El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y todos los representantes sindicales han rubricado el acuerdo, que será aprobado posteriormente por el Consejo de Gobierno para que entre en vigor el 1 de enero de 2018. Supone, en opinión del consejero, "llegar al máximo" de lo que el Gobierno de Cantabria puede alcanzar dentro de los límites legales.
Según ha explicado, el acuerdo refleja el compromiso del Gobierno de Cantabria de mejorar la situación de los servicios públicos y recuperar los derechos laborales de sus empleados, tras los recortes efectuados en la etapa de gobierno del Partido Popular. A su juicio, los empleados públicos sufrieron "una profunda agresión en sus derechos, pero también en su imagen y prestigio" y que no se corresponde "a la importante labor que tienen encomendada".
De la Sierra ha agradecido la disposición de los representantes sindicales para alcanzar este acuerdo que reconoce el esfuerzo de todos y la cesión en sus "aspiraciones legítimas" iniciales.
El acuerdo suscrito por unanimidad amplía las situaciones de incapacidad temporal en los supuestos de hospitalización (de día y domiciliaria) y se amplían los supuestos de intervención quirúrgica, como es la ambulatoria, casos en los que los empleados públicos pasarán a cobrar el 100 por cien de las retribuciones, como complemento a la prestación reconocida por la Seguridad Social.
Se incluyen los procesos de enfermedades graves de declaración obligatoria, fracturas, enfermedades derivadas del uso de la voz cuando sea indispensable para el desempeño del puesto de trabajo, las derivadas de acoso laboral acreditado, violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo, junto a incapacidades temporales derivadas de exploraciones diagnósticas invasivas (endoscopias, colonoscopios, cateterismos y otras de similar entidad).
Tampoco se verán reducidas las retribuciones de los empleados públicos en cuatro días de ausencia al año, siempre que estén motivadas por enfermedad común o accidente no laboral y que no den lugar a incapacidad temporal.
Una vez alcanzado este acuerdo, De la Sierra ha adelantado que el Gobierno y los sindicatos avanzarán la próxima semana en la recuperación de otras demandas laborales de los empleados públicos, y, en concreto, de los derechos sindicales. Será la primera de las reuniones técnicas para recuperar estos derechos, ya incluidos en una de las disposiciones adicionales del proyecto de Ley de Presupuestos para 2018. "El Gobierno de Cantabria tiene la voluntad de alcanzar también un acuerdo en este ámbito", ha afirmado el consejero, que espera pueda materializarse a finales o comienzos de año.
Satisfacción entre los sindicatos
El responsable de CC.OO, Francisco Javier Báscones, ha declarado que se ha recuperado uno de los derechos pendientes dentro de los muchos suprimidos por la Ley de Sostenibilidad que aprobó el Gobierno cántabro durante la etapa de Ignacio Diego. En este sentido, cree que "es de justicia" recuperar los derechos sindicales, recortados en mayor medida que en el resto de España. También se ha referido a la necesidad de profundizar en la estabilidad en el empleo.
Manuel Garay, representante del sindicato CSIF, ha expresado también su satisfacción por este acuerdo, pero ha reclamado al Gobierno de España la derogación del real decreto de 2012 que permite los recortes actuales en los derechos laborales. Por el contrario, el Gobierno de Cantabria, ha dicho, "ha hecho todo lo que está en su mano por mitigar el coste que han sufrido los funcionarios. Ahora tenemos las manos atadas por este decreto".
El secretario general de la Federación de Empleados Públicos de UGT, Luis Clemente, lo ha calificado de "avance positivo" y ha puesto de manifiesto su aspiración a conseguir una mayor profundidad en el acuerdo e incorporar más supuestos de compensación de la incapacidad temporal.
Por último, la representante de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad, Rus Trueba, ha apuntado que los recortes en la incapacidad temporal fue una de las medidas que "más puso en entredicho la profesionalidad de los empleados públicos". Por eso, aunque no sea al cien por cien, ha valorado el contenido del acuerdo que pone a Cantabria "a la cabeza de los acuerdos alcanzados en otras comunidades autónomas". "Muchos empleados públicos- ha recordado- acudían a sus centros de trabajo en condiciones lamentables: con gripes y fracturas, entre otros supuestos, unos recortes que eran lesivos y ponían en entredicho la profesionalidad de los empleados públicos", ha subrayado.
El objetivo ahora, según ha dicho, es aumentar las excepciones compensatorias con el único fin de derogar de forma completa el real decreto estatal de 2012, que es normativa básica. También ha señalado la necesidad de recuperar los derechos sindicales, cuya eliminación puso en cuestión el papel de los sindicatos en defensa de los trabajadores.
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