El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad y su remisión al Parlamento de Cantabria.
La vicepresidenta ha mostrado su satisfacción porque se trata de un acuerdo "muy importante" para que esta Ley pueda ser aprobada por el Parlamento de Cantabria con "el mayor consenso posible" a lo largo de este año. "Se trata de una ley muy anhelada por todas las organizaciones de la discapacidad, presentada con el aval, el trabajo y el apoyo expreso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI Cantabria, con quienes, ha dicho, "desde el primer día se ha trabajado en un proceso colaborativo y participativo en el que, además, han participado los órganos de la Administración autonómica con responsabilidad en áreas en que pueden verse afectadas las personas con discapacidad".
Díaz Tezanos ha recordado que se trata de un compromiso de legislatura "de gran calado para miles de personas con discapacidad en Cantabria, si tenemos en cuenta que actualmente el 9% de la población de Cantabria tiene algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de más de 52.000 personas".
Asimismo, ha destacado que este acuerdo "hace realidad" en la región la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. "Hemos hecho, entre todos, una ley que da un salto hacia el nuevo paradigma que contempla la Convención con una nueva visión de la discapacidad con un reconocimiento de los derechos de las personas basado en la dignidad humana y con el foco puesto en las capacidades y en el abordaje de todos los obstáculos que la sociedad impone a las personas con discapacidad para su plena inclusión en el obstáculo que la sociedad pone a la plena inclusión", ha subrayado la vicepresidenta.
El anteproyecto de Ley también permite, ha indicado Díaz Tezanos, cumplir el compromiso político de regular la accesibilidad universal y vida independiente, "superando la normativa autonómica ya desfasada en materia de accesibilidad y superando el concepto de eliminación de barreras de tipo físico para abordar la accesibilidad universal y de diseño para todas las personas".
Por último, este anteproyecto cumple un tercer compromiso político consistente en abordar la regulación de la lengua de signos española y el apoyo a la comunicación oral que "posibilitan que las personas accedan a la formación en lengua de signos y a su utilización en diversos ámbitos".
Con un carácter transversal y compuesta de 73 artículos, el anteproyecto de Ley aborda de forma integral todos los aspectos con los que las personas con discapacidad interaccionan en su vida diaria, figurando como primer derecho el de la autonomía personal y a la vida independiente, y a recibir los apoyos necesarios para que esto sea viable su plena inclusión social y a la toma de decisiones en los asuntos que les afecten, con la necesaria información y los apoyos oportunos.
Así, determina medidas de acción positiva en cada uno de los ámbitos de actuación: en el ámbito de la salud (prevención de la discapacidad, a la salud sexual y reproductiva y a la prevención del maltrato la atención temprana a la discapacidad, además de previéndose la coordinación de los sistemas de salud, de servicios sociales y de educación); en el educativo (evaluación para determinar las necesidades de apoyos educativos, promoción de la adaptación curricular flexibilización del tiempo de permanencia en las etapas educativas, promoción de la formación del profesorado en materia de discapacidad y medidas de adaptación y formación en discapacidad en el ámbito universitario); en el empleo (adaptaciones y apoyo en los procesos selectivos y las reservas de empleo, estableciendo convocatorias y pruebas específicas para personas con discapacidad y la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública y a contratos reservados a favor de centros especiales de empleo o de empresa de inserción); en la protección social; en el acceso a la cultura, el turismo, el ocio y el deporte.
Se autorizó un convenio de colaboración entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y la asociación Consuelo Berges de Mujeres Separadas y/o Divorciadas de Cantabria, para desarrollar el programa social de intervención con mujeres en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social. El Gobierno contribuirá a su financiación con 35.000 euros.
Díaz Tezanos ha explicado que este acuerdo está destinado a favorecer la inclusión social de mujeres en situación de riesgo, fomentar e impulsar la participación social de las mujeres, su reinserción social en la sociedad de manera activa, capacitarlas con distintos recursos y habilidades personales y sociales y potenciar la participación igualitaria en el empleo, y en cuestiones de responsabilidad familiar, doméstica y de poder.
Se declaró el oficio de elaboración de albarcas como Bien de Interés Cultural Etnográfico Inmaterial, después de iniciar su expediente el verano pasado.
La vicepresidenta regional ha explicado el oficio del albarquero porque de todos los oficios que están ligados a la artesanía de la madera en Cantabria, tuvo una gran relevancia en el pasado, estando implantado en toda la Comunidad Autónoma, si bien hoy se conserva el saber hacer las albarcas solo en determinadas comarcas. "No se trata de un oficio reglado sino de una manifestación de la artesanía popular identificada por la creatividad que tiene y que se transmite sobre todo entre familiares y sus allegados", ha dicho Díaz Tezanos.
