El Gobierno de
Cantabria se ha fijado como uno de sus principales objetivos para la presente
legislatura recuperar el carácter público del Servicio de Emergencias
112, desmantelado por el anterior Ejecutivo, así como mejorar su dotación con
más medios materiales y personales.
Así lo ha señalado
el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, quien ha
comparecido a petición propia en comisión parlamentaria con el fin de informar
sobre los proyectos de su departamento para los próximos cuatro años.
Rafael de la Sierra,
que ha acudido al Parlamento acompañado por los miembros de su equipo, ha
apuntado como otros retos el establecimiento, al igual que en 2007, de un
acuerdo marco administración-sindicatos sobre las condiciones de trabajo y
mejora de la calidad de los servicios, que "servirá de base y de guía en
las relaciones con los empleados públicos".
Del mismo modo, ha
adelantado que su Consejería abordará el problema de las sedes judiciales y
demandará ante el Ministerio la creación de dos juzgados en Santander y otro en
Torrelavega, así como el refuerzo del de San Vicente de la Barquera.
Protección Civil
En su intervención,
el consejero de Presidencia ha defendido la necesidad de impulsar el carácter
público del Servicio de Protección Civil y Emergencias autonómico, frente a un
Gobierno que en la anterior legislatura "desmanteló el sistema",
creado durante los años 2003 y 2011.
Ha lamentado la
privatización del servicio, la implantación de un ERE, la pérdida de derechos
de los trabajadores y el despido de técnicos competentes. A su juicio,
"solo la profesionalidad" de los empleados del servicio de Protección
Civil y del 112 ha mantenido la calidad del servicio durante la anterior etapa.
Para profundizar en
su carácter público, el consejero ha anunciado que se ha decidido crear una
comisión con los sindicatos para analizar la conveniencia de que el 112 se
convierta en un organismo público o mantener la actual situación como sociedad
participada.
De cualquier forma,
ha asegurado que se mejorarán sus medios materiales y personales, se impulsarán
protocolos de actuación en emergencias para mejorar la coordinación y se
atenderán las nuevas necesidades de los municipios.
En esta misma
materia, De la Sierra ha apuntado que se actualizará la Ley de Protección Civil
autonómica, teniendo en cuenta la nueva norma nacional y los planes de
emergencia autonómicos. El consejero ha destacado la próxima mejora del
servicio de medicalización del helicóptero y la firma de un nuevo convenio para
el servicio de espeleosocorro en la Comunidad.
Justicia y cooperación ,local
Tras asegurar la
puesta en marcha del expediente judicial electrónico el 1 de enero de 2016, el
consejero se ha fijado como objetivo a futuro dar una "solución
definitiva" al problema de las sedes judiciales en Cantabria y afrontar la
rehabilitación del edificio de la antigua Tabacalera en la calle Alta.
El Gobierno regional
demandará la creación del séptimo juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Torrelavega; de otro nuevo juzgado de lo Mercantil en Santander y el juzgado
número doce en esta misma demarcación, al igual que un refuerzo en San Vicente
de la Barquera.
Otros retos del
servicio serán la implantación de la oficina judicial y la oficina fiscal; el
desarrollo normativo de la Ley de Mediación y su impulso; mejorar la
tramitación de los expedientes de justicia gratuita, y las relaciones con los
colectivos y asociaciones de este ámbito.
En materia de
Cooperación Local, el consejero ha criticado la "política de asfixia"
a los ayuntamientos, sobre todos los pequeños, y ha vuelto a comprometer el
restablecimiento del fondo de cooperación local y de los criterios para su
reparto fijados en 2011, una inversión municipal que alcanzará en los
presupuestos regionales los 22 millones de euros, frente a los cuatro del
presente año.
"Las
inversiones en infraestructuras municipales se redujeron casi un 10 por
ciento", ha señalado el consejero, y ha anunciado, frente a esta
situación, el desarrollo del Plan de Obras y Servicios.
A pesar de estar en
contra del nuevo régimen local y plantear que el modelo pueda ser modificado
tras las elecciones generales, De la Sierra ha afirmado que se tomarán las
medidas necesarias para su correcta aplicación. Este es el caso de la
delimitación competencial y el establecimiento de medios y procedimientos para
ello.
Además, se elaborará
una nueva Ley de Régimen local de Cantabria, adaptada a la normativa básica,
por lo que De la Sierra ha apuntado que el Gobierno deberá esperar a su
aprobación.
Función pública
El primer objetivo
será "recuperar derechos perdidos por los empleados y contribuir a
recuperar la imagen y prestigio de la función pública". Según De la
Sierra, durante la anterior etapa del Partido Popular hubo una "gran
agresión" a los derechos de los empleados públicos, entre los que ha
citado la congelación de las retribuciones; la falta de oferta de empleo
público; el incremento de la jornada de trabajo; la supresión de la paga extra;
la suspensión o modificación de los convenios; la reducción de los días de libre
disposición; la limitación de los derechos sindicales, y la modificación del
régimen retributivo durante la incapacidad temporal.
Una rebaja de
derechos que en el caso de Cantabria, en su opinión, fue "más
intensa" con la aprobación en 2012 del decreto del anterior Ejecutivo.
