El Ayuntamiento de Piélagos aprobó en la noche de ayer, en un Pleno extraordinario y a propuesta del equipo de gobierno (PSOE-PRC), la revisión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), su correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, así como la propuesta de contestación a las alegaciones presentadas durante la primera fase de información púbica, que tuvo lugar tras su aprobación inicial, en diciembre de 2015.
En concreto, PSOE, PRC, PP y las concejalas no adscritas Elba Castanedo y Montserrat Luezas dieron luz verde al nuevo documento, que recoge total o parcialmente 598 de las 1.161 alegaciones presentadas y que deberá someterse ahora a un nuevo período de información pública de 45 días, como paso previo a su aprobación provisional, ya que las modificaciones incorporadas modifican sustancialmente el texto original.
IU votó en contra de dicha revisión, mientras que AVIP se abstuvo en una sesión extraordinaria en la que la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, agradeció tanto a los técnicos del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria, así como al nuevo equipo redactor su implicación en la elaboración de un PGOU que es “necesario” para el municipio y no sólo por las sentencias de derribo, matizó, si bien reconoció que éstas “son muy importantes”.
En este sentido, abogó por una Corporación municipal con “altura de miras” en la tramitación del Plan General, ya que, según dijo, “no se trata de buscar culpables, ni de explicar por qué se ha tardado más o menos, sino de que salga adelante”, al tiempo que apostilló “yo no voy a pedir responsabilidades a nadie”.
“Como he dicho, entre diciembre de 2015 y agosto de 2018, ha habido numerosas piedras y, por lo tanto, no juzgo tardanzas, porque de obstáculos sé bastante en este Plan General”, reconoció la regidora municipal, quien no obstante recalcó que “el tiempo apremia porque se nos agota”.
“No vamos a engañar a nadie”, advirtió Samperio, quien hizo hincapié en que el Ayuntamiento de Piélagos aprueba un Plan General provisionalmente, que debe pasar el filtro del Gobierno de Cantabria, ya que es éste, quien debe aprobarlo de manera definitiva, al tiempo que apuntó que “no vamos a dar una solución definitiva a nada, pero sí que podemos dar herramientas para que ello sea posible”.
Por último, incidió en la apuesta del equipo de gobierno (PSOE-PRC) por un Plan General lo más aséptico posible, que recoja las sugerencias de cada uno, en el que nadie tenga un “poder absoluto” y, por ello, el nuevo documento “se basa puramente en criterios técnicos”.
Elba Castanedo justificó su voto a favor al entender que hay dos motivos para ello: la necesidad que tiene el Ayuntamiento de Piélagos de crecimiento y, principalmente, por los vecinos del municipio que están pendientes de las órdenes de derribo de sus viviendas, que llevan años sufriendo como si tuvieran la espada de Damocles encima y “la esperanza que tenemos todos es la aprobación de este Plan General”.
En los mismos términos se expresó Montserrat Luezas, quien defendió que se trata de un PGOU “largamente esperado”, al tiempo que resaltó el “sobreesfuerzo” de los servicios técnicos municipales para hacer un Plan ajustado a la realidad de Piélagos y a las necesidades de los vecinos.
Por el contrario, el portavoz del grupo municipal de IU, Rubén Vicente Carrillo, argumentó su voto en contra de la revisión de la aprobación inicial del nuevo PGOU al entender que “está faltando sabiduría en este pleno”. Además, afirmó que “las prisas ante el drama de los derribos son sólo responsabilidad del equipo de gobierno, una responsabilidad que ahora nos quieren trasladar de manera injusta al resto de la Corporación”.
El portavoz del grupo municipal de AVIP, Luis Sañudo, reprochó al equipo de gobierno (PSOE-PRC) la falta de tiempo que, en su opinión, habían tenido los concejales para trabajar sobre las 4.157 páginas de un documento importantísimo porque “todos sabemos que nuestro principal problema son los derribos, lo tenemos todos clarísimo, pero señores también tenemos que analizar y ver las expectativas de los demás ciudadanos de Piélagos”. “Si en estos momentos yo hago una votación, la hago totalmente a ciegas porque hay muchísimas alegaciones y es una materia altamente especializada”, apuntó.