La vicepresidenta ha mostrado su satisfacción porque se trata de un acuerdo "muy importante" para que esta Ley pueda ser aprobada por el Parlamento de Cantabria con "el mayor consenso posible" a lo largo de este año. "Se trata de una ley muy anhelada por todas las organizaciones de la discapacidad, presentada con el aval, el trabajo y el apoyo expreso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI Cantabria, con quienes, ha dicho, "desde el primer día se ha trabajado en un proceso colaborativo y participativo en el que, además, han participado los órganos de la Administración autonómica con responsabilidad en áreas en que pueden verse afectadas las personas con discapacidad".
Díaz Tezanos ha recordado que se trata de un compromiso de legislatura "de gran calado para miles de personas con discapacidad en Cantabria, si tenemos en cuenta que actualmente el 9% de la población de Cantabria tiene algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de más de 52.000 personas".
Asimismo, ha destacado que este acuerdo "hace realidad" en la región la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. "Hemos hecho, entre todos, una ley que da un salto hacia el nuevo paradigma que contempla la Convención con una nueva visión de la discapacidad con un reconocimiento de los derechos de las personas basado en la dignidad humana y con el foco puesto en las capacidades y en el abordaje de todos los obstáculos que la sociedad impone a las personas con discapacidad para su plena inclusión en el obstáculo que la sociedad pone a la plena inclusión", ha subrayado la vicepresidenta.
El anteproyecto de Ley también permite, ha indicado Díaz Tezanos, cumplir el compromiso político de regular la accesibilidad universal y vida independiente, "superando la normativa autonómica ya desfasada en materia de accesibilidad y superando el concepto de eliminación de barreras de tipo físico para abordar la accesibilidad universal y de diseño para todas las personas".
Por último, este anteproyecto cumple un tercer compromiso político consistente en abordar la regulación de la lengua de signos española y el apoyo a la comunicación oral que "posibilitan que las personas accedan a la formación en lengua de signos y a su utilización en diversos ámbitos".
Con un carácter transversal y compuesta de 73 artículos, el anteproyecto de Ley aborda de forma integral todos los aspectos con los que las personas con discapacidad interaccionan en su vida diaria, figurando como primer derecho el de la autonomía personal y a la vida independiente, y a recibir los apoyos necesarios para que esto sea viable su plena inclusión social y a la toma de decisiones en los asuntos que les afecten, con la necesaria información y los apoyos oportunos.
Así, determina medidas de acción positiva en cada uno de los ámbitos de actuación: en el ámbito de la salud (prevención de la discapacidad, a la salud sexual y reproductiva y a la prevención del maltrato la atención temprana a la discapacidad, además de previéndose la coordinación de los sistemas de salud, de servicios sociales y de educación); en el educativo (evaluación para determinar las necesidades de apoyos educativos, promoción de la adaptación curricular flexibilización del tiempo de permanencia en las etapas educativas, promoción de la formación del profesorado en materia de discapacidad y medidas de adaptación y formación en discapacidad en el ámbito universitario); en el empleo (adaptaciones y apoyo en los procesos selectivos y las reservas de empleo, estableciendo convocatorias y pruebas específicas para personas con discapacidad y la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública y a contratos reservados a favor de centros especiales de empleo o de empresa de inserción); en la protección social; en el acceso a la cultura, el turismo, el ocio y el deporte.
Se autorizó un convenio de colaboración entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y la asociación Consuelo Berges de Mujeres Separadas y/o Divorciadas de Cantabria, para desarrollar el programa social de intervención con mujeres en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social. El Gobierno contribuirá a su financiación con 35.000 euros.
Díaz Tezanos ha explicado que este acuerdo está destinado a favorecer la inclusión social de mujeres en situación de riesgo, fomentar e impulsar la participación social de las mujeres, su reinserción social en la sociedad de manera activa, capacitarlas con distintos recursos y habilidades personales y sociales y potenciar la participación igualitaria en el empleo, y en cuestiones de responsabilidad familiar, doméstica y de poder.
Se declaró el oficio de elaboración de albarcas como Bien de Interés Cultural Etnográfico Inmaterial, después de iniciar su expediente el verano pasado.
La vicepresidenta regional ha explicado el oficio del albarquero porque de todos los oficios que están ligados a la artesanía de la madera en Cantabria, tuvo una gran relevancia en el pasado, estando implantado en toda la Comunidad Autónoma, si bien hoy se conserva el saber hacer las albarcas solo en determinadas comarcas. "No se trata de un oficio reglado sino de una manifestación de la artesanía popular identificada por la creatividad que tiene y que se transmite sobre todo entre familiares y sus allegados", ha dicho Díaz Tezanos.
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