Para dar la vuelta a
esta situación, el consejero de Presidencia ha anunciado que el Ejecutivo
intentará alcanzar un acuerdo- marco entre la Administración y los sindicatos,
que sirva "de base y guía en relaciones con los trabajadores".
Entre sus líneas, De
la Sierra ha citado la elaboración de una nueva Ley de Función Pública, una
norma "desfasada" que data de 2003, y la redacción de un nuevo
convenio colectivo para el personal laboral.
Del mismo modo, ha
abogado por un acuerdo que establezca las bases para la convocatoria de los
concursos méritos, junto a criterios necesarios para la elaboración de las
ofertas de empleo público, y la concesión de las comisiones de servicio para la
provisión de puestos de trabajo.
En este último
punto, De la Sierra ha criticado, al igual que ya lo han hecho diversos
sindicatos, la generalización de este sistema "que debe ser
excepcional", y ahora mismo hasta 600 puestos de trabajo están cubiertos
de esta forma. "Este Gobierno se compromete a defender los criterios de
igualdad, mérito y capacidad", para lo que procederá a la regulación de
las comisiones de servicio.
Las conversaciones
para este acuerdo marco se iniciarán este mismo viernes con la convocatoria de
la Mesa Sectorial de Función Pública, ha informado el consejero.
Formación de los empleados públicos
Con el objetivo de
mejorar la calidad en la función pública, la Consejería de Presidencia mejorará
la formación de los funcionarios, que el anterior Gobierno "dejó
languidecer" y ha puesto de ejemplo la reducción de los cursos de
formación continua que han pasado en cuatro años de 240 acciones a 97.
Por eso, se
potenciará el Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria
(CEARC), encargado de la formación de los empleados públicos, y se mantendrá el
programa de formación para los trabajadores de los ayuntamientos, dado la
"gran acogida" del plan diseñado por el Gobierno actual de forma
urgente para no perder los fondos estatales.
Se establecerán un
catálogo de cursos y se organizarán el curso básico de policía local, además de
incrementar la formación en materia de Protección Civil y on line en general.
Renovación tecnológica
Durante su
comparecencia, el consejero de Presidencia ha lamentado el "grave
problema" que ha supuesto la anulación del proyecto OSIRIS por parte del
Tribunal Central de Recursos Administrativos, lo que ha retrasado la mejora
tecnológica y el desarrollo de la Administración digital.
De la Sierra se ha
comprometido a la inmediata puesta en marcha de este programa, mediante una
nueva licitación y adjudicación del servicio, para que se pueda poner en
funcionamiento en abril de 2016.
Ha defendido su
vital importancia para la actividad de los servicios públicos, que supondrá la
renovación de los ordenadores de la Administración regional actualmente
obsoletos, así como la introducción de herramientas informáticas para eliminar
el papel. Todo ello hará ganar en eficiencia, seguridad y ahorro en el consumo
electrónico, ha subrayado
En esta misma
materia, ha avanzado que se procederá a la formalización de un contrato para la
mejora de las telecomunicaciones.
También, ha
adelantado que su departamento potenciará la inspección de servicios, mediante
un nuevo decreto que regule su funcionamiento. Habrá otro reglamento que fije
un "marco de calidad para la Administración" y determine las líneas
de actuación, como sistemas de evaluación de los servicios, cartas de
servicios, creación de grupos de mejora, etc. Ha apuntado la elaboración de
planes de modernización y la iniciación de nuevos procesos de simplificación de
procedimientos y de unificación de criterios de actuación y coordinación entre
los diferentes registros.
Para la mejora de la
atención ciudadana, el consejero cree que el Gobierno debe aprovechar mejor los
servicios prestados desde el teléfono de atención 012 e incrementar su demanda
ciudadana, así como coordinar su trabajo con los ayuntamientos y la
Administración del Estado.
Por otro lado, el
consejero ha defendido la necesidad de mejorar los medios materiales y personales
del Boletín Oficial de Cantabria y de la imprenta regional.
Dentro de las
competencias del Servicio Jurídico, el titular de Presidencia ha calificado de
"sorprendente e inadmisible" la situación de los informes y
dictámenes pendientes de tramitar, por lo que ha decidido establecer plazos y
límites de cara a agilizar los expedientes en el servicio y medios de control
para su cumplimiento.
Igualmente, ha
criticado la gestión de las costas procesales, con procedimientos pendientes
que suponen más de 400.000 euros en pagos pendientes y "ni un expediente
emitido" en toda la anterior legislatura. Para remediarlo, ha adelantado
la creación de una unidad de cobro de las costas, en coordinación con la
Consejería de Economía y Hacienda.
Ha anunciado que
procederá a unificar criterios en el servicio para "crecer en
eficiencia" y se trabajará en la integración de los sistemas informáticos
con el programa VEREDA de la Administración de Justicia. Para mejorar el
trabajo, De la Sierra ha dicho que también se mejorarán los medios materiales
de los letrados autonómicos y su formación permanente.
Por último, el
consejero se ha comprometido a una política activa en relación con las casas de
Cantabria y se ha mostrado convencido de poner en marcha iniciativas que
mejoren la transparencia el buen gobierno. En esta línea, ha anunciado la
creación de una herramienta que mejore los sistemas de alerta y en el que se
puedan a inscribir los ciudadanos que deseen recibir información.
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