El próximo 11 diciembre finalizará el plazo de cuatro años para que las plantas de cloro-álcali de la Unión Europea cambien la tecnología de mercurio por membrana, menos contaminante, y, según se señala en los informes, las ampliaciones de plazo concedidas hasta el momento son anteriores al reglamento de la UE de mayo de 2017, el cual impone "taxativamente" la retirada de este tipo de equipos en el sector del cloro en el plazo establecido
El director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, ha hecho pública la resolución de su departamento, que va "en contra de la voluntad e interés" del propio Gobierno, que entiende que el proyecto de Solvay genera beneficios económicos, sociales y ambientales para Torrelavega y Cantabria. "Son momentos difíciles en la actividad política y administrativa", ha lamentado.
Ha añadido que el Ejecutivo tiene "todo el interés para que el proyecto se ejecute, pero el gobierno respeta los informes jurídicos y para el gobierno no hay nada por encima de la ley", ha remarcado Palacio.
Esta decisión, que implica la parada de la producción de cloro de la planta el 11 de diciembre de 2017, hasta acometer la necesaria reconversión industrial, puede ser recurrida ante la administración y los tribunales. La misma ya ha sido comunicada a la empresa de forma verbal y se hará oficialmente durante el día de hoy, ha informado el director.
A juicio de Palacio, resta saber ahora si en estas condiciones Solvay y la portuguesa CUF continuarán su proyecto industrial, "algo que compete a ambas empresas", ha dicho, a las que ofrece la colaboración del Gobierno.
El proyecto incluye mantener la planta en Barreda, una inversión superior a los 50 millones de euros y garantizar más de 100 puestos de trabajo entre directos e indirectos, usando una tecnología más limpia y más ecológica.
Proceso complejo
El director general ha puesto de manifiesto la voluntad del Gobierno por conceder esta moratoria y por eso ha detallado los trámites que ha llevado su departamento para dar respuesta a la petición de la empresa.
Solvay presentó al Ejecutivo un proyecto para cumplir las exigencias medioambientales de la Unión Europea, que incluía una moratoria para mantener operativa la producción de cloro hasta que finalice la reconversión industrial, en un plazo máximo de dos años.
Según ha recordado, la primera resolución del Gobierno, de abril de este año, fue favorable a las pretensiones de la empresa Solvay, apoyada por los informes favorables de la Asesoría Jurídica y del Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, basados en el Considerando 22 de la Directiva europea de emisiones industriales, que fija que se pondrán conceder plazos más prolongados en casos específicos cuando haya evidencia de su necesidad.
Ante esta primera resolución de la Dirección General, se abrió un proceso de alegaciones en el que participaron distintas entidades y organismos como Ecologistas en Acción, la empresa Ercros, ARCA, USO, el comité de empresa de la planta, los ayuntamientos de Santillana del Mar y de Polanco, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio, Traperos de Emaús y la misma empresa Solvay.
A la vista del contenido de estas alegaciones y la "complejidad" de la cuestión jurídica con interpretaciones "divergentes y completamente distintas", ha afirmado, la Secretaría General pidió informe a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria. Este órgano estimó en julio en su informe que no cabe finalmente la ampliación de plazo, dado que la excepción argumentada para conceder la moratoria no aparece en el articulado de la mencionada directiva europea, sino que solo en la parte expositiva y sin efectos jurídicos por tanto.
Finalmente, para "despejar dudas", ha relatado el director, se solicitó en agosto un informe complementario a la Dirección Jurídica que de nuevo sostuvo que no cabe la prórroga para la producción de cloro con tecnología de mercurio.
En ese mismo informe jurídico se afirma, en relación a otras autorizaciones concedidas en el ámbito de la Unión Europea, "desconocer los procesos de producción y los detalles de las autorizaciones", si bien se argumenta que resultan anteriores al reglamento de la propia Comisión Europea de mayo de 2017 y, por lo tanto, anteriores al ordenamiento jurídico vigente.
Respecto a la autorización concedida a una empresa sueca conocida por los medios de comunicación recientemente, el Gobierno no ha podido comprobar la documentación oficial de las autorizaciones, ni sus características técnicas, ni procesos de producción, dando por finalizado el expediente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario