Izquierda Unida de Cantabria ha denunciado ante la Fiscalía Superior las irregularidades en las adjudicaciones del Servicio Cántabro de Salud reveladas por la alta funcionaria responsable del servicio de Contratación, Inmaculada Rodríguez González.
Así lo ha anunciado la coordinadora autonómica de Izquierda Unida en Cantabria, Leticia Martínez, quien ha explicado que lo que se pretende con esta acción es “contribuir a tener unas instituciones limpias y democráticas”, que “no sólo no cometan irregularidades o ilegalidades, sino ninguna sospecha de ello”.
En la denuncia, presentada el lunes 30 de abril, se apunta a que, "de confirmarse los hechos denunciados por la funcionaria y posteriormente por la presidenta del PP Cántabro, María José Sáez de Buruaga, nos encontraríamos ante irregularidades que por su gravedad podrían implicar la comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, tipificados en los artículos 404, 428 y 432 del Código Penal, así como usurpación de funciones y falsedad en documento público, de los artículos 402 y 390 del mismo texto legal".
Dadas las "graves acusaciones", IU las ha puesto en conocimiento del órgano competente y pide, apelando a la “alarma social” generada al trascender las mismas, la designación de un Fiscal especial para dirigir la investigación hasta su conclusión y que ejercite las acciones penales en caso de que correspondan.
Además, se solicita que se tome declaración a la funcionaria que reveló los hechos, y que se pida a la secretaria general del PP cántabro, María José González Revuelta, que remita una copia del dossier documental completo entregado al Gobierno de Cantabria en respaldo de las acusaciones formuladas por la presidenta del PP al respecto.
La denuncia ante la Fiscalía se fundamenta en las irregularidades reveladas por la Jefa del Servicio de Contratación y Gestión de Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud, Inmaculada Rodríguez González.
Es decir, trata cuestiones como la paralización de expedientes administrativos sin ninguna motivación, la recepción formal de obras, servicios y suministros que no se encuentran listos para su entrega, a los que se tramita la facturación a pesar de la previas advertencia de ilegalidad y la realización de propuestas de contratación con base en acuerdos previos de terceros ajenos a la Administración con empresas concretas, con intervención de estos tanto en la propuesta de contratación como en la evaluación final.
En la petición se hace hincapié en que se denegó el acceso del Servicio de Contratación a cuyo frente estaba la denunciante a expedientes de obras y servicios relacionados con obras, impidiendo así su supervisión, o en el uso por parte de una de estas empresas de un despacho en Sanidad.
“Hacemos lo que haría cualquier ciudadano: pedir a la Justicia que investigue unas presuntas irregularidades que han causado alarma social”, explicaba Leticia Martínez al registrar la petición ante la Fiscalía, el organismo que, subrayaba, “tiene los medios y recursos para impulsar investigaciones de este calibre”.
La coordinadora de IU reivindicaba que “esto también es luchar por la sanidad pública”, ya que “el dinero mal gestionado en la sanidad se deja de invertir en lo importante, la atención de todos”. “En la defensa de los intereses de todos y de lo público estaremos donde tengamos que estar, en las calles y en los tribunales”, apostillaba.
Y enmarcaba esta labor con la de lucha contra la corrupción que vienen desarrollando en todo el Estado, citando los casos de los papeles de Bárcenas o Lezo, en los que la formación de izquierdas está personada como acusación.
En Cantabria, recordaba, IU es acusación en el proceso judicial que ha supuesto la imputación y el inminente juicio contra Carlos Cortina, ex alcalde de El Astillero por el Partido Popular, por delitos de prevaricación, “al que el PP respalda y mantiene en las instituciones en lugar de obligarle a dimitir”, remarcaba Martínez, portavoz de Izquierda Unida en este municipio.
Finalmente, Izquierda Unida espera que partidos e instituciones que sean requeridos “colaboren” para “dar luz a este caso” y “trabajen también por unas instituciones transparentes y comprometidas con el servicio público”.
Así lo ha anunciado la coordinadora autonómica de Izquierda Unida en Cantabria, Leticia Martínez, quien ha explicado que lo que se pretende con esta acción es “contribuir a tener unas instituciones limpias y democráticas”, que “no sólo no cometan irregularidades o ilegalidades, sino ninguna sospecha de ello”.
En la denuncia, presentada el lunes 30 de abril, se apunta a que, "de confirmarse los hechos denunciados por la funcionaria y posteriormente por la presidenta del PP Cántabro, María José Sáez de Buruaga, nos encontraríamos ante irregularidades que por su gravedad podrían implicar la comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, tipificados en los artículos 404, 428 y 432 del Código Penal, así como usurpación de funciones y falsedad en documento público, de los artículos 402 y 390 del mismo texto legal".
Dadas las "graves acusaciones", IU las ha puesto en conocimiento del órgano competente y pide, apelando a la “alarma social” generada al trascender las mismas, la designación de un Fiscal especial para dirigir la investigación hasta su conclusión y que ejercite las acciones penales en caso de que correspondan.
Además, se solicita que se tome declaración a la funcionaria que reveló los hechos, y que se pida a la secretaria general del PP cántabro, María José González Revuelta, que remita una copia del dossier documental completo entregado al Gobierno de Cantabria en respaldo de las acusaciones formuladas por la presidenta del PP al respecto.
La denuncia ante la Fiscalía se fundamenta en las irregularidades reveladas por la Jefa del Servicio de Contratación y Gestión de Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud, Inmaculada Rodríguez González.
Es decir, trata cuestiones como la paralización de expedientes administrativos sin ninguna motivación, la recepción formal de obras, servicios y suministros que no se encuentran listos para su entrega, a los que se tramita la facturación a pesar de la previas advertencia de ilegalidad y la realización de propuestas de contratación con base en acuerdos previos de terceros ajenos a la Administración con empresas concretas, con intervención de estos tanto en la propuesta de contratación como en la evaluación final.
En la petición se hace hincapié en que se denegó el acceso del Servicio de Contratación a cuyo frente estaba la denunciante a expedientes de obras y servicios relacionados con obras, impidiendo así su supervisión, o en el uso por parte de una de estas empresas de un despacho en Sanidad.
“Hacemos lo que haría cualquier ciudadano: pedir a la Justicia que investigue unas presuntas irregularidades que han causado alarma social”, explicaba Leticia Martínez al registrar la petición ante la Fiscalía, el organismo que, subrayaba, “tiene los medios y recursos para impulsar investigaciones de este calibre”.
La coordinadora de IU reivindicaba que “esto también es luchar por la sanidad pública”, ya que “el dinero mal gestionado en la sanidad se deja de invertir en lo importante, la atención de todos”. “En la defensa de los intereses de todos y de lo público estaremos donde tengamos que estar, en las calles y en los tribunales”, apostillaba.
Y enmarcaba esta labor con la de lucha contra la corrupción que vienen desarrollando en todo el Estado, citando los casos de los papeles de Bárcenas o Lezo, en los que la formación de izquierdas está personada como acusación.
En Cantabria, recordaba, IU es acusación en el proceso judicial que ha supuesto la imputación y el inminente juicio contra Carlos Cortina, ex alcalde de El Astillero por el Partido Popular, por delitos de prevaricación, “al que el PP respalda y mantiene en las instituciones en lugar de obligarle a dimitir”, remarcaba Martínez, portavoz de Izquierda Unida en este municipio.
Finalmente, Izquierda Unida espera que partidos e instituciones que sean requeridos “colaboren” para “dar luz a este caso” y “trabajen también por unas instituciones transparentes y comprometidas con el servicio público”.
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