A las 9:45 dio comienzo la vista presidida por el presidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas. En la sala estuvieron presentes tres representantes de la Administración Concursal que habían llegado minutos antes al edificio y por tanto dejaban claro su disposición a un presunto acuerdo previo. Por parte de la dirección de empresa estuvo presente Miguel Gómez de Liaño, ni Blas Mezquita ni otros habituales representantes hicieron acto de presencia.
La representación letrada de la empresa la llevó a cabo Alberto Novoa y por la parte social Julia Bermejo por USO y Juan Cortés por el resto del comité.
Comenzó la empresa defendiendo la legalidad del expediente, para ello hizo una intervención basada en los problemas económicos que venía atravesando en los últimos ejercicios, donde llegó a decir que “la suma de todos los beneficios de los años buenos no cubrirían las pérdidas de los últimos ejercicios”.
Además calificó de “criminal” la reforma energética. El letrado de la empresa vaticinó que “el 50% de la industria de cogeneración iba a cerrar en España”. Con respecto al estado contable de la empresa en los momentos de la presentación del expediente dijo que “en caja“ había 22.235 euros entre las tres fábricas. Prosiguió el letrado de la empresa con la defensa de la validez del expediente calificando de “barrabasada” el informe que la Dirección General de Trabajo había realizado al finalizar el expediente en el mes de octubre de 2013. Para Novoa, ese informe estaba manipulado por “el jefe“ de la Directora General de Trabajo, Rosa Castrillo, refiriéndose sin nombrarle al presidente cántabro Ignacio Diego. Para la empresa, se había cumplido escrupulosamente con el Estatuto, e incluso “se había ido más allá”. Novoa afirmó que había habido negociación y puso como ejemplo la propuesta de USO hecha el último día del plazo legal. Hizo referencia a la asamblea de trabajadores “que incluso ratificó el no acuerdo”.
La réplica de la parte social la inició el letrado de una parte del comité, Juan Cortés. El letrado fijó los criterios de defensa diciendo que no había existido “fe negociadora”. Para Cortés, la negociación fue realmente un chantaje. Hizo mención al documento de la Dirección General de Trabajo para apoyar su teoría. Además dijo que la empresa no había informado, en la documentación del expediente, sobre la filial Sniace Química y por tanto había incumplido los requisitos de información dentro del expediente. Este letrado no pudo aportar las pruebas documentales oportunas para su defensa ya que fueron rechazadas por el presidente de la Sala al presentarlas fuera del plazo legalmente establecido.
Continuó la letrada que representa a USO. Julia Bermejo centró su defensa en intentar acreditar que realmente no había existido periodo de negociación. Desgranó una a una las seis actas que constan en el expediente como jornadas negociadoras. Según la letrada de USO, resultaba evidente que la empresa dejó correr el tiempo de negociación hasta el último día de plazo con el único interés de agotarlo sin dejar espacio a una negociación real. Aportó como prueba, entre otros muchos documentos, los manuscritos realizados in extremis por los delegados de USO el último día de negociación para poder ofrecer una alternativa.
También hizo hincapié en que dentro de la demanda judicial la empresa solo ha dedicado “folio y medio” a describir el periodo de negociación, lo que evidencia la poca importancia que han dado a este proceso, que no ha sido debidamente detallado en la demanda, y, en consecuencia, la falta de voluntad negociadora. Bermejo recriminó a la defensa de la empresa el intento de desprestigio a un organismo público para sacar provecho propio, en referencia al informe realizado por la DGE de Cantabria que incidía en la falta de negociación real durante el periodo de negociación.
Tras la exposición de las partes intervino el magistrado presidente, Ricardo Bodas. Siguiendo la línea argumental realizada por la letrada de USO, y en la fase judicial relativa a la fijación de los hechos pacíficos y controvertidos, interrogó a la empresa diciendo si estaba conforme o no con las actas mostradas por la letrada de USO.
La evidencia de lo argumentado por Bermejo era tan clara que el presidente de la Sala puso en apuros al letrado de la empresa al interrogarle sobre su conformidad. Éste dijo, con gesto nervioso, estar “disconforme” con unos hechos irrefutables que constaban en las actas, lo que provocó que la Sala fuera un rumor de desaprobación que tuvo que ser reprimida por el propio magistrado con la expulsión de la sala de un miembro del comité.
Bodas dejó entrever cuales podían ser los asuntos claves en esta vista y la falta de negociación que registran las actas de las reuniones durante el periodo de consultas puede resultar determinante para decidir si el expediente de extinción de 533 trabajadores está ajustado a derecho o no.
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