La Unión (LU) ha instado al Gobierno Regional de Cantabria a que presente en el Parlamento Regional la proposición de una “Ley de Hierro”, que sirva para “defender a las familias de las editoriales de libros escolares”, y que asimismo “discipline a los centros educativos en la elección de libros de texto”.
El Presidente de la formación, Rafael Sebrango, señaló que “entre los abusos de las editoriales y las subidas del IVA en libros escolares, ejercer el derecho a la educación se está convirtiendo en un esfuerzo cruel”.
A esto “hay que añadir la derogación en la práctica de las ayudas regionales a la compra de libros”, lo cual determina que el inicio del curso “supone una media de 790 € de gasto, algo completamente desproporcionado para nuestra situación económica”.
Según defienden en La Unión (LU), la Ley que necesita Cantabria, “ha de prohibir que antes de 6 años finalice la vida lectiva de un libro de texto”.
Asimismo, resulta imprescindible “proscribir los libros en los cuales el niño tiene que escribir, rellenar, o dibujar”.
Estos libros, prosiguió el represente de la formación, “están diseñados por las editoriales para que sean de imposible reutilización”.
Otra de las prácticas que la regulación del Gobierno Regional ha de contemplar, es “la decisión interesada de las editoriales de fraccionar el libro de una materia en tres o cuatro libros”.
El argumento de marketing, consistente en dividir un libro por trimestres “es uno de los mejores engaños ideados por las editoriales”, indicó.
“Al dividir lo que debería ser un solo libro en tres o cuatro, el gasto para las familias se multiplica en la misma proporción, y las ganancias de las editoriales también”, acusó Sebrango, “esto es darle vueltas a la cabeza para hacerlo todo más caro y sacar más dinero de las familias”.
“El Gobierno Regional nos tiene que defender de las editoriales”, reclamó, y “tiene que dejar de ser complaciente con ellas, y disciplinar a los centros educativos para prohibir esta cadena de abusos”.
“La educación de los menores no sólo es un derecho, es también una obligación” recuerdan desde La Unión (LU), y por tanto “no puede estar sometido al abuso de las editoriales”.
“Un libro de texto es injustificadamente caro”, añaden, “si encima permitimos las estratagemas de las editoriales, pasan a ser objetos de lujo”.
La Unión (LU) confía en que el Gobierno Regional “asuma la propuesta de defender a las familias de Cantabria de los abusos de las editoriales”, pues, señalaron finalmente “es un caso de política práctica, y fácil de resolver para el Gobierno”.
El Presidente de la formación, Rafael Sebrango, señaló que “entre los abusos de las editoriales y las subidas del IVA en libros escolares, ejercer el derecho a la educación se está convirtiendo en un esfuerzo cruel”.
A esto “hay que añadir la derogación en la práctica de las ayudas regionales a la compra de libros”, lo cual determina que el inicio del curso “supone una media de 790 € de gasto, algo completamente desproporcionado para nuestra situación económica”.
Según defienden en La Unión (LU), la Ley que necesita Cantabria, “ha de prohibir que antes de 6 años finalice la vida lectiva de un libro de texto”.
Asimismo, resulta imprescindible “proscribir los libros en los cuales el niño tiene que escribir, rellenar, o dibujar”.
Estos libros, prosiguió el represente de la formación, “están diseñados por las editoriales para que sean de imposible reutilización”.
Otra de las prácticas que la regulación del Gobierno Regional ha de contemplar, es “la decisión interesada de las editoriales de fraccionar el libro de una materia en tres o cuatro libros”.
El argumento de marketing, consistente en dividir un libro por trimestres “es uno de los mejores engaños ideados por las editoriales”, indicó.
“Al dividir lo que debería ser un solo libro en tres o cuatro, el gasto para las familias se multiplica en la misma proporción, y las ganancias de las editoriales también”, acusó Sebrango, “esto es darle vueltas a la cabeza para hacerlo todo más caro y sacar más dinero de las familias”.
“El Gobierno Regional nos tiene que defender de las editoriales”, reclamó, y “tiene que dejar de ser complaciente con ellas, y disciplinar a los centros educativos para prohibir esta cadena de abusos”.
“La educación de los menores no sólo es un derecho, es también una obligación” recuerdan desde La Unión (LU), y por tanto “no puede estar sometido al abuso de las editoriales”.
“Un libro de texto es injustificadamente caro”, añaden, “si encima permitimos las estratagemas de las editoriales, pasan a ser objetos de lujo”.
La Unión (LU) confía en que el Gobierno Regional “asuma la propuesta de defender a las familias de Cantabria de los abusos de las editoriales”, pues, señalaron finalmente “es un caso de política práctica, y fácil de resolver para el Gobierno”.
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