El borrador de Real Decreto en el que está trabajando el Gobierno central, en el que se establecen los aspectos centrales del régimen de las subvenciones destinadas a fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF a gestionar por las comunidades autónomas, opta por un modelo de gestión mixto, con un tramo estatal y un tramo autonómico, pese a que las competencias son exclusivas de las comunidades. Por tanto, lo que propone el Ejecutivo central es "sustancialmente contrario a lo que dice el Tribunal Constitucional en sus sentencias", la última del mes de enero que determina que el Gobierno traslade a las autonomías la gestión exclusiva de la financiación de las ONGs derivada del IRPF de acción social.
Díaz Tezanos ha manifestado su disconformidad por la "deslealtad" del Ministerio al intentar imponer a las Comunidades Autónomas un nuevo modelo de reparto que el Ministerio ha venido trabajando con el Tercer sector, a espaldas de las Comunidades autónomas cuando son las Comunidades Autónomas las competentes en exclusiva en materia de servicios sociales. "Nos convocan por primera vez cuatro meses después de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que las CCAA deben tener competencias en el reparto de fondos del 0,7% del IRPF, meses en los que el Estado ha estado trabajando en ese reparto a nuestras espaldas", manifestó.
Tras varias horas de debate, en las que Diaz Tezanos reclamó la lealtad con las Comunidades autónomas que el Estado no había demostrado hasta ahora, y ofreció diálogo y colaboración si la actitud de la ministra era diferente a la mostrada hasta ahora, las comunidades autónomas han hecho frente común para defender que las políticas sociales son "competencia exclusiva suya, y que por tanto el Estado tendrá que consensuar el modelo". Finalmente, se ha llegado a un acuerdo de mínimos por unanimidad que descarta la propuesta inicial del Ministerio, y como alternativa, aprueba un nuevo modelo mixto del reparto de fondos sociales con cargo a la casilla de fines sociales del IRPF, al no haber contado con las comunidades autónomas para su elaboración.
Este modelo mixto de gestión tendrá un tramo autonómico y otro estatal, y tras la reunión de la comisión delegada en los próximos ocho días, será el Consejo Territorial el que finalmente apruebe la concreción del modelo. Durante 2018 se creará un grupo de trabajo con el fin de evaluar el nuevo modelo mixto.
La consejera cántabra competente en políticas sociales ha denunciado, igualmente, desconocer los criterios de reparto para la asignación del IRPF de aproximadamente 400 millones, así como cuáles serán los créditos asignados a las comunidades autónomas. Díaz Tezanos ha manifestado que los fondos que hasta ahora transfería el Estado para poder financiar los servicios sociales municipales y para programas de colectivos en exclusión social o para pobreza infantil son totalmente insuficientes, dejando la aportación del Estado en algo "meramente testimonial" tras los recortes del PP que han llegado a ser en el ámbito social de un 68%.
Cantabria ha asistido a este Consejo con una actitud de colaboración con el Estado, pero ante "la falta de lealtad" que la ministra ha mostrado con las Comunidades autónomas, la vicepresidenta del Ejecutivo cántabro ha demandado "diálogo y colaboración, algo que hasta ahora no se había producido".
Por último, Eva Díaz Tezanos ha querido transmitir a las ONGs sociales tranquilidad, ya que "pese al planteamiento desleal por parte del Gobierno central, Cantabria trabajará para favorecer al Tercer Sector y defender su labor y pervivencia por la labor fundamental que desempeñan en el desarrollo de las políticas sociales", precisó.
Foto: Cortesía de EFE
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