El equipo de gobierno que preside Isidoro Rábago, a instancias de los servicios jurídicos municipales ha tomado esta decisión una vez finalizada la fase de instrucción en la que se ha detectado una conculcación de normas de derecho penal.
El equipo de gobierno ha querido aclarar que se han realizado todas las actuaciones previas necesarias a través de un instructor de la causa, el interventor municipal, que ha estado asesorado por el secretario del ayuntamiento de Santillana del Mar. En dichas actuaciones se procedió a la resolución de iniciación del procedimiento que se notificó a los presuntos responsables, que tras conocer dicho procedimiento decidieron no presentar ninguna alegación a la misma.
Una vez finalizado el plazo de instrucción y de alegaciones, el instructor procedió a examinar si todas las actuaciones, además de vulnerar normas de derecho administrativo y de derecho laboral, vulneraban también normas de derecho penal. La conclusión del instructor ha sido que, efectivamente se ha producido una conculcación de normas de derecho penal, en concreto, malversación de fondos públicos.
Ante la apreciación del presunto delito de malversación de fondos públicos, el instructor de la causa, es decir, el interventor municipal, tiene la obligación de comunicar los hechos al ministerio fiscal, de hecho la instrucción ha sido presentada ante la Fiscalía el pasado lunes 31 de octubre.
Según el equipo de gobierno “ahora sólo queda esperar la respuesta de la fiscalía”, ya que si el Ministerio fiscal considera que existen motivos para iniciar un procedimiento penal el ayuntamiento suspendería el procedimiento administrativo y laboral, mientras que si la fiscalía no iniciara el procedimiento penal el consistorio anuncia que “continuaría con el procedimiento administrativo y laboral”.
Por último el ayuntamiento de Santillana del Mar recuerda que los presuntos responsables son 6 trabajadores municipales, uno de ellos tiene la condición de funcionario, mientras que los otros cinco son trabajadores con contrato laboral al servicio del ayuntamiento, queriendo aclarar de este modo, que en ningún caso, los responsables son los trece operarios que desarrollaron su trabajo en los aparcamientos municipales.
El equipo de gobierno ha querido aclarar que se han realizado todas las actuaciones previas necesarias a través de un instructor de la causa, el interventor municipal, que ha estado asesorado por el secretario del ayuntamiento de Santillana del Mar. En dichas actuaciones se procedió a la resolución de iniciación del procedimiento que se notificó a los presuntos responsables, que tras conocer dicho procedimiento decidieron no presentar ninguna alegación a la misma.
Una vez finalizado el plazo de instrucción y de alegaciones, el instructor procedió a examinar si todas las actuaciones, además de vulnerar normas de derecho administrativo y de derecho laboral, vulneraban también normas de derecho penal. La conclusión del instructor ha sido que, efectivamente se ha producido una conculcación de normas de derecho penal, en concreto, malversación de fondos públicos.
Ante la apreciación del presunto delito de malversación de fondos públicos, el instructor de la causa, es decir, el interventor municipal, tiene la obligación de comunicar los hechos al ministerio fiscal, de hecho la instrucción ha sido presentada ante la Fiscalía el pasado lunes 31 de octubre.
Según el equipo de gobierno “ahora sólo queda esperar la respuesta de la fiscalía”, ya que si el Ministerio fiscal considera que existen motivos para iniciar un procedimiento penal el ayuntamiento suspendería el procedimiento administrativo y laboral, mientras que si la fiscalía no iniciara el procedimiento penal el consistorio anuncia que “continuaría con el procedimiento administrativo y laboral”.
Por último el ayuntamiento de Santillana del Mar recuerda que los presuntos responsables son 6 trabajadores municipales, uno de ellos tiene la condición de funcionario, mientras que los otros cinco son trabajadores con contrato laboral al servicio del ayuntamiento, queriendo aclarar de este modo, que en ningún caso, los responsables son los trece operarios que desarrollaron su trabajo en los aparcamientos municipales.
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