La Plataforma Vecinal por el Aire Puro y Ecologistas en Acción han anunciado hoya que la Consejería de Medio Ambiente ha acordado el cierre de las instalaciones de COPSESA situadas entre los ayuntamientos de Santander y Camargo, por carecer de autorización ambiental.
Y que este acuerdo ha sido comunicado a los ayuntamientos de Santander y Camargo, así como a la Consejería de Industria, responsables del funcionamiento ilegal de las plantas de aglomerado asfáltico y hormigón que COPSESA compró a los herederos de Emilio Bolado, así como de otras instalaciones y actividades entre las localidades de Ojaiz y Peñacastillo.
"Este acuerdo de la Consejería de Medio Ambiente obedece a las denuncias realizadas principalmente por la Plataforma de vecinos afectados y Ecologistas en Acción Cantabria desde hace unos 10 meses", explican.
Y recuerdan que estas denuncias reiteradas ante los ayuntamientos de Camargo y Santander, así como ante las Consejerías de Industria y Medio Ambiente no han encontrado una respuesta justa hasta hace unos días.
La Plataforma cree que quizás el cambio de opinión de la Consejería de Medio Ambiente haya estado justificado por la apertura de diligencias en la Fiscalía, ante la que presentaronuna denuncia por la pasividad de las cuatro administraciones públicas. Recientemente la Fiscalía había solicitado todo el expediente relativo a COPSESA y EMILIO BOLADO a las cuatro administraciones para investigar posibles delitos de prevaricación que habíamos denunciado hace medio año.
De este modo, la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto que la empresa COPSESA debe someter a evaluación de impacto ambiental, en un único proceso, todas las actividades e instalaciones que ha adquirido de EMILIO BOLADO en las localidades de Igollo y Ojaiz. Mientras tanto, la Consejería de Industria y ambos ayuntamientos tienen que suspender las actividades en las instalaciones hasta que COPSESA no obtenga la preceptiva declaración de impacto ambiental.
"Esta resolución nos lleva a concluir que las propias instalaciones de EMILIO BOLADO han estado en situación ilegal desde hace muchos años, sin que ninguna de las cuatro administraciones responsables hubiera controlado la situación legal de las diferentes empresas del grupo familiar en esa zona".
La Plataforma vecinal y Ecologistas en Acción Cantabria han tenido que investigar lo sucedido durante meses, aportando documentación a las distintas administraciones cuando esa responsabilidad era de su total competencia.
Los ciudadanos estamos confiados en que las administraciones públicas controlan las actividades económicas e industriales, como controlan el pago de nuestros impuestos. Lamentamos que en este caso no hayan cumplido su función y sólo después de casi un año se hayan dado cuenta de que “habían cometido un error”, después de la apertura de diligencias penales por la fiscalía.
Según la Plataforma, el escrito de la Consejería de Medio Ambiente deja claro que para la planta de aglomerado asfáltico nunca las empresas de EMILIO BOLADO habían solicitado la tramitación de evaluación de impacto ambiental, por lo tanto ha estado funcionando durante decenas de años sin cumplir la legalidad vigente.
Asimismo, el Director General de Medio Ambiente, señala que para la planta de hormigón se había tramitado inicialmente la autorización ambiental, pero las empresas del grupo EMILIO BOLADO no habían comunicado las modificaciones y ampliaciones sucesivas que habían realizado en las instalaciones y por lo tanto, se hubiera tenido que realizar una nueva autorización ambiental.
Por todo ello, la empresa COPSESA compró unas instalaciones a los herederos de EMILIO BOLADO que carecían de las autorizaciones adecuadas para su funcionamiento. Lo extraño de este caso es que tampoco la nueva empresa se diera cuenta de este hecho y, como consecuencia, de que su inversión no fuera segura.
La Plataforma sospecha que este tipo de empresas están acostumbradas a funcionar en plan “amiguete” con algunas administraciones que no ejercen sus competencias de control, dejando hacer, pensando que nadie se va a dar cuenta, hasta que algunos vecinos afectados o asociaciones deciden investigar y denunciar.
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