El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha presidido, junto con el director general de Vivienda, Francisco Gómez Blanco, y el gerente de Gesvican, José Orruela, la reunión que ha celebrado el Observatorio de la Vivienda y Suelo de Cantabria.
Tras el encuentro, Mazón ha detallado el contenido del informe que incluye una valoración sobre la emergencia habitacional en Cantabria, entendida como una situación que impide el acceso a una vivienda digna, y un análisis del perfil del demandante de vivienda protegida.
Dentro de estos dos grandes apartados, el informe se centra en la problemática de las ejecuciones hipotecarias; la situación de los afectados; la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional (OIHEH) y el papel de las plataformas antidesahucios y la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social, entre otros aspectos.
Dentro del concepto genérico de emergencia habitacional, el informe contiene datos sobre las situaciones derivadas de las diferentes condiciones de habitabilidad, los desahucios provocados por el impago del alquiler y los lanzamientos consecuencia de las ejecuciones hipotecarias.
En relación con los problemas derivados de las ejecuciones hipotecarias, Mazón ha explicado que "se han aplicado algunas medidas para evitar el lanzamiento y defender al deudor hipotecario". Algo que ha cambiado la situación.
A este respecto, el informe especifica que, desde el año 2007, los procedimientos de ejecuciones iniciados en Cantabria ascendieron a más de 5.000. Concretando que, entre las cifras que cuantifican el inicio y el final de procedimiento, puede haber un desfase muy importante debido fundamentalmente a los acuerdos extra judiciales a los que pueden llegar las partes entre los que figuran las ventas, las daciones en pago, reestructuraciones de deuda, etc. En Cantabria, estos acuerdos tienen un peso importante sobre el total de ejecuciones, representando en el año 2012 un 21,86% del total.
"Los lanzamientos aumentaron en el año 2015 en Cantabria, llegando a los 311 por ejecución hipotecaria. Y por impagos de alquiler, que también están siendo constantes en estos años, se ha llegado a 462 lanzamientos", según ha explicado Mazón.
En cuanto a la demanda de vivienda el consejero ha explicado que se centra principalmente en "Santander, Torrelavega, Castro y Reinosa, que cubren más de 80% de la demanda total".
Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional (OIEHE)
Mazón ha destacado en su intervención el importante papel desarrollado por la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional (OIEHE), creada con la finalidad de evitar los lanzamientos de las viviendas, tanto de procedimientos de ejecución hipotecaria como de arrendamientos, y, en los casos en que esto es inevitable, buscar la reubicación urgente de los afectados en viviendas que puedan pagar.
De las situaciones tratadas, un 50% se corresponde con problemáticas hipotecarias y un 50% con casos de personas que no pueden acceder al mercado de alquiler (24) o han sido desahuciados de su vivienda por impagos (18) y buscan una vivienda de alquiler social.
Durante el primer trimestre de 2016, la OIHEH ha atendido a 85 personas y ha evitado (hasta el 15 de abril) 10 lanzamientos de viviendas, 5 de desahucio hipotecario y 5 de desahucio de alquiler. Además,se ha alojado en viviendas del parque público de alquiler a 5 personas que han tenido que dejar sus viviendas por impagos.
Perfil del demandante de vivienda protegida
Según los datos analizados, la mayoría de los demandantes, un 71%, son jóvenes menores de 35 años, mientras que un 45% tiene una edad comprendida entre los 25 y 34 años.
La inmensa mayoría de los solicitantes es de nacionalidad española (un 92, 89%). Entre los extranjeros, el grupo más numeroso es el de los sudamericanos (un 57,57%).
Atendiendo a su situación familiar, puede afirmarse con rotundidad, que la mayoría de los solicitantes son solteros sin hijos. Los casados únicamente constituyen el 15,53% del total de solicitantes, con un 23,9 % con hijos a su cargo. Aunque mayoritariamente son hijos menores de 25 años, 55 solicitudes corresponden a unidades familiares con hijos mayores de 25 años.
Finalmente, un 6,2% de los solicitantes tiene algún grado de minusvalía, siendo mayoritario el colectivo de los que tienen una minusvalía mayor o igual al 33%.
Como resumen pude concluirse, que el comprador de viviendas protegida es mayoritariamente soltero, joven y sin hijos a su cargo, aunque no tan joven como el demandante de vivienda registrado.
Plataformas antidesahucios
El consejero ha expuesto el papel desarrollado por las plataformas antidesahucios. Concretamente la Plataforma Antidesahucios de Santander (PAH), ha tratado desde su fundación, a finales de 2012, un total de 75 casos con un elevado número de soluciones satisfactorias, paralizando 15 desahucios con fecha de lanzamiento, y logrado en 10 ocasiones que el afectado se quede en la vivienda hipotecada en régimen de alquiler social, consiguiendo reestructuraciones de deuda y 25 daciones en pago con cancelación total de la deuda.
La Plataforma Antidesahuciosde Torrelavega ha tratado más de un centenar de casos desde su inicio, con 27 resoluciones satisfactorias; y la de Castro Urdiales ha atendido, en el año 2015, 7 situaciones de desahucio por ejecuciones hipotecarias y 18 casos de desahucio en alquileres y ha conseguido paralizar cinco lanzamientos procedentes de procedimientos de ejecución hipotecaria.
