Izquierda Unida de Cantabria ha revelado que el PRC también realizó adjudicaciones a tres de las empresas señaladas en los contratos menores del Servicio Cántabro de Salud (SCS).
En concreto, y según ha comunicado en nota de prensa la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, las empresas Gardenor, Iralia y Serincopsa han sido receptoras de adjudicaciones por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y también por la de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ambas gestionadas por el PRC.
Desde IU recuerdan que ya existe una investigación en marcha por parte de la Fiscalía a petición de la formación de izquierdas, y en la cual está previsto que se analicen numerosos contratos menores otorgados por el Servicio Cántabro de Salud y entre cuyas adjudicatarias se encuentran estas tres empresas que comparten los dos mismos administradores solidarios.
“Dentro de la investigación propia que desde Izquierda Unida estamos llevando a cabo con el objeto de fiscalizar la gestión del Gobierno, hemos detectado que estas tres empresas no sólo han contratado con áreas gestionadas por el PSOE, sino también con el PRC”, ha señalado la líder de IU.
En este sentido, Martínez ha mencionado que varias de las adjudicaciones estudiadas por IU sugieren que el Gobierno habría recurrido al fraccionamiento de contratos, una práctica no permitida, con el objeto de no sacarlo a concurso público y poder así “darlo a dedo”.
En este sentido, Martínez ha hecho referencia a dos contratos adjudicados en el último trimestre de 2017 y el primero de 2018 por parte la Consejería de Obras Públicas y cuyas obras se realizaron en el mismo municipio –Valle de Villaverde-, por la misma empresa –Gardenor-, con conceptos prácticamente idénticos –la construcción de parques infantiles- e inaugurados al mismo tiempo.
“Resulta llamativo porque además de todas estas coincidencias sucede que el coste de uno de los contratos es de 49.482,43 euros, cuando el límite que marcaba la Ley de Contratos Públicos vigente entonces, es decir, antes de marzo de 2018, era de 50.000 euros”, añadía la líder de IU.
Según la documentación consultada por IU, también la empresa Iralia aparece como receptora de tres contratos menores por parte de la Consejería de Industria “cuya suma sobrepasa ampliamente los 50.000 euros permitidos por Ley”, con conceptos idénticos –reparación de apartaderos-, “con la salvedad de que dos de las adjudicaciones se realizaron en Santander mientras que la tercera abarca diferentes términos municipales”.
A juicio de Martínez, “no existe motivo aparente” para que los dos contratos relativos a Santander no fueran uno sólo, dado que “Santander es una ciudad pequeña”, pero “incluso en el caso de que fuera grande, el tercero de los contratos abarca una zona geográfica muchísimo más amplia y, sin embargo, no ha sido dividido en zonas más pequeñas”.
Por último, la representante de IU también se ha referido a dos adjudicaciones para la realización de obras para la creación de rutas turísticas fechadas al tiempo en el Boletín Oficial de Cantabria y otorgadas por la Consejería de Industria a Gardenor y a Serincopsa.
A este respecto, desde IU han reiterado que el montante de ambas obras “supera los 60.000 euros” y que, a pesar de ser en términos municipales distintos, “hay que tener en cuenta que se refieren a rutas turísticas que habitualmente abarcan varios kilómetros y pueblos y que, como se ha podido comprobar en la adjudicación de los apartaderos, no existe impedimento referido a la mayor o menor zona geográfica”.
Las dimisiones “no zanjan” las irregularidades en el SCS
Martínez también se ha pronunciado sobre las dimisiones en el SCS y ha advertido a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, de que los ceses anunciados este mismo lunes no “zanjan” las presuntas irregularidades denunciadas por una alta funcionaria y que la formación de izquierdas ha llevado a la Fiscalía.
En un comunicado, la coordinadora autonómica Leticia Martínez se refiere a las dimisiones del gerente del SCS y del subdirector de Gestión Económica, y ha llamado la atención sobre que se produzcan después de que estos negaran en el Parlamento cualquier sombra en su gestión.
Para Martínez, “lo verdaderamente inaudito es que fuera ella quien admitiera irregularidades y las responsabilidades las asuman otros”, por lo que se ha preguntado si lo que sucede es “si Real no controla lo que sucede en su Consejería, lo cual ya sería lo suficientemente grave”.
En cualquier caso, ha advertido de que estas dimisiones no pueden ser un “cierre un falso” para la crisis por las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud, recordando que “está en marcha una investigación por parte de la Fiscalía y que Real no podrá frenar”.
