Santander: El aumento de los domingos y festivos trabajados en el comercio supone también el aumento de la precariedad, asegura CC.OO.

La Secretaria General de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Cantabria, Marta Careaga, ha criticado que el nuevo Gobierno de Cantabria, quiera modificar lo establecido por el anterior ejecutivo en cuanto a las 10 aperturas festivas y dominicales.
Para la responsable sindical este posible aumento de los domingos y festivos trabajados en el comercio, supone “un importante paso hacia atrás” en lo mantenido por PRC y PSOE antes de llegar al Gobierno de la región.
La representante sindical ha indicado que además, “permitir abrir en diciembre supondría un empeoramiento de las actuales condiciones de las personas trabajadoras del sector”, que “ya contaban con la realización de diez aperturas anuales, que como máximo, era hasta ahora lo permitido”. “Se precariza el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, imposibilitando la conciliación laboral y familiar”.
Careaga ha señalado que “no por trabajar más domingos se está generando empleo”, ya que realmente, estas aperturas adicionales no suponen la realización de más contrataciones, sino que, acaban con el empleo indefinido, estable y a jornada completa. Por el contrario, “perjudica de forma importante el comercio del centro de las ciudades, como Santander y Torrelavega”, donde se destruye cada vez más empleo, por el desequilibrio producido a favor de las Grandes Superficies.
La Secretaria General de la Federación de Servicios ha destacado que este no es el modelo productivo a seguir, ya que “no supone un plus de riqueza, y no incrementa las ventas”, como ejemplo basta recordar que en la región con el PIB más alto de España, que tiene la mejor calidad de vida y la mayor renta per cápita de todo el país, los domingos el comercio cierra.
Por último Marta Careaga ha recordado que para CC OO no serían necesarias las aperturas dominicales, porque no se crea empleo, sino que se destruye, se quiebra la vida de los trabajadores y de sus familias del comercio. Tampoco suponen una mejora económica salvo para las grandes empresas de distribución, que no son regionales ni nacionales, afectando al Estado del Bienestar y a la conciliación.