El consejero ha mostrado también los datos de la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social, formada por diez entidades que actúan en el ámbito autonómico, entre las que se encuentra Amica, COCEMFE, Caritas Diocesana o La Cruz Roja.
Esta última organización ha atendido en Cantabria a 9.893 personas en situación de vulnerabilidad residencial. Caritas Diocesana, por su parte, ha prestado ayuda a 876 personas.
Conclusiones
La crisis económica ha afectado profundamente a las familias, reduciendo la renta disponible y provocando que muchas tengan serias dificultades para llegar a fin de mes. La situación es especialmente dura cuando llega a tales límites que es necesario dejar de pagar la hipoteca. Algo que era impensable hace menos de diez años y que actualmente es frecuente.
La compra de vivienda incentivada desde los poderes públicos incluso a edades muy tempranas favoreció un aumento de la demanda. El carácter alcista de los precios ha provocado que la vivienda fuese un refugio de la inversión que generaba una alta rentabilidad, alejándose de su finalidad primigenia de servir de soporte residencial a las familias como bien de primera necesidad.
La hipoteca, por su parte, ha constituido el vehículo necesario para obtener financiación sub¿prime que hizo posible que esta combinación generara una burbuja que finalmente pinchó.
En tiempos de bonanza económica nadie se preocupó de revisar la legislación hipotecaria para evitar abusos y desigualdades entre las partes y, en la crisis, la reacción ha sido más bien tímida, aprobando varios reales decretos de medidas urgentes de protección de los deudores hipotecarios.
Llegados a este punto, la situación empieza a ser desesperada y los agentes sociales demandan soluciones, mientras que las plataformas antidesahucios presionan para conseguir acuerdos con los bancos y modificaciones legislativas, aunque aún falta mucho camino por recorrer en esta materia.
El informe plantea la necesidad de mejorar la formación de los profesionales implicados y dar previsibilidad a los procedimientos judiciales y extrajudiciales para que los ciudadanos sepan a qué atenerse y puedan tomar medidas preventivas atajando situaciones desesperadas.
Por ello detalla que la sociedad debe tomar conciencia de lo importante que es la prevención para evitar la exclusión social.
Finalmente, recuerda que las organizaciones sociales que trabajan con los sectores más desfavorecidos demandan ayuda y viviendas públicas de alquiler social para que el derecho de acceso a una vivienda digna sea una realidad al alcance de todos.
Enlace Observatorio de la Vivienda y Suelo de Cantabria: http://www.observatoriovivienda.cantabria.es
Tras el encuentro, Mazón ha detallado el contenido del informe que incluye una valoración sobre la emergencia habitacional en Cantabria, entendida como una situación que impide el acceso a una vivienda digna, y un análisis del perfil del demandante de vivienda protegida.
Dentro de estos dos grandes apartados, el informe se centra en la problemática de las ejecuciones hipotecarias; la situación de los afectados; la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional (OIHEH) y el papel de las plataformas antidesahucios y la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social, entre otros aspectos.
Dentro del concepto genérico de emergencia habitacional, el informe contiene datos sobre las situaciones derivadas de las diferentes condiciones de habitabilidad, los desahucios provocados por el impago del alquiler y los lanzamientos consecuencia de las ejecuciones hipotecarias.
En relación con los problemas derivados de las ejecuciones hipotecarias, Mazón ha explicado que "se han aplicado algunas medidas para evitar el lanzamiento y defender al deudor hipotecario". Algo que ha cambiado la situación.
A este respecto, el informe especifica que, desde el año 2007, los procedimientos de ejecuciones iniciados en Cantabria ascendieron a más de 5.000. Concretando que, entre las cifras que cuantifican el inicio y el final de procedimiento, puede haber un desfase muy importante debido fundamentalmente a los acuerdos extra judiciales a los que pueden llegar las partes entre los que figuran las ventas, las daciones en pago, reestructuraciones de deuda, etc. En Cantabria, estos acuerdos tienen un peso importante sobre el total de ejecuciones, representando en el año 2012 un 21,86% del total.
"Los lanzamientos aumentaron en el año 2015 en Cantabria, llegando a los 311 por ejecución hipotecaria. Y por impagos de alquiler, que también están siendo constantes en estos años, se ha llegado a 462 lanzamientos", según ha explicado Mazón.
En cuanto a la demanda de vivienda el consejero ha explicado que se centra principalmente en "Santander, Torrelavega, Castro y Reinosa, que cubren más de 80% de la demanda total".
Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional (OIEHE)
Mazón ha destacado en su intervención el importante papel desarrollado por la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional (OIEHE), creada con la finalidad de evitar los lanzamientos de las viviendas, tanto de procedimientos de ejecución hipotecaria como de arrendamientos, y, en los casos en que esto es inevitable, buscar la reubicación urgente de los afectados en viviendas que puedan pagar.
