Lo ha dicho la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, que tomó parte de una sesión de trabajo "que supone un paso más para reforzar la protección de nuestras explotaciones tras la liberalización de la producción".
Martínez avanzó que este Plan, elaborado por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en colaboración con la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y las Comunidades Autónomas, aspira básicamente a "establecer los controles para verificar la existencia o no de contratos en las operaciones comerciales de leche cruda".
En el Plan se recogen así los mínimos referidos tanto al número de controles, como al contenido de los controles administrativos y sobre el terreno. También se establece que todas las investigaciones que se realicen las inicien las Comunidades Autónomas y sólo cuando, en función de la trazabilidad previsible del producto, ésta trascienda el ámbito de una Comunidad Autónoma, la potestad sancionadora recaerá en la Administración General del Estado, y la Comunidad Autónoma trasladará los resultados de la investigación a AICA.
"Se ha avanzando en algo que es muy trascendente y que precisamente buscábamos en su día con el Foro Lácteo constituido en Santander, e inicialmente formado sólo por las regiones de la Cornisa, como es que el sector tome conciencia de que existe unidad, colaboración y compromiso de control, tanto del Estado como de las CCAA, en favor de los contratos. Ese mensaje debe ser único y sin fugas", detalló la consejera.
Martínez insistió también en la necesidad de avanzar en el control de la venta de leche a pérdidas, mantener el liderazgo en control lechero y mejora genética; seguir aumentado la calidad de nuestra leche hasta diferenciarla como un proyecto único; refinanciar deuda; perseverar en materia de Sanidad animal; exprimir el nuevo Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 que garantiza estabilidad en las ayudas hasta 2023; seguir reivindicando en Madrid un mayor peso del vacuno en los pagos asociados; y explorar nuevas alianzas con la industria alimentaria.
Un camino que debe completarse, añadió, con el fortalecimiento del papel de las Organizaciones de Productores y la reducción de la atomización de industrias y cooperativas. En este sentido, informó también de que la Conferencia Sectorial dio su visto bueno al Plan Estatal de Integración Asociativa para el periodo 2015-2020.
"El Plan va a contar con casi 19 millones de euros en 2015", destacó la consejera, y "nos va a permitir tanto fomentar la integración de los productores en sociedades cooperativas agroalimentarias y organizaciones de productores, como favorecer la integración de entidades asociativas, o su ampliación, de forma que ese redimensionamiento se traduzca en un aumento de competitividad y puesta en valor de sus producciones".
"Creo que vamos por el buen camino", agregó Martínez, que reveló finalmente cómo en la Conferencia se acordó prorrogar el plazo de solicitudes de ayuda de la Política Agrícola Común (PAC) hasta el 15 de junio, tanto de solicitudes como de la modificación de las ya presentadas. "Ya se amplió de inicio, y hemos creído todos que era necesario volverlo a ampliar porque creemos que va a dar tranquilidad a nuestros agricultores y ganaderos en este primer año de aplicación de la nueva PAC".
"Sé que la liberalización de la producción ha generado algunas incertidumbres, pero insisto en que no podemos perder el tiempo mirando atrás y preguntarnos por qué en 2008 se certificó la defunción de las cuotas. Allá quienes lo decidieron. Lo que tenemos que hacer ahora todos, Administración y sector, es unir nuestras fuerzas. Y en el caso de Cantabria, además, tener muy claro que puede haber otros que sean igual de buenos que nosotros, pero no los hay mejores. Y cuando uno es bueno y hace las cosas bien, no tiene por qué preocuparse. La prudencia suma; el complejo, resta".
Martínez avanzó que este Plan, elaborado por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en colaboración con la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y las Comunidades Autónomas, aspira básicamente a "establecer los controles para verificar la existencia o no de contratos en las operaciones comerciales de leche cruda".
En el Plan se recogen así los mínimos referidos tanto al número de controles, como al contenido de los controles administrativos y sobre el terreno. También se establece que todas las investigaciones que se realicen las inicien las Comunidades Autónomas y sólo cuando, en función de la trazabilidad previsible del producto, ésta trascienda el ámbito de una Comunidad Autónoma, la potestad sancionadora recaerá en la Administración General del Estado, y la Comunidad Autónoma trasladará los resultados de la investigación a AICA.
"Se ha avanzando en algo que es muy trascendente y que precisamente buscábamos en su día con el Foro Lácteo constituido en Santander, e inicialmente formado sólo por las regiones de la Cornisa, como es que el sector tome conciencia de que existe unidad, colaboración y compromiso de control, tanto del Estado como de las CCAA, en favor de los contratos. Ese mensaje debe ser único y sin fugas", detalló la consejera.
Martínez insistió también en la necesidad de avanzar en el control de la venta de leche a pérdidas, mantener el liderazgo en control lechero y mejora genética; seguir aumentado la calidad de nuestra leche hasta diferenciarla como un proyecto único; refinanciar deuda; perseverar en materia de Sanidad animal; exprimir el nuevo Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 que garantiza estabilidad en las ayudas hasta 2023; seguir reivindicando en Madrid un mayor peso del vacuno en los pagos asociados; y explorar nuevas alianzas con la industria alimentaria.
Un camino que debe completarse, añadió, con el fortalecimiento del papel de las Organizaciones de Productores y la reducción de la atomización de industrias y cooperativas. En este sentido, informó también de que la Conferencia Sectorial dio su visto bueno al Plan Estatal de Integración Asociativa para el periodo 2015-2020.
"El Plan va a contar con casi 19 millones de euros en 2015", destacó la consejera, y "nos va a permitir tanto fomentar la integración de los productores en sociedades cooperativas agroalimentarias y organizaciones de productores, como favorecer la integración de entidades asociativas, o su ampliación, de forma que ese redimensionamiento se traduzca en un aumento de competitividad y puesta en valor de sus producciones".
"Creo que vamos por el buen camino", agregó Martínez, que reveló finalmente cómo en la Conferencia se acordó prorrogar el plazo de solicitudes de ayuda de la Política Agrícola Común (PAC) hasta el 15 de junio, tanto de solicitudes como de la modificación de las ya presentadas. "Ya se amplió de inicio, y hemos creído todos que era necesario volverlo a ampliar porque creemos que va a dar tranquilidad a nuestros agricultores y ganaderos en este primer año de aplicación de la nueva PAC".
"Sé que la liberalización de la producción ha generado algunas incertidumbres, pero insisto en que no podemos perder el tiempo mirando atrás y preguntarnos por qué en 2008 se certificó la defunción de las cuotas. Allá quienes lo decidieron. Lo que tenemos que hacer ahora todos, Administración y sector, es unir nuestras fuerzas. Y en el caso de Cantabria, además, tener muy claro que puede haber otros que sean igual de buenos que nosotros, pero no los hay mejores. Y cuando uno es bueno y hace las cosas bien, no tiene por qué preocuparse. La prudencia suma; el complejo, resta".
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