En respuesta a sus afirmaciones, el portavoz del grupo municipal del PRC, Alfredo Rodríguez Otero, le explicó que su formación había dejado la respuesta de las alegaciones en manos de los técnicos que “son los que se basan sólo en cuestiones técnicas”. Asimismo reiteró la urgencia de aprobar el nuevo Plan General para tratar de salvar las viviendas de algunos vecinos de las sentencias de derribo “y no hay más”.
También la portavoz del grupo municipal del PP, Carmen Bedoya, mostró su malestar por la información traslada desde el equipo de gobierno (PSOE-PRC) sobre el nuevo PGOU que calificó como “mínima y muy general”. “Ahora, a mediados de agosto, les entran las prisas, mes de vacaciones, de preparativos de las fiestas de nuestros pueblos, nos convocan ya a una única comisión informativa”, relató la edil, quien atribuyó no obstante el voto a favor del PP “por responsabilidad, para dar solución al problema de los derribos”.
Veinte años desde la primera sentencia de derribo
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Roberto Ruiz Argumosa, explicó que el Plan General actualmente en vigor, data del año 1993, si bien es una revisión del anterior, de 1986, por lo que aseveró que, aunque no hubiera habido sentencias de derribo, “se tendría que haber revisado a los 8 o 10 años”, ya que cumplió una etapa, pero tenía sus defectos, fruto de los cuáles “nos encontramos con las situaciones urbanísticas actuales”.
En la misma línea, comentó que ahora hace 20 años llegó al Consistorio la primera sentencia de derribo, la de Cerrias, a la que siguieron otras sucesivas y, por ello, en 2003 la Corporación municipal existente aprobó por unanimidad la redacción de un nuevo Plan General que actualizase el de 1993 e incluyese una posible solución a las sentencias de derribo, que, “entonces, era bastante más fácil de encajar que ahora, porque en aquella época no existía ni el POL ni otra serie de normativas que se han ido incorporando”.
Ruiz Argumosa recordó que fue en diciembre de 2015, recién llegado el actual equipo de gobierno (PSOE-PRC), cuando se decidió llevar a Pleno la aprobación inicial, “a ciegas”, de dicho documento para que los jueces viesen “que ya no se trataba de promesas en el aire, sino que se actuaba con acuerdos administrativos y publicaciones en el Boletín oficial y no en los periódicos”.
El portavoz socialista afirmó que entonces se inició un trámite que consistía en aprobar lo ya hecho, porque no había tiempo debido a la existencia de autos de derribo encima de la mesa, en paréntesis entre recursos, a la espera de que con el nuevo PGOU los tribunales tengan a bien decretar la inejecución de las sentencias que son firmes.
“Interés oculto es cuando se tiene un proyecto de Plan General metido en una caja fuerte y no lo puede ver la Corporación municipal”, ironizó el edil, quien defendió que, a diferencia del Plan General de 1993, no ha habido mayor participación de todos los grupos, alcaldes pedáneos como ahora, cuando se han estimado, además, todas aquellas alegaciones que legalmente eran posibles.
“Aquí el que no ha aportado nada es porque no ha querido o se lo ha guardado para sacarlo luego aquí como si fuera una bomba”, aseveró.
Ruiz Argumosa afirmó que socialistas y regionalistas “tratamos de dar soluciones” y puntualizó que, ante una sentencia firma del Tribunal Supremo, “la única negociación posible es vía Plan General”.
“Los que estamos sentados en esta mesa, antes y después, deberíamos ser capaces de diferenciar aquellos asuntos en los que nos podemos dedicar al ‘rifirrafe’ político a aquellos temas que tienen que estar por encima”, argumentó el portavoz socialista, quien concluyó que, “al margen de que haya unas sentencias, un PGOU es un tema de tal trascendencia para un municipio y su futuro, en el que deberíamos tener altura de miras por encima de los colores políticos”.
