Cantabria ha pedido formalmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de que el Gobierno de España explique su decisión de aplazar las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación autonómica para 2018, lo que supone a nuestra comunidad autónoma una pérdida en sus ingresos presupuestarios de 83 millones anuales.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha informado hoy, en rueda de prensa, del envío de esta carta, dirigida al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, una iniciativa que se une a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso para que el Estado haga efectivo las entregas a cuenta en la cuantía que fue "estimada y comunicada" por el propio Gobierno de España a las autonomías en el CPFF, celebrado en el mes de julio.
Son dos iniciativas, ha explicado, en coordinación con otras comunidades autónomas, con las que se hace frente a la decisión del Gobierno de España de aplazar dichas entregas hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según ha indicado, el Gobierno de España incumple su obligación legal de trasladar estos ingresos a las autonomías.
"83 millones de retenciones es una cantidad muy importante para Cantabria, altera de manera evidente el funcionamiento previsto del presupuesto autonómico y los planes de tesorería", ha estimado Sota, quien ha apremiado al Ministerio a cumplir con la ley de financiación autonómica y solucionar el problema de la nueva estimación y disminución de las cantidades.
El consejero ha defendido, a través de esta misiva enviada al ministro, que debe ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participan todas las comunidades autónomas, el órgano adecuado para informar de la última decisión del Gobierno de España y, a su vez, "de las consecuencias de la retención de 4.000 millones de euros al conjunto de las autonomías".
"Esperemos que no se demore esta convocatoria puesto que, a medida que avanza el tiempo, Cantabria y el resto de las comunidades autónomas no están recibiendo los recursos anunciados por el Estado en julio", ha subrayado Sota, lo que supone para la comunidad una pérdida de 7 millones mensuales.
Proposición no de Ley en el Congreso
Sota ha detallado las razones incluidas en la proposición no de ley presentada en el Congreso de los diputados, el pasado viernes, 26 de enero. En ella se defiende que la mayoría de los ingresos autonómicos, el 75 por ciento, "poco tienen que ver" con los PGE, al ser ingresos extrapresupuestarios, por lo que no existe problema para que las entregas a las autonomías se realicen de la forma prevista en julio de 2017. Se trata de cantidades que una vez aprobadas las cuentas anuales "se regularizan y ya no habría más problemas", ha apuntado.
Por otro lado, ha rechazado los argumentos de Ciudadanos y el PP que defienden que Cantabria y el resto de las autonomías tenían que haber realizado otro cálculo de las entregas a cuenta del Estado, algo que, a su juicio, "no tiene ningún sentido". Según ha dicho, es en el seno del CPFF, en julio de cada año, cuando el Gobierno de España da a conocer a las comunidades los ingresos que figurarán en los presupuestos del Estado.
"Eso ha sido así todos los años" y en el último ejercicio "no ha sido ninguna excepción", ha remarcado el consejero de Hacienda de Cantabria, quien ha explicado que las comunidades "evidentemente" han elaborado sus cuentas con esa información que trasladó el Ministerio de Hacienda en esa convocatoria.
Al ser una cuestión que afecta al conjunto de las comunidades autónomas, Sota espera que Ciudadanos y Partido Popular apoyen finalmente en el Congreso la petición del Grupo Socialista.
Los recursos autonómicos "no son una subvención"
Ha insistido en que los recursos del sistema de financiación autonómica no es algo que dé el Gobierno de España, "no es una subvención", sino recursos que provienen de la ley orgánica "que hay que cumplir".
"Son recursos que no son graciables por parte del Gobierno de España, sino que corresponden a Cantabria bajo unos parámetros que establece la ley", por lo que "lo único que tiene hacer es trasladar esa financiación", ha indicado.
El consejero ha explicado que la ley establece que nuestra comunidad autónoma tiene que recibir el 50 por ciento de lo recaudado por el IRPF y el IVA en Cantabria, así como el 58 por ciento de los impuestos especiales, al igual que el resto de autonomías de régimen común.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha informado hoy, en rueda de prensa, del envío de esta carta, dirigida al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, una iniciativa que se une a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso para que el Estado haga efectivo las entregas a cuenta en la cuantía que fue "estimada y comunicada" por el propio Gobierno de España a las autonomías en el CPFF, celebrado en el mes de julio.
Son dos iniciativas, ha explicado, en coordinación con otras comunidades autónomas, con las que se hace frente a la decisión del Gobierno de España de aplazar dichas entregas hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según ha indicado, el Gobierno de España incumple su obligación legal de trasladar estos ingresos a las autonomías.
"83 millones de retenciones es una cantidad muy importante para Cantabria, altera de manera evidente el funcionamiento previsto del presupuesto autonómico y los planes de tesorería", ha estimado Sota, quien ha apremiado al Ministerio a cumplir con la ley de financiación autonómica y solucionar el problema de la nueva estimación y disminución de las cantidades.
El consejero ha defendido, a través de esta misiva enviada al ministro, que debe ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participan todas las comunidades autónomas, el órgano adecuado para informar de la última decisión del Gobierno de España y, a su vez, "de las consecuencias de la retención de 4.000 millones de euros al conjunto de las autonomías".
"Esperemos que no se demore esta convocatoria puesto que, a medida que avanza el tiempo, Cantabria y el resto de las comunidades autónomas no están recibiendo los recursos anunciados por el Estado en julio", ha subrayado Sota, lo que supone para la comunidad una pérdida de 7 millones mensuales.
Proposición no de Ley en el Congreso
Sota ha detallado las razones incluidas en la proposición no de ley presentada en el Congreso de los diputados, el pasado viernes, 26 de enero. En ella se defiende que la mayoría de los ingresos autonómicos, el 75 por ciento, "poco tienen que ver" con los PGE, al ser ingresos extrapresupuestarios, por lo que no existe problema para que las entregas a las autonomías se realicen de la forma prevista en julio de 2017. Se trata de cantidades que una vez aprobadas las cuentas anuales "se regularizan y ya no habría más problemas", ha apuntado.
Por otro lado, ha rechazado los argumentos de Ciudadanos y el PP que defienden que Cantabria y el resto de las autonomías tenían que haber realizado otro cálculo de las entregas a cuenta del Estado, algo que, a su juicio, "no tiene ningún sentido". Según ha dicho, es en el seno del CPFF, en julio de cada año, cuando el Gobierno de España da a conocer a las comunidades los ingresos que figurarán en los presupuestos del Estado.
"Eso ha sido así todos los años" y en el último ejercicio "no ha sido ninguna excepción", ha remarcado el consejero de Hacienda de Cantabria, quien ha explicado que las comunidades "evidentemente" han elaborado sus cuentas con esa información que trasladó el Ministerio de Hacienda en esa convocatoria.
Al ser una cuestión que afecta al conjunto de las comunidades autónomas, Sota espera que Ciudadanos y Partido Popular apoyen finalmente en el Congreso la petición del Grupo Socialista.
Los recursos autonómicos "no son una subvención"
Ha insistido en que los recursos del sistema de financiación autonómica no es algo que dé el Gobierno de España, "no es una subvención", sino recursos que provienen de la ley orgánica "que hay que cumplir".
"Son recursos que no son graciables por parte del Gobierno de España, sino que corresponden a Cantabria bajo unos parámetros que establece la ley", por lo que "lo único que tiene hacer es trasladar esa financiación", ha indicado.
El consejero ha explicado que la ley establece que nuestra comunidad autónoma tiene que recibir el 50 por ciento de lo recaudado por el IRPF y el IVA en Cantabria, así como el 58 por ciento de los impuestos especiales, al igual que el resto de autonomías de régimen común.
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