El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander ha dictado un auto imputando al responsable de la empresa COPSESA (Domingo San Emeterio) y al Director General de Medio Ambiente (Fernando Javier Rodríguez) de sendos delitos contra el medio ambiente y de prevaricación respectivamente, según informa hoy Ecologistas en Acción y la Plataforma por el Aire Puro y la Transparencia.
Estas diligencias penales tienen su raíz en las denuncias presentadas hace un año ante la Fiscalía por la plataforma vecinal Por el Aire Puro y la Trasparencia de Camargo y Ecologistas en Acción Cantabria, contra la empresa COPSESA y las diversas administraciones que habían permitido la puesta en funcionamiento de sus instalaciones en Igollo y Ojaiz sin las debidas autorizaciones municipales y ambientales.
Pasados varios meses ha sido la Fiscalía quien ha instado a los juzgados la apertura de diligencias penales por estimar que se habrían producido delitos en la puesta en funcionamiento de las antiguas instalaciones de milio Bolado adquiridas por la empresa Copsesa.
Según el auto “la empresa Copsesa, cuyo administrador solidario es don Domingo Saan Emeterio Diego, ha procedido a modificar las instalaciones que la referida empresa tiene en Cacidedo de Camargo para cambiar su uso a la realización de una planta de aglomerado asfaltico" para lo que necesita la previa tramitación de Impacto Ambiental, que no se solicitó en ningún momento.”
En el auto judicial, se señala también como imputado por prevaricación a Fernando Javier Rodríguez, al frente de la Dirección General de Innovación e Industria.
El Magistrado señala en el citado auto que “(…) pese a que por la propia Fiscalía se informó a la Dirección General de Innovación e Industria en fecha 16 de octubre de 2014 que la actividad clausurada se seguía realizando clandestinamente incluso en horas nocturnas, contraviniéndose así la prohibición que se impuso en fecha 18 de julio de 2014, por parte de la citada Dirección, no consta realizada actuación alguna tendente a hacer cumplir la resolución de paralización acordada, sin que tampoco hayan remitido certificación de que la resolución paralizadora esté en vigor, ni han aportado testimonio integro del expediente administrativo en el que se acordó y dejó sin efecto la mencionada resolución.
Ambas asociaciones, además de la propia Junta Vecinal de Igollo, han venido realizando numerosas denuncias ante las diferentes administraciones públicas (ayuntamiento de Camargo y consejerías de Industria y Medio Ambiente) desde septiembre de 2013, contra el funcionamiento de las instalaciones de la empresa COPSESA en Igollo y Ojaiz, señalando que carecían de licencia municipal y de autorización ambiental.
Estas constantes denuncias dieron sus primeros frutos al conseguir que tanto el ayuntamiento de Camargo como la Consejería de Industria adoptaran el acuerdo de cierre de las instalaciones, pero los recursos de la empresa COPSESA, incomprensiblemente le permitieron mantener en funcionamiento la actividad en la planta de aglomerado asfáltico sin las autorizaciones legales.
Desde ambas asociaciones esperan que tanto Domingo San Emeterio, administrador de la empresa Copsesa como Fernando Javier Rodríguez, Director General de Industria, sean condenados por los delitos que se les imputan, inhabilitándoles para el ejercicio de sus funciones.
Desde ambas asociaciones quieren resaltar que Domingo San Emeterio es actualmente, además de importante empresario, alcalde del ayuntamiento de Ramales y destacado dirigente del Partido Popular de Cantabria, miembro de su Comité Ejecutivo. Como imputado debiera abandonar dichos cargo a la mayor brevedad.
Para ambas asociaciones resulta poco ético que la empresa Copsesa sea una de las mayores adjudicatarias de proyectos de obra y construcción de numerosos ayuntamientos y del Gobierno de Cantabria, siendo su máximo administrador dirigente y alcalde del grupo popular.
Estas diligencias penales tienen su raíz en las denuncias presentadas hace un año ante la Fiscalía por la plataforma vecinal Por el Aire Puro y la Trasparencia de Camargo y Ecologistas en Acción Cantabria, contra la empresa COPSESA y las diversas administraciones que habían permitido la puesta en funcionamiento de sus instalaciones en Igollo y Ojaiz sin las debidas autorizaciones municipales y ambientales.
Pasados varios meses ha sido la Fiscalía quien ha instado a los juzgados la apertura de diligencias penales por estimar que se habrían producido delitos en la puesta en funcionamiento de las antiguas instalaciones de milio Bolado adquiridas por la empresa Copsesa.
Según el auto “la empresa Copsesa, cuyo administrador solidario es don Domingo Saan Emeterio Diego, ha procedido a modificar las instalaciones que la referida empresa tiene en Cacidedo de Camargo para cambiar su uso a la realización de una planta de aglomerado asfaltico" para lo que necesita la previa tramitación de Impacto Ambiental, que no se solicitó en ningún momento.”
En el auto judicial, se señala también como imputado por prevaricación a Fernando Javier Rodríguez, al frente de la Dirección General de Innovación e Industria.
El Magistrado señala en el citado auto que “(…) pese a que por la propia Fiscalía se informó a la Dirección General de Innovación e Industria en fecha 16 de octubre de 2014 que la actividad clausurada se seguía realizando clandestinamente incluso en horas nocturnas, contraviniéndose así la prohibición que se impuso en fecha 18 de julio de 2014, por parte de la citada Dirección, no consta realizada actuación alguna tendente a hacer cumplir la resolución de paralización acordada, sin que tampoco hayan remitido certificación de que la resolución paralizadora esté en vigor, ni han aportado testimonio integro del expediente administrativo en el que se acordó y dejó sin efecto la mencionada resolución.
Ambas asociaciones, además de la propia Junta Vecinal de Igollo, han venido realizando numerosas denuncias ante las diferentes administraciones públicas (ayuntamiento de Camargo y consejerías de Industria y Medio Ambiente) desde septiembre de 2013, contra el funcionamiento de las instalaciones de la empresa COPSESA en Igollo y Ojaiz, señalando que carecían de licencia municipal y de autorización ambiental.
Estas constantes denuncias dieron sus primeros frutos al conseguir que tanto el ayuntamiento de Camargo como la Consejería de Industria adoptaran el acuerdo de cierre de las instalaciones, pero los recursos de la empresa COPSESA, incomprensiblemente le permitieron mantener en funcionamiento la actividad en la planta de aglomerado asfáltico sin las autorizaciones legales.
Desde ambas asociaciones esperan que tanto Domingo San Emeterio, administrador de la empresa Copsesa como Fernando Javier Rodríguez, Director General de Industria, sean condenados por los delitos que se les imputan, inhabilitándoles para el ejercicio de sus funciones.
Desde ambas asociaciones quieren resaltar que Domingo San Emeterio es actualmente, además de importante empresario, alcalde del ayuntamiento de Ramales y destacado dirigente del Partido Popular de Cantabria, miembro de su Comité Ejecutivo. Como imputado debiera abandonar dichos cargo a la mayor brevedad.
Para ambas asociaciones resulta poco ético que la empresa Copsesa sea una de las mayores adjudicatarias de proyectos de obra y construcción de numerosos ayuntamientos y del Gobierno de Cantabria, siendo su máximo administrador dirigente y alcalde del grupo popular.
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