Ruiz Argumosa concluyó su intervención pidiendo perdón a los afectados de las sentencias de derribo, no en representación de nadie sino de sí mismo, aún sin ser su responsabilidad, como miembro de la Corporación municipal porque este tema -en alusión a las sentencias de derribo- “no se haya solucionado, desde el Ayuntamiento en todos estos años”.
En concreto, PSOE, PRC, PP y las concejalas no adscritas Elba Castanedo y Montserrat Luezas dieron luz verde al nuevo documento, que recoge total o parcialmente 598 de las 1.161 alegaciones presentadas y que deberá someterse ahora a un nuevo período de información pública de 45 días, como paso previo a su aprobación provisional, ya que las modificaciones incorporadas modifican sustancialmente el texto original.
IU votó en contra de dicha revisión, mientras que AVIP se abstuvo en una sesión extraordinaria en la que la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, agradeció tanto a los técnicos del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria, así como al nuevo equipo redactor su implicación en la elaboración de un PGOU que es “necesario” para el municipio y no sólo por las sentencias de derribo, matizó, si bien reconoció que éstas “son muy importantes”.
En este sentido, abogó por una Corporación municipal con “altura de miras” en la tramitación del Plan General, ya que, según dijo, “no se trata de buscar culpables, ni de explicar por qué se ha tardado más o menos, sino de que salga adelante”, al tiempo que apostilló “yo no voy a pedir responsabilidades a nadie”.
“Como he dicho, entre diciembre de 2015 y agosto de 2018, ha habido numerosas piedras y, por lo tanto, no juzgo tardanzas, porque de obstáculos sé bastante en este Plan General”, reconoció la regidora municipal, quien no obstante recalcó que “el tiempo apremia porque se nos agota”.
“No vamos a engañar a nadie”, advirtió Samperio, quien hizo hincapié en que el Ayuntamiento de Piélagos aprueba un Plan General provisionalmente, que debe pasar el filtro del Gobierno de Cantabria, ya que es éste, quien debe aprobarlo de manera definitiva, al tiempo que apuntó que “no vamos a dar una solución definitiva a nada, pero sí que podemos dar herramientas para que ello sea posible”.
Por último, incidió en la apuesta del equipo de gobierno (PSOE-PRC) por un Plan General lo más aséptico posible, que recoja las sugerencias de cada uno, en el que nadie tenga un “poder absoluto” y, por ello, el nuevo documento “se basa puramente en criterios técnicos”.
Elba Castanedo justificó su voto a favor al entender que hay dos motivos para ello: la necesidad que tiene el Ayuntamiento de Piélagos de crecimiento y, principalmente, por los vecinos del municipio que están pendientes de las órdenes de derribo de sus viviendas, que llevan años sufriendo como si tuvieran la espada de Damocles encima y “la esperanza que tenemos todos es la aprobación de este Plan General”.
En los mismos términos se expresó Montserrat Luezas, quien defendió que se trata de un PGOU “largamente esperado”, al tiempo que resaltó el “sobreesfuerzo” de los servicios técnicos municipales para hacer un Plan ajustado a la realidad de Piélagos y a las necesidades de los vecinos.
Por el contrario, el portavoz del grupo municipal de IU, Rubén Vicente Carrillo, argumentó su voto en contra de la revisión de la aprobación inicial del nuevo PGOU al entender que “está faltando sabiduría en este pleno”. Además, afirmó que “las prisas ante el drama de los derribos son sólo responsabilidad del equipo de gobierno, una responsabilidad que ahora nos quieren trasladar de manera injusta al resto de la Corporación”.
El portavoz del grupo municipal de AVIP, Luis Sañudo, reprochó al equipo de gobierno (PSOE-PRC) la falta de tiempo que, en su opinión, habían tenido los concejales para trabajar sobre las 4.157 páginas de un documento importantísimo porque “todos sabemos que nuestro principal problema son los derribos, lo tenemos todos clarísimo, pero señores también tenemos que analizar y ver las expectativas de los demás ciudadanos de Piélagos”. “Si en estos momentos yo hago una votación, la hago totalmente a ciegas porque hay muchísimas alegaciones y es una materia altamente especializada”, apuntó.
