El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Torrelavega ha condenado a Bankia de devolver 60.000 euros
de participaciones preferentes a un matrimonio de jubilados, que
adquirió este producto en mayo de 2009 porque les "incitó" a hacerlo una
empleada de la sucursal que la antigua Caja Madrid tiene en
Torrelavega, pero sin facilitarles "la más mínima información veraz,
relevante y suficiente" sobre las "características reales" y posibles
consecuencias de su contratación.
Así consta en una sentencia, dictada por el magistrado Alfredo
Fernández Váquez, que además aprecia "temeridad" en la conducta seguida
por la entidad financiera en éste y otros casos. "Es público y notorio
que la demandada en casos sustancialmente idénticos y con medios
probatorios similares ha sido condenada reiteradamente, lo que ratifica
la consideración de su actuación como temeraria" señala el juez, que
rechaza así la oposición a la demanda que hizo Bankia, que alegó que no
concurría causa alguna para declarar nulo el contrato.
Según el fallo, difundido este sábado por la Plataforma de
Afectados por las Participaciones Preferentes en Cantabria, el
matrimonio estaba clasificado como minorista y carecía de formación
financiera. Así, a instancias de las empleada, que les facilitó
información "engañosa y falsa", suscribieron las preferentes, pero sin
que les realizaran los test de idoneidad o de conveniencia, de los que
"no existe ni rastro".
En este sentido, el juez explica que la empleada de la oficina de
Bankia les asesoró "siguiendo las engañosas directrices que la entidad
indicó para la comercialización del producto". Recalca al respecto que
la mujer confesó en el juicio que sabía que el matrimonio tenía
"depósitos a plazo fijo" y que era de perfil "conservador",
"desconociendo ella misma las características esenciales" de las
preferentes. De este modo, se las ofreció "con la información que en la
entidad le indicaron que tenía que facilitar", "principalmente la
aparentemente positiva", esto es, "que era un depósito a plazo fijo con
alta rentabilidad y liquidez garantizada en siete días" o que tenía
"garantía de recompra", pero "ocultando" la información "negativa", como
"posibles altos riesgos", que no estaba garantizada la percepción de
intereses y demás aspectos perjudiciales.
En consecuencia, la empleada --que declaró que no recordaba qué
documentación les había facilitado y admitió también que no conocía la
existencia de un tríptico informativo o que el test "aparentemente"
realizado tuviera un resultado "erróneo"-- "indujo" a los clientes a
contratar las preferentes ofreciéndoles una "información falsa, o al
menos engañosa", de manera que los afectados "nunca tuvieron
conocimiento real y objetivo de lo que estaban contratando", que es un
producto "complejo, en modo alguno sencillo", según recalca el juez.
A ojos del magistrado, esto es "acreditativo de que, al menos y
siendo benignos, se produjo un vicio en su consentimiento por error
esencial, sustancial o relevante y excusable" en el matrimonio,
"imputable" a Bankia, por lo que estima sustancialmente la demanda,
interpuesta por el abogado Juan Manuel Brun Murillo, declarando nulos la
orden de compra y contrato de preferentes y condenando al banco a
devolver los 60.000 euros invertidos. También tendrá que pagarles el
interés legal devengado y hacerse cargo de las costas judiciales.
La sentencia, que no fue recurrida, por lo que ya es firme, ha
sido difundida por la Plataforma de Afectados por las Preferentes de
Cantabria, que recuerda que "no es la primera vez" que los jueces
aprecian temeridad o mala fe en la venta de preferentes y demás
productos de riesgo por parte de Bankia y otras entidades financieras.
"No hay día en que la Justicia no dé la razón a los ahorradores que
fueron engañados por las cajas de ahorros y los bancos con los productos
tóxicos que colocaron entre clientes confiados en la honradez de las
entidades financieras en las que habían depositado sus ahorros", destaca
este colectivo, que continúa con las protestas en oficinas.
La última, la protagonizaron este viernes una veintena de personas
ante la oficina de Caja Cantabria-Liberbank de Somo (Ribamontán al
Mar), "aprovechando la alta afluencia de turistas" en la localidad, que
trasladaron, junto a vecinos del pueblo, su "apoyo y solidaridad" a los
afectados.
Y es que aunque "ya hay centenares de sentencias favorables a los
afectados" --un "99,99 por ciento" de los fallos les da la razón, según
asegura la Plataforma-- "hay que seguir denunciando en la calle los
abusos de una banca que, tras haber engañado a los clientes y ser
rescatada con el dinero de aquellos a los que engañaron, no ha ofertado
una solución aceptable y digna para los pequeños ahorradores". Al
tiempo, animan a "todos" los afectados a que denuncien su caso ante los
tribunales, pues "está meridianamente claro que es la única forma que
van a tener para recuperar su dinero.
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