La Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha dado a conocer a la Mesa de Diálogo Social, la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) y al Consejo Asesor de Medio Ambiente de Cantabria (CAMAC) el anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. Se trata del paso previo para someter el texto a aprobación en Consejo de Gobierno, con el fin de proceder a su posterior remisión al Parlamento de Cantabria.
La elaboración de este documento ha perseguido, desde sus inicios, en palabras de la vicepresidenta, la búsqueda de un "amplio proceso de participación con la intervención de colectivos profesionales y de las entidades públicas y privadas más representativas" con el objetivo de que esta Ley se adapte a la situación real del urbanismo en la Comunidad Autónoma.
Desde el Ejecutivo regional se ha buscado la elaboración de un texto normativo que aporte seguridad jurídica y permita favorecer las actividades económicas y el empleo, al mismo tiempo que proteger los valores medioambientales. La vicepresidenta ha señalado que con este paso se da cumplimiento a uno de los "principales compromisos" adquiridos por el Ejecutivo regional al comienzo de la legislatura.
El Consejo Asesor de Medio Ambiente fue constituido en 2006 como un instrumento de participación y consulta, orientado a promover el desarrollo equilibrado y sostenible de Cantabria, dando cauce a la participación de las organizaciones representativas de los intereses sociales y de personas de reconocido prestigio en la elaboración y seguimiento de la política ambiental de nuestra Comunidad Autónoma.
Actualmente el Consejo está formado por cincuenta miembros, representando éstos a las diferentes direcciones de la Administración regional, asociaciones, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales y diferentes entidades de diverso signo (sindicales, empresariales, universidad, etc.).
Durante su intervención la vicepresidenta ha expuesto las líneas fundamentales del texto elaborado y ha informado sobre cómo se ha desarrollado el proceso de elaboración y participación. Díaz Tezanos ha explicado que al anteproyecto de ley se comenzó a elaborar en octubre de 2015 sobre los pilares de la ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 2001, el texto que elaboró el anterior Gobierno, y novedades que ha aportado el actual equipo de trabajo de la Consejería.
Con todo ello, según ha relatado Díaz Tezanos, se elaboró un borrador del anteproyecto que se remitió de nuevo a todos los colectivos implicados y se publicó en el Portal de la Transparencia del Gobierno de Cantabria. Además, ha recordado que hasta el pasado 2 de febrero se han presentado 18 alegaciones de diferentes corporaciones y de otros 14 ayuntamientos, y el Gobierno ha asumido en torno al 85% de las alegaciones planteadas.
Díaz Tezanos ha señalado que se han producido numerosas modificaciones legislativas autonómicas que han afectado directamente a la vigente Ley del Suelo de 2001, "sin olvidar la incidencia que sobre las misma han tenido las sucesivas leyes estatales que han ido surgiendo". Además, ha de considerarse que la Ordenación del Territorio y el Urbanismo son funciones de servicio público cuya responsabilidad corresponde a la CCAA y sus Ayuntamientos, lo cual no ha de significar un rechazo a la iniciativa y participación privada. La vicepresidenta ha subrayado que esta Ley permitirá favorecer la cohesión territorial, la compactación de ciudades y la mejora de los sistemas de vida tradicionales en las áreas rurales.
Presentación en la Mesa de Diálogo Social y en el COTU
El texto normativa también ha sido presentado, esta mañana, en la Mesa Sectorial de Diálogo Social del Medio Ambiente, que forma parte de las once mesas sectoriales que el Gobierno acordó crear con CEOE-CEPYME Cantabria, UGT y CCOO para recuperar el diálogo social y en el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU).
La Mesa Sectorial de Medio Ambiente y Política Territorial está compuesta por representantes de CEOE-CEPYME Cantabria, UGT y CCOO, además del director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio; el director general de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, José Manuel Lombera; el director general de Urbanismo, Francisco González; el director del CIMA, Jesús García y la secretaria general de la Consejería, Virginia Martinez.
Y por su parte, el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo, presidido por Eva Díaz Tezanos, cuenta con la participación además de 35 vocales, entre los que están el director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Lombera; el de Urbanismo, Francisco González Buendía, y un representante de cada una de las Consejerías del Ejecutivo regional. Además, de la Administración Autonómica, forma parte del COTU un representante de la Administración General del Estado, y tres en nombre de la Federación de Municipios de Cantabria.
También forman parte de este órgano consultivo, los colegios profesionales de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; de Arquitectos, el colegio profesional de Geógrafos, el de Abogados, el de Arquitectos Técnicos, el de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, el Colegio de Biólogos, el de Economistas, y el de Ingenieros de Minas. Además, están representados los Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, los Ingenieros Técnicos Agrícolas de Cantabria, y el de Ingenieros Técnicos Forestales.