En concreto, y según ha comunicado en nota de prensa la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, las empresas Gardenor, Iralia y Serincopsa han sido receptoras de adjudicaciones por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y también por la de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ambas gestionadas por el PRC.
Desde IU recuerdan que ya existe una investigación en marcha por parte de la Fiscalía a petición de la formación de izquierdas, y en la cual está previsto que se analicen numerosos contratos menores otorgados por el Servicio Cántabro de Salud y entre cuyas adjudicatarias se encuentran estas tres empresas que comparten los dos mismos administradores solidarios.
“Dentro de la investigación propia que desde Izquierda Unida estamos llevando a cabo con el objeto de fiscalizar la gestión del Gobierno, hemos detectado que estas tres empresas no sólo han contratado con áreas gestionadas por el PSOE, sino también con el PRC”, ha señalado la líder de IU.
En este sentido, Martínez ha mencionado que varias de las adjudicaciones estudiadas por IU sugieren que el Gobierno habría recurrido al fraccionamiento de contratos, una práctica no permitida, con el objeto de no sacarlo a concurso público y poder así “darlo a dedo”.
En este sentido, Martínez ha hecho referencia a dos contratos adjudicados en el último trimestre de 2017 y el primero de 2018 por parte la Consejería de Obras Públicas y cuyas obras se realizaron en el mismo municipio –Valle de Villaverde-, por la misma empresa –Gardenor-, con conceptos prácticamente idénticos –la construcción de parques infantiles- e inaugurados al mismo tiempo.
“Resulta llamativo porque además de todas estas coincidencias sucede que el coste de uno de los contratos es de 49.482,43 euros, cuando el límite que marcaba la Ley de Contratos Públicos vigente entonces, es decir, antes de marzo de 2018, era de 50.000 euros”, añadía la líder de IU.
Según la documentación consultada por IU, también la empresa Iralia aparece como receptora de tres contratos menores por parte de la Consejería de Industria “cuya suma sobrepasa ampliamente los 50.000 euros permitidos por Ley”, con conceptos idénticos –reparación de apartaderos-, “con la salvedad de que dos de las adjudicaciones se realizaron en Santander mientras que la tercera abarca diferentes términos municipales”.
A juicio de Martínez, “no existe motivo aparente” para que los dos contratos relativos a Santander no fueran uno sólo, dado que “Santander es una ciudad pequeña”, pero “incluso en el caso de que fuera grande, el tercero de los contratos abarca una zona geográfica muchísimo más amplia y, sin embargo, no ha sido dividido en zonas más pequeñas”.
Por último, la representante de IU también se ha referido a dos adjudicaciones para la realización de obras para la creación de rutas turísticas fechadas al tiempo en el Boletín Oficial de Cantabria y otorgadas por la Consejería de Industria a Gardenor y a Serincopsa.
A este respecto, desde IU han reiterado que el montante de ambas obras “supera los 60.000 euros” y que, a pesar de ser en términos municipales distintos, “hay que tener en cuenta que se refieren a rutas turísticas que habitualmente abarcan varios kilómetros y pueblos y que, como se ha podido comprobar en la adjudicación de los apartaderos, no existe impedimento referido a la mayor o menor zona geográfica”.
Las dimisiones “no zanjan” las irregularidades en el SCS
Martínez también se ha pronunciado sobre las dimisiones en el SCS y ha advertido a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, de que los ceses anunciados este mismo lunes no “zanjan” las presuntas irregularidades denunciadas por una alta funcionaria y que la formación de izquierdas ha llevado a la Fiscalía.
En un comunicado, la coordinadora autonómica Leticia Martínez se refiere a las dimisiones del gerente del SCS y del subdirector de Gestión Económica, y ha llamado la atención sobre que se produzcan después de que estos negaran en el Parlamento cualquier sombra en su gestión.
Para Martínez, “lo verdaderamente inaudito es que fuera ella quien admitiera irregularidades y las responsabilidades las asuman otros”, por lo que se ha preguntado si lo que sucede es “si Real no controla lo que sucede en su Consejería, lo cual ya sería lo suficientemente grave”.
En cualquier caso, ha advertido de que estas dimisiones no pueden ser un “cierre un falso” para la crisis por las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud, recordando que “está en marcha una investigación por parte de la Fiscalía y que Real no podrá frenar”.
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