Los portavoces del PRC y del PSOE en el Ayuntamiento de Polanco, Rosa Díaz y Felipe Tapia, han denunciado públicamente la "ley del silencio" que ha impuesto el alcalde, Julio Cabrero Carral, en torno al pabellón deportivo de Requejada así como su "falta de transparencia y su inacción" para depurar responsabilidades y que los responsables de lo sucedido en este proyecto "asuman" el perjuicio económico que está teniendo para el Ayuntamiento y para el municipio las "graves irregularidades" que rodean a esta obra.
Parece, han afirmado, que tras el final de los procesos penales el alcalde "se ha relajado" y olvida que en dichas sentencias se pone de manifiesto que han existido "graves irregularidades" en la misma.
Los portavoces regionalista y socialista han denunciado que Julio Cabrero "da la información a cuenta gotas" y le han exigido que, tal y como le han pedido por escrito, convoque la Comisión Especial del Pabellón de Requejada que no se reúne desde abril de 2013.
Díaz y Tapia han criticado que el alcalde popular no responda a sus escritos y que tampoco haya pedido responsabilidades a los ingenieros que participaron en el proyecto. Lo que hace pensar, han dicho, que "además de contratos hay algo más detrás". El PRC y el PSOE, han añadido, queremos conocer el "coste rea"’ de una obra que, al final, puede superar los 4 millones de euros y que, necesita, subsanar varias deficiencias encontrados tras la entrega de la instalación, entre ellas, vestuarios insuficientes o habilitar tres salas en una sala actualmente diáfana.
También han mostrado su "sorpresa" por la Resolución de Alcaldía que se conoció en el Pleno ordinario de noviembre por la cual se contrataban los servicios jurídicos de una empresa, por 18.000 euros más IVA y hasta octubre de 2015, para el estudio de responsabilidades penales o civiles que pudieran tener los técnicos redactores. Una contratación "difícil de justificar" cuando el Ayuntamiento ya tiene contratados esos servicios.
Por otro lado, Díaz y Tapia, se han preguntado por qué el pabellón de Requejada sigue sin utilizarse, y cómo se va a gestionar. En este sentido, han traslado su temor de que la intención del alcalde sea la gestión privada. Ante este hecho, ha pedido a Cabrero que la gestión de esta instalación sea pública y que la decisión la adopte el nuevo equipo de gobierno que salga de las próximas elecciones.
Parece, han afirmado, que tras el final de los procesos penales el alcalde "se ha relajado" y olvida que en dichas sentencias se pone de manifiesto que han existido "graves irregularidades" en la misma.
Los portavoces regionalista y socialista han denunciado que Julio Cabrero "da la información a cuenta gotas" y le han exigido que, tal y como le han pedido por escrito, convoque la Comisión Especial del Pabellón de Requejada que no se reúne desde abril de 2013.
Díaz y Tapia han criticado que el alcalde popular no responda a sus escritos y que tampoco haya pedido responsabilidades a los ingenieros que participaron en el proyecto. Lo que hace pensar, han dicho, que "además de contratos hay algo más detrás". El PRC y el PSOE, han añadido, queremos conocer el "coste rea"’ de una obra que, al final, puede superar los 4 millones de euros y que, necesita, subsanar varias deficiencias encontrados tras la entrega de la instalación, entre ellas, vestuarios insuficientes o habilitar tres salas en una sala actualmente diáfana.
También han mostrado su "sorpresa" por la Resolución de Alcaldía que se conoció en el Pleno ordinario de noviembre por la cual se contrataban los servicios jurídicos de una empresa, por 18.000 euros más IVA y hasta octubre de 2015, para el estudio de responsabilidades penales o civiles que pudieran tener los técnicos redactores. Una contratación "difícil de justificar" cuando el Ayuntamiento ya tiene contratados esos servicios.
Por otro lado, Díaz y Tapia, se han preguntado por qué el pabellón de Requejada sigue sin utilizarse, y cómo se va a gestionar. En este sentido, han traslado su temor de que la intención del alcalde sea la gestión privada. Ante este hecho, ha pedido a Cabrero que la gestión de esta instalación sea pública y que la decisión la adopte el nuevo equipo de gobierno que salga de las próximas elecciones.
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