El Pleno del Parlamento aprobó, por unanimidad, la propuesta del diputado del Grupo Mixto, Juan Ramón Carrancio, para facilitar la utilización de los desfibriladores externos semiautomáticos a cualquier persona sin formación o titulación con garantías sanitarias y de seguridad necesarias, en contacto con el servicio de emergencias sanitarias.
Esta iniciativa se presenta para cambiar la atención ante situaciones excepcionales en la que no sea posible contar en ese momento con una persona formada o titulada para el uso del desfibrilador.
Los grupos parlamentarios mixto, socialista y popular presentaron una enmienda transaccional que solicita la instalación obligatoria de desfibriladores externos y personal responsable en los centros comerciales, individuales y colectivos, definido como el establecimiento en el que se ejerza la actividad comercial minorista y que tenga una superficie edificada superior a 800 metros cuadrados, así como en instalaciones de transporte, aeropuerto y puerto comercial y estaciones de autobuses y ferrocarril de poblaciones de más de 20.000 habitantes. A ellos se unen los establecimientos públicos, instalaciones para espectáculos y actividades recreativas con aforo autorizado superior a 500 personas y las infraestructuras deportivas en las que el número de personas usuarias diarias sea igual o superior a 350 personas.
La enmienda incluye la obligada colaboración del Gobierno de Cantabria con las entidades locales e instituciones para que las personas físicas o jurídicas responsables de los espacios públicos citados instalen los desfibriladores y los pongan en funcionamiento y cumplan con la obligatoriedad de formar al personal responsable de dichas instalaciones, así como crear espacios cardioprotegidos, dotados de desfibriladores y personal formado.
En opinión de Juan Ramón Carrancio “esta situación limita la eficacia de estos dispositivos y que en otras Comunidades Autónomas se ha solventado al permitir su uso a cualquier persona que no reúna dichos requisitos siempre que esté supervisado telefónicamente por el Servicio de Emergencias”.
Carrancio ha registrado una Proposición No de Ley que se debatirá el lunes, día 5 de febrero, en el Pleno del Parlamento con el fin de que se apruebe instar al Gobierno de Cantabria la modificación de la Orden SAN/1/2009 de 7 de enero, por el que se regula el uso de desfibriladores externos semiautomáticos por primeros intervinientes.
En Cantabria, a pesar de no haberse planificado su implantación, ordenada hasta este momento desde la Administración, a día de hoy existe un parque público de desfibriladores de cerca de 300 unidades, repartidas por diferentes instalaciones tanto de titularidad pública como privada.
A pesar de ser equipos de manejo sencillo, lo cierto es que en Cantabria su uso está regulado por medio de una Orden de la Consejería de Sanidad de 2009 donde se restringe su utilización a licenciados en Medicina, diplomados en Enfermería o a quienes acrediten haber superado un curso de formación al efecto en los últimos tres años.
El mejor tratamiento para las personas que padecen una parada cardiaca es la aplicación precoz de una serie de acciones denominadas cadena de supervivencia, indicó Carrancio.
La Proposición No de Ley recoge que las muertes por parada cardiorespiratoria representan un problema de primera magnitud para la salud pública, y se estima que son subsidiarias de reanimación cardiopulmonar más de 30.000 personas anuales en España en el medio extra hospitalario, de los cuales alrededor de 300 en Cantabria, y 20.000 en el hospitalario, lo que justifica sobradamente la implantación de los espacios cardioprotegidos.
Esta iniciativa se presenta para cambiar la atención ante situaciones excepcionales en la que no sea posible contar en ese momento con una persona formada o titulada para el uso del desfibrilador.
Los grupos parlamentarios mixto, socialista y popular presentaron una enmienda transaccional que solicita la instalación obligatoria de desfibriladores externos y personal responsable en los centros comerciales, individuales y colectivos, definido como el establecimiento en el que se ejerza la actividad comercial minorista y que tenga una superficie edificada superior a 800 metros cuadrados, así como en instalaciones de transporte, aeropuerto y puerto comercial y estaciones de autobuses y ferrocarril de poblaciones de más de 20.000 habitantes. A ellos se unen los establecimientos públicos, instalaciones para espectáculos y actividades recreativas con aforo autorizado superior a 500 personas y las infraestructuras deportivas en las que el número de personas usuarias diarias sea igual o superior a 350 personas.
La enmienda incluye la obligada colaboración del Gobierno de Cantabria con las entidades locales e instituciones para que las personas físicas o jurídicas responsables de los espacios públicos citados instalen los desfibriladores y los pongan en funcionamiento y cumplan con la obligatoriedad de formar al personal responsable de dichas instalaciones, así como crear espacios cardioprotegidos, dotados de desfibriladores y personal formado.
En opinión de Juan Ramón Carrancio “esta situación limita la eficacia de estos dispositivos y que en otras Comunidades Autónomas se ha solventado al permitir su uso a cualquier persona que no reúna dichos requisitos siempre que esté supervisado telefónicamente por el Servicio de Emergencias”.
Carrancio ha registrado una Proposición No de Ley que se debatirá el lunes, día 5 de febrero, en el Pleno del Parlamento con el fin de que se apruebe instar al Gobierno de Cantabria la modificación de la Orden SAN/1/2009 de 7 de enero, por el que se regula el uso de desfibriladores externos semiautomáticos por primeros intervinientes.
En Cantabria, a pesar de no haberse planificado su implantación, ordenada hasta este momento desde la Administración, a día de hoy existe un parque público de desfibriladores de cerca de 300 unidades, repartidas por diferentes instalaciones tanto de titularidad pública como privada.
A pesar de ser equipos de manejo sencillo, lo cierto es que en Cantabria su uso está regulado por medio de una Orden de la Consejería de Sanidad de 2009 donde se restringe su utilización a licenciados en Medicina, diplomados en Enfermería o a quienes acrediten haber superado un curso de formación al efecto en los últimos tres años.
El mejor tratamiento para las personas que padecen una parada cardiaca es la aplicación precoz de una serie de acciones denominadas cadena de supervivencia, indicó Carrancio.
La Proposición No de Ley recoge que las muertes por parada cardiorespiratoria representan un problema de primera magnitud para la salud pública, y se estima que son subsidiarias de reanimación cardiopulmonar más de 30.000 personas anuales en España en el medio extra hospitalario, de los cuales alrededor de 300 en Cantabria, y 20.000 en el hospitalario, lo que justifica sobradamente la implantación de los espacios cardioprotegidos.
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