El Partido Popular planteará una interpelación en el pleno del Parlamento para conocer los criterios del Gobierno de Cantabria sobre la aprobación de una normativa que ampare la creación de nuevas categorías y Salvamento (SPEIS) a Grupo C1.
La diputada regional y portavoz de Presidencia del PP, Isabel Urrutia, que expondrá esta iniciativa en el pleno del lunes profesionales que permitan la reclasificación de los actuales servicios de Prevención, Extinción de Incendios 26 de marzo, señala que la evolución que se ha dado en los servicios de extinción de incendios y salvamento ha sido constante y a todos los niveles, de modo que ya no se limitan a ser “apagafuegos”, sino que se les exige un nivel de conocimientos técnicos superior a los atribuidos al nivel C2 que tienen en este momento.
Sin embargo, advierte que en Cantabria no hay un marco normativo que ampare la creación de estas nuevas categorías profesionales y que permita a los municipios la reclasificación de los funcionarios del SPEIS actualmente encuadrados en el Grupo C2. “Les estamos exigiendo unas funciones que no se corresponden con su categoría profesional. Es la sociedad quien exige más seguridad y los poderes públicos se la tenemos que dar, también a los profesionales”, ha sentenciado.
Urrutia ha explicado que la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria, da a los SPEIS la categoría de agente de la autoridad y les atribuye funciones tales como la elaboración de planes de emergencias, el estudio e investigación de incendios y la inspección del cumplimiento de la normativa, que son funciones de personal técnico.
Para la parlamentaria del PP “estas funciones serían equiparables a las de un Grupo C1” pues, según argumenta, el título de Técnico en Emergencias y Protección Civil, clasificado como grupo C1, tiene atribuidas unas competencias profesionales iguales a las que desarrolla en la actualidad el personal de los SPEIS.
Por ello, “queremos que el Gobierno nos conteste en sede parlamentaria cuáles son sus criterios sobre la reclasificación; si tiene o no intención de aprobar este marco normativa necesario, como ya se ha hecho en otras Comunidades Autónomas; y poner encima de la mesa un problema que reclaman los profesionales, la sociedad y unos servicios de atención de emergencias de calidad”, concluyó.
La diputada regional y portavoz de Presidencia del PP, Isabel Urrutia, que expondrá esta iniciativa en el pleno del lunes profesionales que permitan la reclasificación de los actuales servicios de Prevención, Extinción de Incendios 26 de marzo, señala que la evolución que se ha dado en los servicios de extinción de incendios y salvamento ha sido constante y a todos los niveles, de modo que ya no se limitan a ser “apagafuegos”, sino que se les exige un nivel de conocimientos técnicos superior a los atribuidos al nivel C2 que tienen en este momento.
Sin embargo, advierte que en Cantabria no hay un marco normativo que ampare la creación de estas nuevas categorías profesionales y que permita a los municipios la reclasificación de los funcionarios del SPEIS actualmente encuadrados en el Grupo C2. “Les estamos exigiendo unas funciones que no se corresponden con su categoría profesional. Es la sociedad quien exige más seguridad y los poderes públicos se la tenemos que dar, también a los profesionales”, ha sentenciado.
Urrutia ha explicado que la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria, da a los SPEIS la categoría de agente de la autoridad y les atribuye funciones tales como la elaboración de planes de emergencias, el estudio e investigación de incendios y la inspección del cumplimiento de la normativa, que son funciones de personal técnico.
Para la parlamentaria del PP “estas funciones serían equiparables a las de un Grupo C1” pues, según argumenta, el título de Técnico en Emergencias y Protección Civil, clasificado como grupo C1, tiene atribuidas unas competencias profesionales iguales a las que desarrolla en la actualidad el personal de los SPEIS.
Por ello, “queremos que el Gobierno nos conteste en sede parlamentaria cuáles son sus criterios sobre la reclasificación; si tiene o no intención de aprobar este marco normativa necesario, como ya se ha hecho en otras Comunidades Autónomas; y poner encima de la mesa un problema que reclaman los profesionales, la sociedad y unos servicios de atención de emergencias de calidad”, concluyó.
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