Los coportavoces de EQUO Cantabria, Raúl Reyes y Elisabeth Andrés, han pedido al delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, que “por coherencia” con el informe elaborado en noviembre de 2012 por su Área de Fomento, reclame al Gobierno de Cantabria la tramitación de un procedimiento de Evaluación Ambiental de Planes y Programas para el proyecto de ley de modificación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) o, en su defecto, que traslade al Gobierno de España “la necesidad de recurrirlo en defensa de la legalidad nacional y comunitaria en materia de evaluación ambiental”.
En dicho documento, según explica Raúl Reyes, la Delegación del Gobierno “retrata perfectamente las intenciones” del Gobierno de Cantabria a la hora de modificar el POL y plantea “un rosario de propuestas que han sido desatendidas por el Ejecutivo cántabro”.
El partido ecologista considera muy significativo que en noviembre de 2012 la Delegación del Gobierno redactara un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma del POL “dando por hecho que se trataba de un procedimiento de Evaluación Ambiental de Planes y Programas” y proponiendo el estudio de aspectos tan relevantes como “el consumo de suelo y energía, la generación de residuos y la calidad ambiental sobre las áreas pobladas”.
En esta misma línea, el documento elaborado por la Delegación del Gobierno también pedía “algo tan elemental”, en palabras del portavoz verde, como una “evaluación de los costes y beneficios económicos, medioambientales y sociales”, pero todas estas indicaciones han sido “desatendidas” por el Gobierno de Ignacio Diego, y la evaluación ambiental ha sido sustituida por un “simple informe” del director general de Medio Ambiente.
“Lo mismo que han ignorado la exigencia de realizar consultas con varios organismos estatales y muy especialmente con la Dirección General de Aviación Civil, dado que una decena de municipios integrados en el POL están afectados por las limitaciones derivadas de las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Santander”, insiste Reyes.
Por su parte, la coportavoz de EQUO Cantabria, Elisabeth Andrés, ha destacado que en el informe de la Administración Central se refleja que la intención de la modificación del POL es “aplicar criterios menos restrictivos a la hora de proteger los valores de la zona litoral de Cantabria”, añadiendo que va dirigido a “contradecir y desvirtuar el modelo de desarrollo planteado por el POL”.
“Por si todo esto fuera poco”, remacha Andrés, “el Gobierno de Cantabria también ha desoído las observaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativas a incorporar una estimación de las necesidades en cuanto a la demanda de agua y un análisis de las necesidades en cuanto a saneamiento y depuración”.
Ambos coportavoces de EQUO Cantabria concluyen que el Gobierno del PP está tramitando una modificación del POL que “viola” la Ley de Control Ambiental Integrado para “favorecer un proceso de masificación urbanística” sobre los suelos rústicos del litoral de Cantabria, “contando con la complicidad de unos alcaldes costeros que están deseando utilizar la reforma legal para sus habituales maniobras de especulación y clientelismo político”.
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