Torrelavega: ACPT y CNSV organizan mañana una charla-debate sobre la inminente aprobación de la ‘Ley Montoro’ y sus dramáticos efectos para el mundo rural

El grupo político Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) y Cantabria No se Vende (CSNV) han anunciado hoy, en rueda de prensa, la celebración mañana martes, día 29, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Torrelavega, de una charla-debate, sobre los contenidos de la inminente aprobación de la "Ley Montoro", Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que es una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y de sus dramáticos efectos para el mundo rural.
Para Javier Polanco, de ACPT, se trata de una amenaza muy grave que se cierne sobre las juntas vec inales y los concejos.
Polanco ha explicado que ACPT ha trabajado este tema ampliamente con los vecinos de Viérnoles donde se encuentra la única pedanía del municipio y además ha presentado varias mociones que han sido aprobadas con los votos del PSOE y del PRC.
Para Polanco, la aprobación de esta Ley supondrá cuatro grandes hachazos para las juntas vecinales y las pequeñas comunidades rurales de Cantabria y entre ellas, la pérdida de su personalidad jurídica como entidad local autónoma y el expolio del patrimonio de los pueblo, que pasará a los ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas, y la indefinición legal en cuanto a la titularidad de sus bienes comunales.
También supondrá la pérdida de la capacidad de decisión vecinal sobre la gestión de ese patrimonio y bienes (montes, pasos, cotos de caza, edificios comunitarios, etc) que deja vía libre a los macronegocios que puedan hacerse con esos recursos comunales y la probable privatización o gestión externa de algunos servicios básicos y esenciales para los pueblos, como el abastecimiento de agua, cuyo modelo de gestión lo decidirán las Diputaciones sobre criterios de eficiencia y rentabilidad económica.
Por su parte, el portavoz de CSNV, Ignacio García, ha explicado que el Gobierno pretende aprobar en noviembre la ley que, eliminando las juntas vecinales y concejos, podría ser el golpe definitivo al medio rural, esquilmando sus recursos y mermando la cantidad y calidad de los servicios.
Según el portavoz de CSNV, el proyecto de ley, aprobado en julio, sólo ha trascendido por el presunto ahorro que permitiría la eliminación de duplicidad de competencias y por la limitación de sueldos de concejales, pero recorta las administraciones públicas por abajo despreciando el papel de las entidades locales menores (ELM) – juntas vecinales, concejos, parroquias – a favor de las provincias a través de las diputaciones. Iniciados los trámites parlamentarios, en octubre los partidos políticos podrán presentar enmiendas.
Para Ignacio García, los cambios sustanciales que se proponen respecto a entidades locales y mancomunidades, pese al informe negativo del Consejo de Estado, suponen un 1% del ahorro total previsto por el Gobierno en la ley: 72,8 millones de euros ahorrados al precio de alejar los centros de decisión y mermar la cantidad y la calidad de los servicios rurales traspasando la gestión a manos de ayuntamientos y diputaciones. Y, junto con la gestión, se traspasarán los bienes comunales propiedad de los pueblos, verdadero propósito de la ley según las asociaciones de defensa de juntas y concejos.
García ha explicado que en la charla-debate organizada conjuntamente por ACPT y CNSV, van a participar Jerónimo Aguado (presidente de 'Plataforma Rural-Alianza por un mundo rural vivo') e Isabel Fernández (pedánea de Cóo de Buelna) quienes expondrán las verdaderas motivaciones y consecuencias de este proyecto de ley, y las iniciativas que se están llevando para que no entre en vigor.
Para Jerónimo Aguado, que es, además, uno de los impulsores de la Universidad Rural Paulo Freire: “Esta ley abre el camino hacia un nuevo expolio del medio rural y tiene dos objetivos soterrados: el primero es la privatización de los bienes comunes y el segundo la privatización de los pocos servicios públicos que van quedando en los pueblos”.