La
Agrupación Vecinos Independientes de Piélagos (AVIP), a través de su
portavoz, Antonio Sañudo Gómez, va a presentar una moción para su debate
en el próximo pleno donde pide al Ayuntamiento que solicite al
Parlamento de Cantabria que revise la normativa en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas para facilitar la
celebración de actividades lúdicas, festivas y culturales.
En su exposición de motivos, AVIP señala que la nueva Ley 3/2017, de 5 de abril de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria que entró en vigor en abril de 2017 está limitando las convocatorias lúdicas cuya iniciativa parte de colectivos vecinales, culturales, como pueden ser las comisiones de fiestas e, incluso, entidades locales menores como pueden ser las juntas vecinales.
Dicha ley, además de fijar un régimen de asignación de responsabilidades y sancionador importante, genera una carga burocrática importante a la hora de la organización de actividades que suelen tener gran tradición social y cultural, muchas de ellas con un importante arraigo dentro de cada barrio, pueblo o comarca.
La mencionada ley exige, entre otras medidas, la contratación de seguros de responsabilidad civil que, entendemos sin duda necesarios. Pero además de ello, habla de seguridad privada, revisión del cumplimiento de instalaciones de luz, sonido o carpas. Por otro lado, se endurecen en gran medida las exigencias de accesibilidad y materia de higiene.
Todo lo indicado eleva en gran medida los riesgos y los costes para promotores que, en la mayoría de los casos, no son profesionales, y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Y como no, también, debido a la carga burocrática mencionada ya, se introduce una variable nueva que es el tiempo para la organización de dichos eventos.
AVIP entiende que las actividades descritas anteriormente, deben tener una regulación bajo la cual se desarrollen con un mínimo de garantías, tanto para organizadores como para usuarios. Pero también observan las críticas y el revuelo originado entre asociaciones culturales, comisiones de fiestas, juntas vecinales, y entendiende que, de alguna manera, dicha normativa debiera ser objeto de revisión debido a la imposibilidad que genera a muchos organizadores de llevar a cabo el mantenimiento de actividades lúdico-culturales con gran arraigo en los diferentes territorios.
En su exposición de motivos, AVIP señala que la nueva Ley 3/2017, de 5 de abril de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria que entró en vigor en abril de 2017 está limitando las convocatorias lúdicas cuya iniciativa parte de colectivos vecinales, culturales, como pueden ser las comisiones de fiestas e, incluso, entidades locales menores como pueden ser las juntas vecinales.
Dicha ley, además de fijar un régimen de asignación de responsabilidades y sancionador importante, genera una carga burocrática importante a la hora de la organización de actividades que suelen tener gran tradición social y cultural, muchas de ellas con un importante arraigo dentro de cada barrio, pueblo o comarca.
La mencionada ley exige, entre otras medidas, la contratación de seguros de responsabilidad civil que, entendemos sin duda necesarios. Pero además de ello, habla de seguridad privada, revisión del cumplimiento de instalaciones de luz, sonido o carpas. Por otro lado, se endurecen en gran medida las exigencias de accesibilidad y materia de higiene.
Todo lo indicado eleva en gran medida los riesgos y los costes para promotores que, en la mayoría de los casos, no son profesionales, y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Y como no, también, debido a la carga burocrática mencionada ya, se introduce una variable nueva que es el tiempo para la organización de dichos eventos.
AVIP entiende que las actividades descritas anteriormente, deben tener una regulación bajo la cual se desarrollen con un mínimo de garantías, tanto para organizadores como para usuarios. Pero también observan las críticas y el revuelo originado entre asociaciones culturales, comisiones de fiestas, juntas vecinales, y entendiende que, de alguna manera, dicha normativa debiera ser objeto de revisión debido a la imposibilidad que genera a muchos organizadores de llevar a cabo el mantenimiento de actividades lúdico-culturales con gran arraigo en los diferentes territorios.
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