En respuesta a sus afirmaciones, el portavoz del grupo municipal del PRC, Alfredo Rodríguez Otero, le explicó que su formación había dejado la respuesta de las alegaciones en manos de los técnicos que “son los que se basan sólo en cuestiones técnicas”. Asimismo reiteró la urgencia de aprobar el nuevo Plan General para tratar de salvar las viviendas de algunos vecinos de las sentencias de derribo “y no hay más”.
También la portavoz del grupo municipal del PP, Carmen Bedoya, mostró su malestar por la información traslada desde el equipo de gobierno (PSOE-PRC) sobre el nuevo PGOU que calificó como “mínima y muy general”. “Ahora, a mediados de agosto, les entran las prisas, mes de vacaciones, de preparativos de las fiestas de nuestros pueblos, nos convocan ya a una única comisión informativa”, relató la edil, quien atribuyó no obstante el voto a favor del PP “por responsabilidad, para dar solución al problema de los derribos”.
Veinte años desde la primera sentencia de derribo
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Roberto Ruiz Argumosa, explicó que el Plan General actualmente en vigor, data del año 1993, si bien es una revisión del anterior, de 1986, por lo que aseveró que, aunque no hubiera habido sentencias de derribo, “se tendría que haber revisado a los 8 o 10 años”, ya que cumplió una etapa, pero tenía sus defectos, fruto de los cuáles “nos encontramos con las situaciones urbanísticas actuales”.
En la misma línea, comentó que ahora hace 20 años llegó al Consistorio la primera sentencia de derribo, la de Cerrias, a la que siguieron otras sucesivas y, por ello, en 2003 la Corporación municipal existente aprobó por unanimidad la redacción de un nuevo Plan General que actualizase el de 1993 e incluyese una posible solución a las sentencias de derribo, que, “entonces, era bastante más fácil de encajar que ahora, porque en aquella época no existía ni el POL ni otra serie de normativas que se han ido incorporando”.
Ruiz Argumosa recordó que fue en diciembre de 2015, recién llegado el actual equipo de gobierno (PSOE-PRC), cuando se decidió llevar a Pleno la aprobación inicial, “a ciegas”, de dicho documento para que los jueces viesen “que ya no se trataba de promesas en el aire, sino que se actuaba con acuerdos administrativos y publicaciones en el Boletín oficial y no en los periódicos”.
El portavoz socialista afirmó que entonces se inició un trámite que consistía en aprobar lo ya hecho, porque no había tiempo debido a la existencia de autos de derribo encima de la mesa, en paréntesis entre recursos, a la espera de que con el nuevo PGOU los tribunales tengan a bien decretar la inejecución de las sentencias que son firmes.
“Interés oculto es cuando se tiene un proyecto de Plan General metido en una caja fuerte y no lo puede ver la Corporación municipal”, ironizó el edil, quien defendió que, a diferencia del Plan General de 1993, no ha habido mayor participación de todos los grupos, alcaldes pedáneos como ahora, cuando se han estimado, además, todas aquellas alegaciones que legalmente eran posibles.
“Aquí el que no ha aportado nada es porque no ha querido o se lo ha guardado para sacarlo luego aquí como si fuera una bomba”, aseveró.
Ruiz Argumosa afirmó que socialistas y regionalistas “tratamos de dar soluciones” y puntualizó que, ante una sentencia firma del Tribunal Supremo, “la única negociación posible es vía Plan General”.
“Los que estamos sentados en esta mesa, antes y después, deberíamos ser capaces de diferenciar aquellos asuntos en los que nos podemos dedicar al ‘rifirrafe’ político a aquellos temas que tienen que estar por encima”, argumentó el portavoz socialista, quien concluyó que, “al margen de que haya unas sentencias, un PGOU es un tema de tal trascendencia para un municipio y su futuro, en el que deberíamos tener altura de miras por encima de los colores políticos”.
Ruiz Argumosa concluyó su intervención pidiendo perdón a los afectados de las sentencias de derribo, no en representación de nadie sino de sí mismo, aún sin ser su responsabilidad, como miembro de la Corporación municipal porque este tema -en alusión a las sentencias de derribo- “no se haya solucionado, desde el Ayuntamiento en todos estos años”.
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