Torrelavega: Los servicios jurídicos del Ayuntamiento respaldan la denuncia judicial de ACPT sobre La Carmencita

El grupo político Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) valoró hoy "positivamente" que los servicios jurídicos del Ayuntamiento avalen su denuncia en La Carmencita y cree que tanto los responsables del PP como del PRC en este asunto que han mantenido un "silencio sospechoso" hasta ahora deberían dimitir.
ACPT aplaudió la decisión del letrado municipal de recurrir el archivo de la causa iniciada por este grupo. A su juicio, las las aportaciones que ha hecho el letrado municipal al caso da "un giro considerable", ya que se está hablando de dos delitos muy claros: tráfico de influencias y estafa y eso en nuestro país tiene un nombre corrupción.
El portavoz de ACPT, Iván Martínez, considera que la nueva documentación aportada por el letrado municipal hace que el asunto no se puede instruir solo con la declaración del acusado. Y es que el letrado apunta a seis funcionarios y tres cargos políticos que ejercían en el Ayuntamiento cuando era alcalde el regionalista Francisco Javier LñópeMarcano
ACPT se refiere al convenio firmado con la promotora de Luis del Río Diestro en 2003, a tres días de las elecciones municipales, en la que PRC y PP aprobaron un documento en Pleno para la permuta de la finca de La Carmencita, supuestamente distinto al que se presentó en comisión. 

Como consecuencia de elllo, el Ayuntamiento deberá abonar al promotor 4,5 millones de euros por una cláusula de indemnización que, en principio, no tendría que haberse votado, según la denuncia y que, sin embargo, se registró ante notario
Desde ACPT consideran necesaria la declaración de éstos y muchos más tstigos para verifcar lo sucediudo en el convenio de La Carmencita, ya que este fue "manipulado" y como se ha demostrado pues el que se registró en la notaría no fue el mismo que se aprobño ebn el pleno municipal.
ACPT señala que a la luz de la nueva documentación aportada, "huele a podrido" porque ya no solo hablamos de "una posible negligencia a la hora de elevar a escritura pública" el convenio urbanístico que nos costaría 4,5 millones de euros a todos, sino que es un asunto de "corripción", lo que obliga "a esclarecer todo este caso y llegar hasta el final".
Para ACPT, "es curioso que el mismo letrado municipal compare este caso con uno de los casos de corrupción política más graves que se han producido en este país como es el del Palau de la Música de Barcelona, donde finalmente se ha demostrado que entre otras cosas había financiación ilegal de partidos políticos".