El diputado del Grupo Mixto, Juan Ramón Carrancio, pide que el Servicio de Emergencias, por medio del teléfono 112, autorice a una persona sin formación o titulación el uso de desfibriladores y mantenga en todo momento la supervisión del proceso.
Esta iniciativa se presenta para cambiar la atención ante situaciones excepcionales en la que no sea posible contar en ese momento con una persona formada o titulada para el uso del desfibrilador.
En opinión de Juan Ramón Carrancio “esta situación limita la eficacia de estos dispositivos y que en otras Comunidades Autónomas se ha solventado al permitir su uso a cualquier persona que no reúna dichos requisitos siempre que esté supervisado telefónicamente por el Servicio de Emergencias”.
Carrancio ha registrado una Proposición No de Ley que se debatirá el lunes, día 5 de febrero, en el Pleno del Parlamento con el fin de que se apruebe instar al Gobierno de Cantabria la modificación de la Orden SAN/1/2009 de 7 de enero, por el que se regula el uso de desfibriladores externos semiautomáticos por primeros intervinientes.
A pesar de ser equipos de manejo sencillo, lo cierto es que en Cantabria su uso está regulado por medio de una Orden de la Consejería de Sanidad de 2009 donde se restringe su utilización a licenciados en Medicina, diplomados en Enfermería o a quienes acrediten haber superado un curso de formación al efecto en los últimos tres años.
El mejor tratamiento para las personas que padecen una parada cardiaca es la aplicación precoz de una serie de acciones denominadas cadena de supervivencia, indicó Carrancio.
La Proposición No de Ley recoge que las muertes por parada cardiorespiratoria representan un problema de primera magnitud para la salud pública, y se estima que son subsidiarias de reanimación cardiopulmonar más de 30.000 personas anuales en España en el medio extra hospitalario y 20.000 en el hospitalario, lo que justifica sobradamente la implantación de los espacios cardioprotegidos.
Esta iniciativa se presenta para cambiar la atención ante situaciones excepcionales en la que no sea posible contar en ese momento con una persona formada o titulada para el uso del desfibrilador.
En opinión de Juan Ramón Carrancio “esta situación limita la eficacia de estos dispositivos y que en otras Comunidades Autónomas se ha solventado al permitir su uso a cualquier persona que no reúna dichos requisitos siempre que esté supervisado telefónicamente por el Servicio de Emergencias”.
Carrancio ha registrado una Proposición No de Ley que se debatirá el lunes, día 5 de febrero, en el Pleno del Parlamento con el fin de que se apruebe instar al Gobierno de Cantabria la modificación de la Orden SAN/1/2009 de 7 de enero, por el que se regula el uso de desfibriladores externos semiautomáticos por primeros intervinientes.
A pesar de ser equipos de manejo sencillo, lo cierto es que en Cantabria su uso está regulado por medio de una Orden de la Consejería de Sanidad de 2009 donde se restringe su utilización a licenciados en Medicina, diplomados en Enfermería o a quienes acrediten haber superado un curso de formación al efecto en los últimos tres años.
El mejor tratamiento para las personas que padecen una parada cardiaca es la aplicación precoz de una serie de acciones denominadas cadena de supervivencia, indicó Carrancio.
La Proposición No de Ley recoge que las muertes por parada cardiorespiratoria representan un problema de primera magnitud para la salud pública, y se estima que son subsidiarias de reanimación cardiopulmonar más de 30.000 personas anuales en España en el medio extra hospitalario y 20.000 en el hospitalario, lo que justifica sobradamente la implantación de los espacios cardioprotegidos.
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