La Universidad de Cantabria, las organizaciones sindicales más representativas de la región, la Asociación de Constructores y Promotores, la Cámara de Comercio de Cantabria y las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma están presentes en este órgano consultivo que cuenta, además, con dos representantes de las asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la defensa del medio ambiente.
La elaboración de este documento ha perseguido, desde sus inicios, en palabras de la vicepresidenta, la búsqueda de un "amplio proceso de participación con la intervención de colectivos profesionales y de las entidades públicas y privadas más representativas" con el objetivo de que esta Ley se adapte a la situación real del urbanismo en la Comunidad Autónoma.
Desde el Ejecutivo regional se ha buscado la elaboración de un texto normativo que aporte seguridad jurídica y permita favorecer las actividades económicas y el empleo, al mismo tiempo que proteger los valores medioambientales. La vicepresidenta ha señalado que con este paso se da cumplimiento a uno de los "principales compromisos" adquiridos por el Ejecutivo regional al comienzo de la legislatura.
El Consejo Asesor de Medio Ambiente fue constituido en 2006 como un instrumento de participación y consulta, orientado a promover el desarrollo equilibrado y sostenible de Cantabria, dando cauce a la participación de las organizaciones representativas de los intereses sociales y de personas de reconocido prestigio en la elaboración y seguimiento de la política ambiental de nuestra Comunidad Autónoma.
Actualmente el Consejo está formado por cincuenta miembros, representando éstos a las diferentes direcciones de la Administración regional, asociaciones, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales y diferentes entidades de diverso signo (sindicales, empresariales, universidad, etc.).
Durante su intervención la vicepresidenta ha expuesto las líneas fundamentales del texto elaborado y ha informado sobre cómo se ha desarrollado el proceso de elaboración y participación. Díaz Tezanos ha explicado que al anteproyecto de ley se comenzó a elaborar en octubre de 2015 sobre los pilares de la ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 2001, el texto que elaboró el anterior Gobierno, y novedades que ha aportado el actual equipo de trabajo de la Consejería.
Con todo ello, según ha relatado Díaz Tezanos, se elaboró un borrador del anteproyecto que se remitió de nuevo a todos los colectivos implicados y se publicó en el Portal de la Transparencia del Gobierno de Cantabria. Además, ha recordado que hasta el pasado 2 de febrero se han presentado 18 alegaciones de diferentes corporaciones y de otros 14 ayuntamientos, y el Gobierno ha asumido en torno al 85% de las alegaciones planteadas.
Díaz Tezanos ha señalado que se han producido numerosas modificaciones legislativas autonómicas que han afectado directamente a la vigente Ley del Suelo de 2001, "sin olvidar la incidencia que sobre las misma han tenido las sucesivas leyes estatales que han ido surgiendo". Además, ha de considerarse que la Ordenación del Territorio y el Urbanismo son funciones de servicio público cuya responsabilidad corresponde a la CCAA y sus Ayuntamientos, lo cual no ha de significar un rechazo a la iniciativa y participación privada. La vicepresidenta ha subrayado que esta Ley permitirá favorecer la cohesión territorial, la compactación de ciudades y la mejora de los sistemas de vida tradicionales en las áreas rurales.
Presentación en la Mesa de Diálogo Social y en el COTU
El texto normativa también ha sido presentado, esta mañana, en la Mesa Sectorial de Diálogo Social del Medio Ambiente, que forma parte de las once mesas sectoriales que el Gobierno acordó crear con CEOE-CEPYME Cantabria, UGT y CCOO para recuperar el diálogo social y en el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU).
La Mesa Sectorial de Medio Ambiente y Política Territorial está compuesta por representantes de CEOE-CEPYME Cantabria, UGT y CCOO, además del director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio; el director general de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, José Manuel Lombera; el director general de Urbanismo, Francisco González; el director del CIMA, Jesús García y la secretaria general de la Consejería, Virginia Martinez.
Y por su parte, el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo, presidido por Eva Díaz Tezanos, cuenta con la participación además de 35 vocales, entre los que están el director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Lombera; el de Urbanismo, Francisco González Buendía, y un representante de cada una de las Consejerías del Ejecutivo regional. Además, de la Administración Autonómica, forma parte del COTU un representante de la Administración General del Estado, y tres en nombre de la Federación de Municipios de Cantabria.
También forman parte de este órgano consultivo, los colegios profesionales de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; de Arquitectos, el colegio profesional de Geógrafos, el de Abogados, el de Arquitectos Técnicos, el de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, el Colegio de Biólogos, el de Economistas, y el de Ingenieros de Minas. Además, están representados los Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, los Ingenieros Técnicos Agrícolas de Cantabria, y el de Ingenieros Técnicos Forestales.
La Universidad de Cantabria, las organizaciones sindicales más representativas de la región, la Asociación de Constructores y Promotores, la Cámara de Comercio de Cantabria y las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma están presentes en este órgano consultivo que cuenta, además, con dos representantes de las asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la defensa del medio ambiente.
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