Torrelavega: La sentencia que obliga a pagar 360.000 euros por una mala expropiación es un “varapalo” para el Ayuntamiento, afirma Pérez Noriega

Tras conocer que el Ayuntamiento de Torrelavega ha sido “condenado” a pagar 360.120 euros a los propietarios del solar donde se va a construir el Centro de Adultos y la Ludoteca por la expropiación de dicha finca, y al comprobar que dicha cantidad supone casi el 50% de la partida prevista en el presupuesto de 2013 para la gestión de suelo (772.000 euros), el concejal regionalista, Pedro Pérez Noriega, ha solicitado a Ildefonso Calderón que explique a los grupos de la Corporación y a los vecinos de Torrelavega “cómo y con qué criterios se van a dar prioridad a unos proyectos sobre otros”.
En opinión de Pérez Noriega, es “evidente” que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria va a “condicionar” el presupuesto municipal en lo relativo a la adquisición de suelo y, por lo tanto, “va a poner en peligro” proyectos importantes para Torrelavega cuya ejecución está pendiente de la adquisición de terrenos.
Según el concejal regionalista, resulta “inaudito la falta de previsión” del equipo de gobierno que sabiendo de este recurso (la reclamación de los propietarios era de 947.222 euros) no lo ha contemplado en los actuales presupuestos y ha puesto “en una situación delicada” proyectos pendientes de la gestión del suelo como puede ser la urbanización de Fernández Vallejo, el vial Ganzo-Duález, la prolongación de Hermilio Alcalde del Rió o la rotonda del Puente de los Italianos, entre otras actuaciones.
Los regionalistas, ha añadido, queremos saber qué proyectos van a quedar “arrinconados” por esta “falta de gestión” y queremos conocer cómo piensa el equipo de gobierno “ordenar en el tiempo” la ejecución de los proyectos pendientes, en algunos casos desde hace varios años. 

El recurso de los propietarios se interpuso en 2010 al estar en contra de la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que fijo el justiprecio del terreno en 1.279.984 euros. Los propietarios reclamaban 947.222 euros y finalmente la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado parcialmente el recurso y obliga al Ayuntamiento a pagar 360.120 euros.