El grupo político municipal Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha presentado seis alegaciones (durante el periodo de exposición pública) a la autorización de construcción de un campo de golf y pádel, cancha de prácticas e instalaciones de snack bar, restaurante y construcciones complementarias en una finca en Torres, presentada por la Coordinadora contra el Paro de la ciudad y la Comarca (Coorcopar).
ACPT indica en sus alegaciones, que conforme al contrato de cesión de la finca que firmaron la empresa pública Mare (dependiente del Gobierno regional) y Coorcopar, en abril de 2015, se señala que en la parcela "solo puede ejecutarse trabajos superficiales y sin cargas elevadas".
Y añade que el informe del Ayuntamiento que obra en el expediente, de fecha 24 de agosto de 2016, reconoce que las edificaciones previstas no se detallan en el proyecto, por lo que a su juicio incumple la Ley del Suelo.
Para ACPT la actuación pretendida debe estar sometida a evaluación ambiental porque se trata de un proyecto que supone un cambio de suelo, ya que los terrenos ahora no son utilizados para uso deportivo.
También considera que las actuaciones pueden interferir en el proceso de inundación de la antigua mina de Azsa, según lo ha advertido la propia entidad minera.
ACPT afirma en otra de sus alegaciones que "la precaución en este sentido debe ser máxima, ya que existen vecinos colindantes que pueden verse afectados por cualquier actuación que interfiera en el proceso de inundación de la Mina. Y más precaución se precisa cuando está acreditado que ya existen vecinos damnificados de forma muy severa en La Turbera”,
ACPT indica en sus alegaciones, que conforme al contrato de cesión de la finca que firmaron la empresa pública Mare (dependiente del Gobierno regional) y Coorcopar, en abril de 2015, se señala que en la parcela "solo puede ejecutarse trabajos superficiales y sin cargas elevadas".
Y añade que el informe del Ayuntamiento que obra en el expediente, de fecha 24 de agosto de 2016, reconoce que las edificaciones previstas no se detallan en el proyecto, por lo que a su juicio incumple la Ley del Suelo.
Para ACPT la actuación pretendida debe estar sometida a evaluación ambiental porque se trata de un proyecto que supone un cambio de suelo, ya que los terrenos ahora no son utilizados para uso deportivo.
También considera que las actuaciones pueden interferir en el proceso de inundación de la antigua mina de Azsa, según lo ha advertido la propia entidad minera.
ACPT afirma en otra de sus alegaciones que "la precaución en este sentido debe ser máxima, ya que existen vecinos colindantes que pueden verse afectados por cualquier actuación que interfiera en el proceso de inundación de la Mina. Y más precaución se precisa cuando está acreditado que ya existen vecinos damnificados de forma muy severa en La Turbera”,
ACPT señala además en otra alegación que toda la parcela donde se pretende llevar a cabo la actuación urbanística está altamente contaminada, resultando inviable destinar la misma al uso deportivo y hostelero proyectado, por poner en peligro gravemente la salud de las personas que trabajen en el proyecto y que acudan a las instalaciones en su día. Y añade que la contaminación de la parcela ha sido denunciada por la asociación Ecologistas en Acción, ante este Ayuntamiento y ante la Administración Regional.
Finalmente, ACPT considera que cualquier actuación en este entorno tiene que venir informado previamente por parte de organismo de cuenca, es decir, por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. La cual, por otro lado, debe realizar un estudio de situación que posiblemente imponga restricciones del uso de las aguas del entorno.
Finalmente, ACPT considera que cualquier actuación en este entorno tiene que venir informado previamente por parte de organismo de cuenca, es decir, por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. La cual, por otro lado, debe realizar un estudio de situación que posiblemente imponga restricciones del uso de las aguas del entorno.
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