El Juzgado de Instrucción Número 5 de Torrelavega ha solicitado la documentación sobre el convenio urbanístico de la Finca de La Carmencita, tanto a la Notaría (testimonio de la escritura pública de convenio) como al Ayuntamiento de Torrelavega (acuerdo plenario del 31 de marzo de 2004 que permitió la firma del convenio el 23 de marzo de ese mismo año) así como la documentación que existe en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santander.
Esto a raíz de la denuncia que ACPT registró
contra el exalcalde Francisco Javier López Marcano y Luis del Río Diestro, por la presunta "manipulación" del convenio urbanístico de permuta suscrito el 23 de mayo de 2003 entre el Ayuntamiento y la Sociedad Mercantil Terrenos Adarzo
Según ACPT, fruto de
la connivencia del sistema contra la corrupción, los delitos cometidos
por el diputado y ex alcalde del PRC fueron declarados prescritos
(transcurridos tan sólo 10 años) por el TSJC, dando curso a continuar la
investigación contra Luis del Río en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 5 del Palacio de Justicia de Torrelavega.
Según la versión de ACPT, la promotora Terrenos de Adarzo compró la finca de “La Carmencita”
en alrededor de 937.578,88 euros. Tan sólo dos días después, esta
inmobiliaria la vende al Ayuntamiento de Torrelavega a cambio de
aprovechamientos urbanísticos por valor de 3.805.678 euros.
ACPT denuncia que posteriormente,
se produce una "manipulación" del convenio urbanístico registrado
ante notario por Luis del Río y FJ López Marcano, en términos distintos a
los que fue aprobado en el pleno y que a raíz de esta "manipulación", la inmobiliaria de Luis del Río (Terrenos de Adarzo)
reclama al Ayuntamiento de Torrelavega 4,5 millones de euros "que de tener
que pagar, colocaría a la máxima institución municipal en una situación
económica muy comprometida".
Además,
el juez ha slicitado a ACPT, como parte denunciante, una fianza de 360 euros,
cantidad "que se suma a los cerca de 500 euros ya asumidos en otras fases del
procedimiento".
"Realizamos este esfuerzo económico, con la certeza de
estar persiguiendo una sentencia que pueda ser favorable para los
derechos y el interés colectivo de todos los ciudadanos de Torrelavega", señala ACPT en un comunicado de prensa.
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