de Estado.
Entre las propuestas presentadas desde Cantabria, destacan la solicitud en los programas de cooperación territorial de aportaciones específicas para impulsar programas en la etapa educativa que va de los 2 a 3 años, además de insistir en la necesidad de aumentar los recursos financieros otorgados desde el Estado para potenciar el plurilingüismo en los centros educativos.
Desde el Ejecutivo cántabro también se ha solicitado que el nuevo texto normativo establezca con total claridad el requisito de que la coeducación sea una prioridad para el mantenimiento de los conciertos educativos.
Modificaciones que contempla el nuevo texto normativo
El anteproyecto de ley elaborado desde el Ministerio contempla que la programación debe asegurar la existencia de plazas públicas suficientes y elimina el término "demanda social" para los centros concertados, que incluía la LOMCE, como criterio para la planificación escolar.
La reforma plantea también, entre otros aspectos, que los alumnos de Primaria y Secundaria estudien Valores Cívicos y Éticos, que la asignatura de Religión no sea computable y tampoco tenga una materia espejo alternativa, así como flexibilizar el Bachillerato.
El nuevo texto incluye la obtención de un título único al final de la Educación Secundaria Obligatoria y elimina los itinerarios de la ESO, reforzando la mejora de la educación comprensiva y la mejorando la atención al alumnado con dificultades de aprendizaje.
Además, pretende eliminar las reválidas, y que sean sustituidas por evaluaciones de diagnóstico muestrales, así como recuperar la anterior prueba de acceso a la Universidad. También contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas oficiales como "lengua vehicular", así como las materias impartidas en cada una de ellas.
Otro de sus fines es recuperar la participación de toda la comunidad educativa en la planificación y gestión de los centros, estableciendo un equilibrio en los Consejos Escolares, y otorgándoles más responsabilidad en la elección del directora o directora de los centros educativos.
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