De las situaciones tratadas, un 50% se corresponde con problemáticas hipotecarias y un 50% con casos de personas que no pueden acceder al mercado de alquiler (24) o han sido desahuciados de su vivienda por impagos (18) y buscan una vivienda de alquiler social.
Durante el primer trimestre de 2016, la OIHEH ha atendido a 85 personas y ha evitado (hasta el 15 de abril) 10 lanzamientos de viviendas, 5 de desahucio hipotecario y 5 de desahucio de alquiler. Además,se ha alojado en viviendas del parque público de alquiler a 5 personas que han tenido que dejar sus viviendas por impagos.
Perfil del demandante de vivienda protegida
Según los datos analizados, la mayoría de los demandantes, un 71%, son jóvenes menores de 35 años, mientras que un 45% tiene una edad comprendida entre los 25 y 34 años.
La inmensa mayoría de los solicitantes es de nacionalidad española (un 92, 89%). Entre los extranjeros, el grupo más numeroso es el de los sudamericanos (un 57,57%).
Atendiendo a su situación familiar, puede afirmarse con rotundidad, que la mayoría de los solicitantes son solteros sin hijos. Los casados únicamente constituyen el 15,53% del total de solicitantes, con un 23,9 % con hijos a su cargo. Aunque mayoritariamente son hijos menores de 25 años, 55 solicitudes corresponden a unidades familiares con hijos mayores de 25 años.
Finalmente, un 6,2% de los solicitantes tiene algún grado de minusvalía, siendo mayoritario el colectivo de los que tienen una minusvalía mayor o igual al 33%.
Como resumen pude concluirse, que el comprador de viviendas protegida es mayoritariamente soltero, joven y sin hijos a su cargo, aunque no tan joven como el demandante de vivienda registrado.
Plataformas antidesahucios
El consejero ha expuesto el papel desarrollado por las plataformas antidesahucios. Concretamente la Plataforma Antidesahucios de Santander (PAH), ha tratado desde su fundación, a finales de 2012, un total de 75 casos con un elevado número de soluciones satisfactorias, paralizando 15 desahucios con fecha de lanzamiento, y logrado en 10 ocasiones que el afectado se quede en la vivienda hipotecada en régimen de alquiler social, consiguiendo reestructuraciones de deuda y 25 daciones en pago con cancelación total de la deuda.
La Plataforma Antidesahuciosde Torrelavega ha tratado más de un centenar de casos desde su inicio, con 27 resoluciones satisfactorias; y la de Castro Urdiales ha atendido, en el año 2015, 7 situaciones de desahucio por ejecuciones hipotecarias y 18 casos de desahucio en alquileres y ha conseguido paralizar cinco lanzamientos procedentes de procedimientos de ejecución hipotecaria.
El consejero ha mostrado también los datos de la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social, formada por diez entidades que actúan en el ámbito autonómico, entre las que se encuentra Amica, COCEMFE, Caritas Diocesana o La Cruz Roja.
Esta última organización ha atendido en Cantabria a 9.893 personas en situación de vulnerabilidad residencial. Caritas Diocesana, por su parte, ha prestado ayuda a 876 personas.
Conclusiones
La crisis económica ha afectado profundamente a las familias, reduciendo la renta disponible y provocando que muchas tengan serias dificultades para llegar a fin de mes. La situación es especialmente dura cuando llega a tales límites que es necesario dejar de pagar la hipoteca. Algo que era impensable hace menos de diez años y que actualmente es frecuente.
La compra de vivienda incentivada desde los poderes públicos incluso a edades muy tempranas favoreció un aumento de la demanda. El carácter alcista de los precios ha provocado que la vivienda fuese un refugio de la inversión que generaba una alta rentabilidad, alejándose de su finalidad primigenia de servir de soporte residencial a las familias como bien de primera necesidad.
La hipoteca, por su parte, ha constituido el vehículo necesario para obtener financiación sub¿prime que hizo posible que esta combinación generara una burbuja que finalmente pinchó.
En tiempos de bonanza económica nadie se preocupó de revisar la legislación hipotecaria para evitar abusos y desigualdades entre las partes y, en la crisis, la reacción ha sido más bien tímida, aprobando varios reales decretos de medidas urgentes de protección de los deudores hipotecarios.
Llegados a este punto, la situación empieza a ser desesperada y los agentes sociales demandan soluciones, mientras que las plataformas antidesahucios presionan para conseguir acuerdos con los bancos y modificaciones legislativas, aunque aún falta mucho camino por recorrer en esta materia.
El informe plantea la necesidad de mejorar la formación de los profesionales implicados y dar previsibilidad a los procedimientos judiciales y extrajudiciales para que los ciudadanos sepan a qué atenerse y puedan tomar medidas preventivas atajando situaciones desesperadas.
Por ello detalla que la sociedad debe tomar conciencia de lo importante que es la prevención para evitar la exclusión social.
Finalmente, recuerda que las organizaciones sociales que trabajan con los sectores más desfavorecidos demandan ayuda y viviendas públicas de alquiler social para que el derecho de acceso a una vivienda digna sea una realidad al alcance de todos.
Enlace Observatorio de la Vivienda y Suelo de Cantabria: http://www.observatoriovivienda.cantabria.es
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