El Partido Popular ha registrado una Proposición no de Ley en el Parlamento a través de la cual insta al Gobierno de Cantabria a adoptar medidas para evitar el traslado de los residentes del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana y a mantener y cubrir de forma inmediata las plazas de los centros de titularidad pública de atención a la dependencia.
El objetivo de esta iniciativa, según explica la diputada regional y portavoz de Política Social del PP, Isabel Urrutia, es además que el Gobierno de Cantabria aclare cuál es su propósito con el traslado de 24 residentes del CAD de Sierrallana a otro centro concertado del sistema público de Servicios Sociales, al haber “ocultado” a la Cámara información sobre el proyecto.
Urrutia ha recordado que, a la vista de diferentes informaciones y denuncias del Comité de Empresa, el pasado 19 abril el Grupo Popular solicitó al Gobierno información sobre este traslado, que se plantea con la excusa de un problema de termitas y bajo el paraguas de unas supuestas obras en el módulo 1 de dicho CAD de titularidad pública.
Concretamente, según detalla Urrutia, el PP preguntó sobre este proyecto de obras y por el expediente de traslado de los residentes, “ya que no conocíamos ni los criterios técnicos ni las informaciones que habían trasladado a sus familias o en la junta de participación”.
La respuesta del Ejecutivo llega el día 16 de mayo por boca del subdirector de gestión administrativa y régimen interior del Instituto Cántabro de Servicio Sociales (ICASS), quien contesta que “no remite esos expedientes porque nada de lo solicitado se había hecho y por lo tanto no se podía trasladar”, según ha agregado la diputada.
“Nuestra sorpresa se produce cuando, dos días después, se anunciaba a las familias de los residentes afectados su traslado, y el martes 24 de mayo anunciaban en el consejo general del ICASS los pliegos del proyecto de obra”, lamenta la diputada.
“No nos gusta la actuación del Gobierno en este asunto y compartimos la preocupación de residentes, trabajadores, representantes de trabajadores, representantes políticos y ciudadanos por la forma de proceder del ICASS, no sólo en el CAD de Sierrallana, sino también en el resto de centros de titularidad pública”, ha sentenciado Isabel Urrutia.
Por todo ello, el PP instará en el Parlamento de Cantabria al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que durante la ejecución de las obras ninguno de los residentes del CAD de Sierrallana sea trasladado a otro centro; a mantener las plazas públicas de titularidad pública existentes y acreditadas en la actualidad cubriendo el personal necesario para realizar una atención de calidad y a cubrir de forma inmediata las plazas públicas de los centros de titularidad pública siempre que tengan solicitantes con derecho a ello, no permitiendo que queden plazas vacías mientras exista lista de espera en dichos centros.
El objetivo de esta iniciativa, según explica la diputada regional y portavoz de Política Social del PP, Isabel Urrutia, es además que el Gobierno de Cantabria aclare cuál es su propósito con el traslado de 24 residentes del CAD de Sierrallana a otro centro concertado del sistema público de Servicios Sociales, al haber “ocultado” a la Cámara información sobre el proyecto.
Urrutia ha recordado que, a la vista de diferentes informaciones y denuncias del Comité de Empresa, el pasado 19 abril el Grupo Popular solicitó al Gobierno información sobre este traslado, que se plantea con la excusa de un problema de termitas y bajo el paraguas de unas supuestas obras en el módulo 1 de dicho CAD de titularidad pública.
Concretamente, según detalla Urrutia, el PP preguntó sobre este proyecto de obras y por el expediente de traslado de los residentes, “ya que no conocíamos ni los criterios técnicos ni las informaciones que habían trasladado a sus familias o en la junta de participación”.
La respuesta del Ejecutivo llega el día 16 de mayo por boca del subdirector de gestión administrativa y régimen interior del Instituto Cántabro de Servicio Sociales (ICASS), quien contesta que “no remite esos expedientes porque nada de lo solicitado se había hecho y por lo tanto no se podía trasladar”, según ha agregado la diputada.
“Nuestra sorpresa se produce cuando, dos días después, se anunciaba a las familias de los residentes afectados su traslado, y el martes 24 de mayo anunciaban en el consejo general del ICASS los pliegos del proyecto de obra”, lamenta la diputada.
“No nos gusta la actuación del Gobierno en este asunto y compartimos la preocupación de residentes, trabajadores, representantes de trabajadores, representantes políticos y ciudadanos por la forma de proceder del ICASS, no sólo en el CAD de Sierrallana, sino también en el resto de centros de titularidad pública”, ha sentenciado Isabel Urrutia.
Por todo ello, el PP instará en el Parlamento de Cantabria al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que durante la ejecución de las obras ninguno de los residentes del CAD de Sierrallana sea trasladado a otro centro; a mantener las plazas públicas de titularidad pública existentes y acreditadas en la actualidad cubriendo el personal necesario para realizar una atención de calidad y a cubrir de forma inmediata las plazas públicas de los centros de titularidad pública siempre que tengan solicitantes con derecho a ello, no permitiendo que queden plazas vacías mientras exista lista de espera en dichos centros.
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