El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha
asegurado que el Ejecutivo "no tendrá vacaciones" y se abordará de
"inmediato" restablecer medidas "importantes" para los empleados
públicos. Entre ellas, serán objeto de estudio la recuperación de los
días libres por asuntos propios y la mejora de la normativa sobre
incapacidad temporal (IT). Además, se iniciará la redacción de una nueva
Ley de Función Pública para Cantabria.
Así lo ha afirmado tras mantener esta mañana una reunión con los
representantes de los sindicatos con representación en la Administración
General de Cantabria (CC.OO, UGT, SIEP, TÚ y CSI-CSIF), que ha servido
además como primera toma de contacto para conocer sus principales
demandas y necesidades.
Tras
escuchar su visión, el consejero ha calificado de "preocupante" la
situación de partida a la que se enfrenta el nuevo Gobierno de
Cantabria, dado que "hay muchos temas por abordar", algo, sin embargo,
que no ha causado sorpresa en el equipo de De la Sierra, que ha
mantenido contactos anteriores con los sindicatos públicos.
Según ha explicado, la actitud de la Consejería y de todo del Gobierno
de Cantabria es de "colaboración y diálogo y todos coincidimos en la
necesidad de dar su auténtico valor a la función pública".
De la Sierra ha insistido en que tanto la evolución financiera como al
no ser necesarias la articulación de medidas presupuestarias hacen que
"no tengan sentido ni lógica" determinadas limitaciones de derechos de
los empleados implantadas por el anterior gobierno.
Respecto a la nueva ley sobre función pública, se ha comprometido ante
los sindicatos a "no perder ni un minuto" y comenzar los primeros
trabajos para su elaboración. La norma, según ha dicho, verá la luz "a
medio plazo", porque necesita "estudio en profundidad, consenso, debate y
un trámite administrativo y parlamentario".
Privatizaciones
Por otro lado, el consejero de Presidencia ha subrayado la preocupación
sindical por las privatizaciones de los servicios públicos y, en
concreto, han hablado de los procesos emprendidos en los servicios de
montes, carreteras y ciclo del agua, entre otros.
Sobre esto, De la Sierra ha reconocido que "no tiene sentido" suprimir
la colaboración de las administraciones públicas con la empresa privada,
si bien "hay que poner freno al furor por privatizar y coincidimos (con
los sindicatos) en la idea de poner en valor la función pública y que
no siempre la gestión privada significa mayor eficiencia y menor coste".
También, durante la reunión, se ha analizado la Oferta de Empleo
Público (OEP) de este año y las tasas de reposición de efectivos,
iniciativas del anterior gobierno en las que los sindicatos tampoco
están de acuerdo.
"Recortes y avasallamiento"
Por su parte, el presidente del comité de empresa del Gobierno regional
y representante de CC.OO, Carmelo Renedo, ha agradecido el encuentro
celebrado hoy, que contrasta con la actitud del anterior Ejecutivo del
PP, que "ha tenido la puerta cerrada durante los últimos cuatro años".
Ha apuntado que los sindicatos han tenido que "explicar poco" a los
nuevos responsables del Ejecutivo, porque también "han sufrido los
recortes y el avasallamiento como empleados públicos".
Ante la nueva etapa de colaboración que se abre ahora, ha solicitado al
Gobierno la recuperación de la carrera profesional y de los derechos de
los empleados, así como la dignificación del empleo público. Según
Renedo, lo que piden los trabajadores es volver "al sitio que siempre
les ha correspondido estar y del que nunca deberían haberse bajado".
Sobre la derogación de las medias incluidas en el Plan de
Sostenibilidad, ha alabado el "compromiso directo" de la Consejería de
Presidencia y ha señalado que algunas de estas medidas "pueden tener
encaje" en los próximos presupuestos regionales.
También ha criticado la oferta de empleo público para el presente año,
que ha calificado de "ridícula y de vergüenza". Con esto, los
sindicatos quieren evitar "jugar con las expectativas de los ciudadanos
que por desgracia hoy no tienen un puesto de trabajo" y evitar que se
repitan las fórmulas del pasado, hechas "con criterios absolutamente
arbitrarios".
Por último, ha
apuntado que en la Administración General del Gobierno de Cantabria
actualmente trabajan unos 5.000 empleados públicos, entre funcionarios y
personal laboral, y ha denunciado la reducción de unos 600 puestos de
trabajo y la supresión de 1.000 contratos durante la última etapa.
Además del consejero, han participado en la reunión, por parte del
Gobierno regional, las directoras generales de Función Pública y del
Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC),
María Eugenia Calvo y Marina Lombó, respectivamente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario