Santander: Industria trasformará los telecentros de doce ayuntamientos en centros de competencia digital 'Conecta Cantabria'

La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio ha licitado por importe de 336.763 euros la transformación de doce telecentros de Cantabria para convertirlos en centros de competencia digital bajo la estrategia del plan 'Conecta Cantabria'. Los ayuntamientos que verán mejoradas estas instalaciones son Villafufre, Miera, Bárcena de Pie de Concha, Ampuero, Arenas de Iguña, Ramales, Bareyo, Hazas de Cesto, Molledo, Bárcena De Cicero, Laredo y Valderredible.
El Gobierno de Cantabria continúa desarrollando la estrategia 'Conecta Cantabria' utilizando como base los antiguos telecentros que mejorarán sus respectivos equipamientos, en muchos casos obsoletos, debido al tiempo trascurrido desde su instalación y por su uso continuado.
La inversión incluirá la retirada de los antiguos elementos y la instalación de los nuevos, con un plazo de ejecución de 45 días naturales, quince para la instalación completa y treinta días para la ejecución de la banda ancha ultrarrápida en el caso en el que proceda, valorándose además del precio más bajo, cuestiones referidas al aumento en el plazo de garantía, mejora en el plazo de resolución de incidencias y un menor consumo energético del telecentro.
Estrategia 'Conecta Cantabria'
La estrategia de acción dinámica para la banda ancha 'Conecta Cantabria', aprobada por el Gobierno Cantabria el 9 de noviembre de 2017, se desarrolla para dar cumplimiento a la Agenda Digital para Europa y España. Tiene como objetivo la instalación de redes y servicios de banda ancha de internet en todo el territorio de la comunidad autónoma, sobre todo en colectivos con riesgo de exclusión digital, para mejorar el acceso a un medio esencial de trabajo y comunicación, y teniendo en cuenta la neutralidad tecnológica.
Según ha manifestado el director general de Transportes y Comunicaciones, Felipe Piña, la situación excepcional de la COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización en la sociedad y ha hecho patentes las necesidades de acceso a internet y a las nuevas tecnologías, añadiendo que "es urgente actuar y actualizar las herramientas digitales puestas a disposición de los ciudadanos, de forma que se garantice el acceso a los recursos, tecnologías y derechos fundamentales".
En este sentido, y complementariamente a otras acciones técnicas, Piña ha justificado la necesidad de modificar ciertos aspectos de la red de telecentros para adecuarla a la realidad actual ya que en las últimas décadas se ha producido una evolución de centros de acceso a internet hacia espacios de conocimiento digital, pero siempre preservando su carácter público y abierto a todos los ciudadanos, ha señalado el director general que ha añadido que la mejora de estos centros contribuye a garantizar el crecimiento y asentamiento de la red como un servicio público social, formador y potenciador de las aptitudes tecnológicas de la población.

Santander: Vicepresidencia publica en el BOC las entidades integrantes del Consejo de la Juventud y fija para octubre la celebración de la primera Asamblea General

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado la resolución definitiva de las entidades admitidas y excluidas para ser miembros de pleno derecho del Consejo de la Juventud de Cantabria, fijando para octubre la fecha de celebración de su primera Asamblea General.
El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha señalado que "la resolución definitiva pone fin a un proceso largo y costoso de creación de un órgano que tiene como fin la representación de la juventud de Cantabria, de sus intereses e inquietudes; un órgano que nace con espíritu de continuidad y al que desde el Gobierno de Cantabria tendemos la mano para trabajar de manera conjunta para fomentar el papel de los jóvenes de Cantabria en la sociedad y darle la visibilidad que se merece".
También ha destacado que la constitución de este Consejo de la Juventud cumple el compromiso adquirido para dotar a Cantabria de un organismo encargado de velar por los intereses y el futuro de la juventud de la comunidad autónoma.
Por su parte, desde la Dirección General de Juventud, Irene Lanuza, se ha sumado a las palabras del vicepresidente regional y ha felicitado a las cinco entidades miembro de la Comisión Gestora ¿ la Organización Juvenil de UGT Cantabria (OJUCA), Juventudes Regionalistas de Cantabria, Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria, Juventudes Socialistas de Cantabria y Cruz Roja Juventud ¿ por el esfuerzo realizado en estos meses para sacar adelante la formación del Consejo de la Juventud y, sobre todo, por las buenas relaciones mantenidas desde el inicio del proceso.
La relación definitiva que hoy se publica es el resultado del continuo trabajo de la Comisión Gestora del Consejo de la Juventud de Cantabria y la Dirección General de Juventud, desarrollado incluso durante las semanas de confinamiento con el objetivo de cerrar todos los detalles y disponer de la documentación necesaria para fijar la fecha de la primera Asamblea General, acordada para principios de octubre de este año.
Tras varias reuniones de coordinación con la directora general de Juventud, la Comisión Gestora comunicó el pasado 25 de febrero la lista provisional de las entidades que cumplían los requisitos necesarios para ser miembros de pleno derecho en el Consejo y participar en su primera Asamblea General.
Debido a la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central, a consecuencia de la crisis sanitaria originada por la COVID-19, los plazos administrativos quedaron suspendidos y, de igual forma, cualquier alegación o reclamación que pudiera hacerse a esta resolución provisional.
Este proceso se ha visto culminado hoy con la publicación definitiva en el BOC de las entidades admitidas y excluidas para ser miembros del Consejo de la Juventud de Cantabria.

Santander: Valdecilla desarrolla la primera neurocirugía espinal ambulatoria para reducir los efectos adversos asociados al ingreso

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) acaba de realizar la primera intervención de neurocirugía espinal de carácter ambulatorio, dando así un paso más en la incorporación de procedimientos espinales a los programas de cirugía mayor ambulatoria.
La neurocirugía espinal ambulatoria es menos disruptiva sobre la funcionalidad del paciente y reduce considerablemente los efectos adversos asociados a la hospitalización como la infección nocosomial. La aplicación generalizada de esta técnica evitará más de medio millar de estancias hospitalarias anuales.
El objetivo de la ambulatorización de procesos como este es mejorar la calidad de la asistencia que se presta al paciente y contribuir a una mejor y más pronta recuperación, ya que, tras la intervención quirúrgica disfruta de las comodidades de su domicilio y de la compañía de su familia el mismo día en el que pasa por el quirófano.
Este hito ha sido posible gracias al trabajo multidisciplinar de los equipos del Servicio de Neurocirugía-Unidad de Raquis Quirúrgico, Hospitalización Domiciliaria y Hospital de Día Quirúrgico, así como del Servicio de Anestesiología y Reanimación.
Además, tal y como ha explicado el jefe del Servicio de Neurocirugía del hospital, Rubén Martín, ha contado con el apoyo de las novedosas herramientas de telemonitorización de las que dispone Valdecilla, "que aseguran un postoperatorio tan eficaz y seguro como el hospitalario, pero más confortable", aplicando el paradigma del 'Hospital en el domicilio del paciente'.
"Valdecilla se suma así a la tendencia internacional que apuesta por la cirugía ambulatoria, un cambio de paradigma evidente en las intervenciones quirúrgicas".
Una forma de proceder que es factible gracias a la amplia experiencia del Servicio de Neurocirugía y a la dotación de medios técnicos del HUMV como el neuronavegador, la TAC intraoperatoria, el sistema de microscopía robotizado o el monitor hemodinámico, que permiten que la intervención se lleve a cabo con un procedimiento anestésico y quirúrgico mucho menos invasivo de lo habitual, facilitando así que el paciente pueda disfrutar de una recuperación mejor, a pesar de haberse sometido a una cirugía mayor.
Para pacientes con patología espinal de baja complejidad
El programa recién implantado está indicado para pacientes con patología de baja complejidad como hernias discales o estenosis de canal. De hecho, en 2019, de las alrededor de 300 intervenciones que se realizaron en Valdecilla en pacientes con enfermedades raquídeas, 125 de ellos presentaban este tipo de patologías de baja complejidad.
La cirugía por problemas degenerativos raquídeos se ha incrementado de forma considerable durante las dos últimas décadas y ha ido evolucionando hacia procedimientos mínimamente invasivos que producen menos dolor postoperatorio y obtienen mejores resultados funcionales. Todo esto unido a la mejora de las técnicas anestésicas y el desarrollo de las unidades de hospitalización domiciliaria permite la intervención ambulatoria en pacientes seleccionados con patologías de baja complejidad.
"Actualmente existe una gran preocupación a nivel internacional por mejorar la recuperación de los pacientes tras la cirugía y, desde luego, es la ambulatorización del postoperatorio una de las medidas que mayor impacto tiene en este sentido. Gracias a la "excelente coordinación y un gran trabajo multidisciplinar" acompañado de soluciones tecnológicas que permiten obtener información continua de las constantes y de la situación del enfermo, las convalecencias de cirugías pueden realizarse con la misma o mayor seguridad en el domicilio del paciente".
Finalizada la intervención, el paciente permanece en observación durante unas horas en el Hospital de Día Quirúrgico para controlar el posoperatorio inmediato y volver a evaluar si cumple con los criterios de alta en condiciones de seguridad. Si todos los parámetros son favorables, recibe el alta hospitalaria y es ingresado en su domicilio.
Ya en casa, es atendido las 24 horas por los profesionales especialistas del Servicio de Hospitalización Domiciliaria que, además de haberse formado específicamente en la atención a los pacientes neuroquirúrgicos, se mantienen en contacto durante toda la recuperación con el Servicio de Neurocirugía y de Anestesia para hacer frente a cualquier eventual complicación.
Un programa de neurocirugía ambulatoria en crecimiento
Este tipo de intervención ambulatoria no es la primera que realiza Valdecilla, ya que hace unos meses estrenó un programa pionero a nivel nacional de neurocirugía oncológica craneal ambulatoria en colaboración con el Toronto Western Hospital de la Universidad de Toronto, que disminuye la morbilidad asociada al ingreso hospitalario en pacientes tan sensibles como los neuro-oncológicos.
Tras los buenos resultados obtenidos con este programa, el objetivo es ir extendiendo este modelo de intervención multidisciplinar que lleva el hospital a casa de los pacientes.

Santander: El Gobierno aprueba dos decretos de ayudas para mitigar los efectos de la pandemia en las empresas turísticas y de viajeros por carretera

El Consejo de Gobierno, en una reunión extraordinaria celebrada esta mañana presidida por el vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha aprobado hoy sendos decretos de ayudas a pequeñas empresas del sector turístico y a las de transporte de viajeros por carretera para contribuir a paliar el impacto económico derivado de la crisis sanitaria del COVID 19.
Por un lado, la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo regula las ayudas a autónomos, microempresas y pequeñas empresas del sector turístico a las que destina 2.000.000 euros.
Por otro, en el ámbito de la Consejería de Innovación, Industria, Transportes y Comercio se ha aprobado el decreto por el que se destinan 650.000 euros a paliar el déficit de explotación que han tenido las empresas de transporte en los servicios públicos regulares de transporte de viajeros por carretera durante el estado de alarma.
Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo
El decreto regula la concesión directa de subvenciones a autónomos, microempresas y pequeñas empresas del sector turístico para contribuir a paliar el impacto económico derivado de la crisis sanitaria del covid-19 y a recuperar sus niveles de actividad empresarial previos.
La cuantía de las ayudas es de 350 euros para empresarios autónomos o individuales; de 450 euros para aquellas con cinco o menos trabajadores y, para empresas de entre seis y 15 trabajadores (ambos inclusive) las ayudas serán de 650 euros.
Tal y como explica la consejera, Marina Lombó, esta línea de ayudas de carácter extraordinario, incluida en el Plan de Choque del Gobierno de Cantabria frente al COVID 19, trata de dar apoyo económico a los autónomos y las pequeñas empresas para que puedan mantener su estructura y plantilla hasta que recuperen los niveles de actividad previos a la crisis.
Para Lombó, el contexto de excepcionalidad derivado de la grave situación sanitaria ha tenido efectos muy negativos en un sector cuya actividad representa cerca del 12 por ciento del PIB de Cantabria.
Además, la consejera ha señalado que estas ayudas buscan apoyar a aquellas empresas que, aunque hayan reanudado su actividad, tendrán peores márgenes de rentabilidad dado que han de ceñirse a las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias.
Consejería de Innovación, Industria, Transportes y Comercio
El decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones destinadas a cubrir el déficit de explotación de las empresas en la prestación de servicios públicos regulares de transporte de viajeros por carretera, de uso general y permanente de titularidad autonómica, durante la vigencia del estado de alarma.
Según explica el consejero, Francisco Martín, su departamento destina 650.000 euros, un "esfuerzo" que es de "vital importancia" para el mantenimiento de los servicios públicos y "la supervivencia de las empresas y del empleo que generan".
Según Martín, la crisis sanitaria y las medidas de restricción de la movilidad han tenido un "impacto sin precedentes" en la demanda de transporte, con efectos directos sobre la oferta y, con ello, en el equilibrio económico de los operadores.
Al tiempo que el Ejecutivo trabaja por mantener una oferta de transporte que garantice el "equilibrio territorial", Francisco Martín ha explicado que los prestadores del servicio han de limitar la ocupación de los vehículos, y, por tanto, el ingreso, así como realizar inversiones y asumir costes adicionales para preservar la salud de viajeros y trabajadores, estableciendo unas condiciones no recogidas en los pliegos concesionales en virtud de los cuales se presta el servicio de transporte.
Con estas ayudas, ha señalado Martín, se trata de preservar el "interés general" de la continuidad de unos adecuados servicios públicos de transporte en condiciones sanitarias seguras, compensando a los operadores por la prestación de dichos servicios durante la vigencia del estado de alarma.
Por ello, el importe de la subvención servirá para sufragar el déficit de explotación originado por gastos imprescindibles en los servicios objeto de subvención durante la vigencia del estado de alarma y podrá alcanzar, como máximo, el 100 por cien del déficit. El importe se determinará en función del coste del servicio del que se deducirá el ingreso obtenido.
En ningún caso el coste máximo subvencionable por kilómetro rodado del servicio podrá superar los 1,80 euros/km para los servicios en áreas urbanas y suburbanas (considerando como tales aquellos servicios prestados en un radio de 15 kilómetros de poblaciones de más de 25.000 habitantes) y 1,40 euros/km en el resto de los servicios, independientemente del número de plazas del vehículo con el que se realice el servicio.
El importe de la subvención se calculará en función de los costes directos del personal de conducción y los costes variables (combustible, lubricante, neumáticos, reparación y conservación de vehículos y las cuantías de desinfección e higiene. En cuanto a los costes indirectos, se tendrán en cuenta los gastos generales de comunicación, personal de oficina, adquisición de mascarillas, geles o tasas de estación durante el periodo de alarma.

San Millán de la Cogolla (La Rioja)/Santander: Cantabria reclamará en los tribunales el IVA de 2017 ante la negativa del Estado a devolvérselo a las comunidades

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado hoy, al término de la reunión de la Conferencia de Presidentes, que el Gobierno regional reclamará en los tribunales de justicia el impago de la liquidación del IVA de 2017 que el Estado se niega a devolver a las comunidades autónomas, 45 millones de euros en el caso de Cantabria, tal y como le ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"Me ha dicho que sí, que eso no lo van a pagar. Nosotros lo vamos a llevar a los tribunales, creo que vamos a presentar la demanda dentro de poco y esperamos obtener la misma sentencia que tuvimos con el tema de Valdecilla, aunque si en el tema de Valdecilla el precedente es que nos lo han recurrido, aquí supongo que harán lo mismo", ha afirmado Revilla en referencia a otra de las peticiones de la región, el pago de la anualidad del año 2016 de las obras del Hospital Universitario, contienda sobre la que ya hay un pronunciamiento judicial favorable a los intereses cántabros que, sin embargo, el Gobierno de España ha decidido recurrir, lo que el presidente interpreta como una "hostilidad" hacia Cantabria.
"Es un truco de mal pagador. Sabiendo que lo vas a perder, cuanto más tarde pagues, mejor. Es ofensivo para Cantabria", ha apostillado Revilla, que no ha ocultado su sorpresa por el "silencio" del resto de territorios en relación al impago del IVA.
Tampoco ha fructificado la reivindicación de liberar los 450 millones de euros de superávit que los ayuntamientos cántabros tienen bloqueados en cuentas corrientes y que el Estado no permite destinar, por ejemplo, a reactivar la economía. ¿Por qué? Según la repuesta de Pedro Sánchez a Miguel Ángel Revilla, porque supondría aumentar el déficit, aunque, para el presidente cántabro, aquí "el truco está en que el déficit del Estado español es el déficit de todos".
Más allá del "despliegue extraordinario de medios y personas", el jefe del Ejecutivo cántabro ha lamentado la falta de contenido de una reunión en la que Pedro Sánchez se ha presentado ante los dirigentes autonómicos "sobrado" y "exultante" por la evolución de la pandemia y por los 140.000 millones de euros que España ha obtenido de Europa.
Con respecto al reparto de esos fondos, Revilla ha explicado que la parte correspondiente al endeudamiento, prácticamente la mitad, la asumirá el Estado -"en principio para las comunidades no habrá nada", ha asegurado-, mientras que la otra mitad, la destinada a subvenciones, se distribuirá en virtud de los proyectos que presenten las autonomías en torno a dos grandes ejes: transición digital y transición ecológica.
Por un lado, el presidente cántabro se ha mostrado satisfecho de que el reparto de esas subvenciones no se realice en función del número de habitantes que tenga cada territorio, como ha ocurrido con los 16.000 millones de euros del Fondo COVID del Estado, donde Cantabria ha salido "muy mal parada". Revilla ha desvelado que este asunto le ha llevado a una "fuerte discusión" con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, partidario de este criterio que, a su juicio, es "absolutamente injusto".
Por otro lado, Miguel Ángel Revilla ha solicitado al Gobierno de España orientación acerca del tipo de proyectos que van a ser susceptibles de obtener financiación, proyectos que en un primer término tiene que autorizar Madrid y, posteriormente, Bruselas. A falta de abordar este tema en el seno del Consejo de Gobierno, el presidente aventura que podrían tener encaje actuaciones como el Plan de Transición Energética de Solvay para sustituir el carbón por otras fuentes de energía más limpias, la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo que pretende llevar a cabo Repsol o proyectos de energías renovables, entre otros. Incluso ha llegado a preguntar en la reunión si pudieran tener cabida proyectos como los trenes de alta velocidad.
"Nos gustaría saber de antemano qué proyectos son viables y cuáles no para no gastar tiempo y recursos. Que nos digan esto sí, esto no", ha apuntado Revilla, que solo ha obtenido como respuesta la creación de una comisión mixta, formada por el Gobierno de España y las comunidades autónomas, para avanzar en esta cuestión.
En todo caso, ha señalado que se trata de una iniciativa a medio plazo que no va a ayudar a las comunidades a recuperar lo perdido este año como consecuencia del impacto del coronavirus, si bien Pedro Sánchez se ha mostrado partidario de buscar una fórmula de apoyo a corto plazo. En Cantabria, según las estimaciones de la Consejería de Economía, el desfase rondaría los 500 millones de euros.
En lo que sí han coincidido Revilla y el resto de dirigentes autonómicos con Sánchez es en que no puede haber una marcha atrás en la desescalada. "Más allá de la alarma del día a día de brotes que surgen en un sitio o en otro, jamás vamos a estar ya sujetos a las restricciones que tuvimos hace 3 meses", ha reseñado el jefe del Ejecutivo cántabro, que confía en que el buen tono y la "cordialidad extraordinaria" que ha presidido el encuentro de hoy se traslade a las Cortes Generales.
La reunión de la Conferencia de Presidentes, la primera de carácter presencial desde que comenzó la pandemia (las 14 celebradas durante el Estado de Alarma fueron telemáticas), ha tenido lugar en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, donde se han dado cita todos los presidentes autonómicos, excepto el de Cataluña; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los vicepresidentes Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera; los ministros María Jesús Montero, Salvador Illa y Carolina Darias, y la presidenta del Senado, Pilar Llop.
El Rey Felipe VI ha estado presente en la apertura del encuentro y, después de saludar uno a todos los participantes, ha compartido un desayuno con ellos en el interior del templo. 

Fotos: Cortesía de Chema Moya Agencia EFE

Santander: Actuaciones de CHCantábrico en el río Campiazo y arroyo Cabra en Meruelo

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha ejecutado trabajos de conservación, mantenimiento y reparación de daños en el arroyo Cabra y el río Campiazo, en las proximidades de San Miguel de Meruelo, en el término municipal de Meruelo, comunidad autónoma de Cantabria.
El arroyo Cabra presentaba obstrucciones del curso de agua, así como algún arrastre vegetal puntual, en un tramo de unos 400 metros en el entorno del puente de la carretera CA-456. Similar problemática presentaba el río Campiazo, en un tramo de 1,8 kilómetros, en el entorno del polígono de La Roduera.
El objetivo de estas labores fue mejorar la capacidad de desagüe de los cauces disminuyendo su probabilidad de desbordamiento y afección a las zonas colindantes. Incluyeron labores de desbroce de vegetación y la retirada del arbolado que, caído o con riesgo de caída, se eliminaron o retiraron por medios mecánicos a lugar autorizado o vertedero.
Estas actuaciones, con un presupuesto estimado de 18.000 euros, se realizaron a través de la empresa pública Tragsa y forman parte de los trabajos de conservación, mantenimiento y reparación de daños en el dominio público hidráulico que está ejecutando CHCantabrico en Cantabria, fundamentalmente fuera de las zonas urbanas donde las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos.
Durante el año 2019, la inversión en labores conservación y mantenimiento de cauces en Cantabria fue de aproximadamente 1,7 millones de euros, repartidos en 70 actuaciones en más de 30 municipios.

Santander: Buruaga avisa de que el sector primario no puede ser el pagano del fondo de reconstrucción. “Con el campo no se juega”

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado hoy que el sector primario no puede ser el pagano del Fondo de Reconstrucción y ha advertido de que su partido no va a permitir ningún recorte de los fondos de la PAC. “Con el campo no se juega”, ha dicho.
Buruaga se ha referido a la Política Agraria Común durante su intervención en el primer Foro de Desarrollo Rural del Nansa, donde ha reprochado al Gobierno de Cantabria su silencio sobre el recorte de los presupuestos comunitarios aprobado por el Consejo de Europa y aceptado por Pedro Sánchez, que supone una pérdida de 5.000 millones de euros para el sector. La dirigente popular ha dicho que espera que el presidente Revilla no haya seguido hoy callado en la Conferencia de Presidentes sobre esta reducción de fondos.
“Nosotros no, no vamos a permitir ningún recorte de los fondos de la PAC y vamos a pelear en el Parlamento Europeo para que se mantengan. No vamos a comulgar con ruedas de molino. Jamás lo hemos hecho y no lo vamos a hacer porque con el campo no se juega”, ha afirmado la presidenta del PP, quien ha subrayado que el sector primario es clave para España y para Cantabria y lo es para la sociedad porque es el que da de comer a la gente y no puede ser el pagano de los fondos de reconstrucción”.
Como otro factor clave para el mundo rural, se ha referido a la revisión del sistema de financiación autonómico, una cuestión determinante, ha dicho, en la que no solo está en juego la supervivencia de la Cantabria rural, sino de la autonomía.
Buruaga ha sostenido que el Gobierno de Sánchez tiene que clarificar ya su postura respecto a una posible reforma del sistema, porque sus socios están peleando para que prime el criterio de población y sus antecedentes en la distribución de los fondos nacionales son de poner los pelos de punta porque Cantabria siempre pierde.
La presidenta de los populares cántabros ha anticipado que el Partido Popular va a defender el modelo actual y el criterio de coste efectivo de los servicios, lo que implica atender a variables demográficas como el envejecimiento, la dependencia y el riesgo de despoblación y variables geográficas como la dispersión, puesto que este es el modelo que garantiza la equidad de acceso en los servicios a todos los españoles vivan donde vivan.
Durante su intervención, dedicada al futuro del mundo rural, la dirigente popular ha defendido que el reto demográfico debería ser una política de Estado y deberían haberse aprobado ya una estrategia nacional y otra estrategia regional perfectamente alineadas, al tiempo que ha lamentado el escaso interés del Gobierno socialista por el mundo rural. Prueba de ello, ha dicho, es que se han paralizado los trabajos de la estrategia contra la despoblación que el Comisionado para el reto demográfico del presidente Rajoy puso en marcha y en dos años solo se ha convocado una vez la conferencia sectorial.
Además, ha defendido la igualdad de oportunidades como solución para luchar contra los desequilibrios territoriales y contra la despoblación de las zonas rurales; libertad para que los ciudadanos vivan donde quieran e igualdad de derechos y oportunidades vivan donde vivan, lo que exige dotar a los pueblos de equipamientos, servicios, infraestructuras y posibilidades de desarrollo económico, social y cultural.
Para la presidenta del PP, la mejor forma de fijar y atraer población a los pequeños núcleos es asegurando servicios y empleo y, para eso, ha añadido, el mundo rural necesita más facilidades, eliminando trabas administrativas a la actividad económica y empresarial; más incentivos fiscales y más ayudas al empleo y emprendimiento.
Además, ha apostado por la conectividad física con una política de infraestructuras con sentidoeconómico y por la conectividad digital, tan importante como lo fue hace décadas la ejecución de nuestras carreteras.
“El acceso a un internet de calidad es una puerta a la igualdad de oportunidades, porque hace accesibles los servicios y ayuda a hacer rentables los negocios al posibilitar la modernización del sector empresarial, desde el agroalimentario hasta el turismo rural”, ha dicho la presidenta, quien ha hecho hincapié en que con la crisis del Covid se ha visto que es una imperiosa necesidad que el mundo rural no quede al margen de la revolución digital.
A estas actuaciones ha sumado una estrategia para la diversificación productiva del mundo rural, que conjugue la transformación del sector primario, con oportunidades de desarrollo industrial y de servicios, con tecnologías limpias, aprovechamiento sostenible de recursos naturales y emprendimiento y economía social.
En opinión de Buruaga, junto a las actuaciones económicas, debe potenciarse la imagen positiva del mundo rural y prestar especial atención al papel de la mujer. “El objetivo está claro: ayudar al medio rural a potenciar su dinamismo, crear nuevas oportunidades y difundir las posibilidades que ofrece”, ha concluido la presidenta regional del PP.

Santander: El Sindicato Unitario en contra del acuerdo firmado por Digitex-Comdata con los sindicatos UGT, CC.OO. y USO

El pasado jueves 30 de julio, Digitex-Comdata (empresa de Telemarketing) y los sindicatos CCOO, UGT y USO han llegado a un preacuerdo tras el ERE presentado por la empresa. Este acuerdo supone que el ERE se cerrará con bajas voluntarias hasta llegar a 352 trabajadoras/es, que es la cifra de personas que le sobra a la empresa. A las trabajadoras/es que acepten esa baja voluntaria, la empresa les pagará una indemnización de 30 días por año trabajado hasta completar 12 mensualidades y 20 días (el mínimo legal) hasta 18 mensualidades. La empresa se compromete a no realizar otro ERE hasta junio de 2021.
El Sindicato Unitario de Cantabria (SUC) rechaza radicalmente este acuerdo por los siguientes motivos. No existen causas objetivas que justificasen la presentación del ERE. Por el contrario, lo que se ha podido comprobar son las numerosas irregularidades financieras de la empresa, como la venta de matrículas de operadoras a otras empresas de Telemarketing o el desvío de fondos a otras empresas del grupo Comdata. Para las dos últimas reuniones la empresa envío abundante documentación a los sindicatos, pero luego se negó en todo momento a analizar esos datos y documentación. Tampoco han explicado su cambio de postura de CCOO, UGT y USO, que en un principio manifestaban que no existían razones objetivos para la pérdida de puestos de trabajo y luego han firmado el preacuerdo.
La firma de este preacuerdo no supone ninguna garantía de que no haya más despidos si no se llega a la cifra de 352 bajas voluntarias. La empresa tiene otros muchos mecanismos: despidos por causas objetivas, despidos individuales hasta 29 que no necesitan la presentación de un ERE, presentación de un ERTE (la propia empresa manifestó en una reunión que ser reserva el derecho a realizar ERTEs), despidos por no renovar clientes (por ejemplo Iberdrola, cuyo contrato debe ser renovado) o renovar dichos contratos en otras condiciones …
Aunque el acuerdo es de voluntariedad, sólo pueden acogerse a él las trabajadoras/es de las campañas afectadas, excluyendo, por ejemplo, a las trabajadoras/es del 1004 y a mayores de 50 años.
Consideramos la cantidad a pagar como indemnización (30 días por año trabajado hasta 12 mensualidades, 20 días hasta 18 mensualidades) casi una burla, especialmente considerando que, Esmeralda Mingo, CEO de la empresa para España y Latinoamérica, se paseó por varias plataformas anunciando que se iba a firmar el acuerdo con 33 días de indemnización y que la empresa en las negociaciones comenzó ofreciendo 28 días. Presentar los 30 días por año trabajado como un logro es ridículo.
El SUC también quiere denunciar el vergonzoso papel representado por la Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero, colocada en ese puesto por la Ministra Yolanda Díaz, de Unidas-Podemos. A pesar de que se suponía que iba a mediar ante la empresa a favor de la parte social, el único objetivo de esta directora general ha sido coaccionar y presionar a los sindicatos para que se firmara el acuerdo con la empresa, con una actitud agresiva, irrespetuosa y acosadora hacia los sindicatos que lo rechazaban. Es insultante que desde el Ministerio de Trabajo hayan publicado una nota colgándose la medalla de haber ayudado a que se firmase el acuerdo, cuando el papel de esta tecnócrata (que hasta su nombramiento era presidenta del Consejo Gallego de Relaciones Laborales, dependiente de la Consejería de Economía del gobierno gallego en manos del PP, está claro que no le importa el partido político sino su puesto) ha sido claramente a favor de los intereses de la empresa y en contra de los sindicatos que no se plegaban a ellos.
En un momento de emergencia social como el que vivimos, y más en una Comunidad como Cantabria que ha encabezado el aumento del paro en el último semestre, desde el SUC no podemos aceptar este mal acuerdo, tanto para quienes se acojan a las bajas voluntarias como para quienes nos quedemos trabajando. Esta destrucción de empleo no da ninguna garantía de estabilidad a la plantilla. Los puestos de trabajo se defienden luchando y no aceptando chantajes ni por parte de la empresa ni de ninguna politiquilla trepa que sólo busca una nota de prensa para quedar bien.

Santander: Ciudadanos presenta 40 enmiendas al Proyecto de Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) Cantabria ha presentado un total de 40 enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura que se tramitará próximamente en el Parlamento regional con el fin de “mejorar y concretar el texto”, de manera que “responda a las necesidades de un colectivo profesional que es estratégico para la economía de la comunidad autónoma”.
Es lo que ha manifestado la diputada naranja, Marta García, que también ha mostrado su apoyo a los pescadores ante las “pérdidas” derivadas por la paralización de la actividad debido a la crisis sanitaria del covid-19. “Esta ley debe ofrecer garantías para el desarrollo y conservación de la actividad pesquera, porque es vital asegurar el abastecimiento presente y futuro”, ha defendido García, quien se ha referido a esta legislación como un texto “transversal” que también “afecta”, ha dicho, al medioambiente, las explotaciones industriales y el sector turístico en la rama náutica.
“Por lo tanto, su complejidad obliga a que, con el objeto de que se cumpla la ley, se deben establecer controles e inspecciones, además de contar para ello con el personal competente”, ha subrayado la diputada de Cs, cuyo grupo parlamentario ha propuesto que se elimine el silencio administrativo “y los afectados sean notificados a nivel personal”. 

Por último, y en cuanto al régimen sancionador que recoge el proyecto de ley, desde Cs se han presentado modificaciones “para detallarlo y adecuarlo a cada tipo de actuación”.

Santander: Por fin se reconoce la TIP del personal de vigilancia como identificación en la tramitación de las denuncias ante la Policía y Guardia Civil en Cantabria

En un importante e histórico informe emitido por la Delegación del Gobierno en Cantabria e instruido por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en Madrid, se unifican criterios para que los y las vigilantes de seguridad se puedan identificar con su Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) en la tramitación de las denuncias ante la Policía y Guardia Civil y no tengan que incorporar datos de carácter particular.
Desde el sindicato manifiestan que “desde hace tiempo, los responsables y delegados de seguridad privada de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Cantabria recibían de forma constante quejas de trabajadores y trabajadoras a los que se les pedía un informe completo de datos personales a la hora de denunciar un hecho delictivo, ocurrido en el establecimiento donde trabajaban realizando funciones de seguridad privada, en lugar de admitir como identificación la TIP”.
La Federación apunta que el 90% de las denuncias del sector de la seguridad privada, que se tramitan en los cuarteles y comisarías del Cuerpo Nacional de la Policía Nacional y la Guardia Civil, son interpuestas por trabajadores y trabajadoras que trabajan en centros comerciales, tiendas y servicios en estaciones de ferrocarril y autobuses, mientras realizan su trabajo.
Hasta ahora, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cantabria, más concretamente las unidades del Cuerpo Nacional de Policía en Cantabria sitas en Santander y Torrelavega, seguramente por desconocimiento, no admitían la TIP como identificación para el personal de seguridad privada porque existía cierta confusión entre ellos sobre si esta Tarjeta de Identificación Profesional tenía la validez necesaria, por lo que algunos funcionarios policiales o judiciales acababan pidiendo un informe completo de datos personales al vigilante de seguridad denunciante, incluidos su domicilio particular, dirección de su trabajo o el nombre de sus padres, sin considerar la salvaguarda de su identidad.
Estos datos, al ser incluidos en la denuncia, quedaban al alcance de los propios delincuentes y sus letrados, lo que ha provocado que muchos vigilantes de seguridad y sus familias hayan tenido incidentes y represalias por parte de los propios delincuentes, ya que estos sabían donde trabajan, donde vivían e incluso datos sobre sus padres.
Esta situación ha generado mucha tensión y presión sobre los trabajadores y las trabajadoras de seguridad privada y sus familiares, simplemente por realizar su trabajo con total profesionalidad.
Como ejemplo tenemos a vigilantes del Carrefour en Cantabria que se han encontrado sus vehículos particulares con rayones en la pintura de la carrocería, pinchazos de ruedas, y otros desperfectos, han recibido cartas amenazadoras en los buzones de sus domicilios y un largo etcétera, por la anómala situación que vienen viviendo.
Hace ya dieciséis años, la Ley 5/2014 de Seguridad Privada (Art. 27.2, párrafo 2) señala que “La tarjeta de identidad profesional constituirá el documento público de acreditación del personal de seguridad privada mientras se encuentra en el ejercicio de sus funciones profesionales”.
El Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior y la propia Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, explican las competencias de la Delegación del Gobierno del Estado en Cantabria –en delegación de funciones autonómicas del Ministerio del Interior- y la supeditación de la Policía Nacional y Guardia Civil en Cantabria hacia esta institución, quedando claro que estos organismos policiales están bajo el mando único, en materia de seguridad privada, del Delegado de Gobierno del Estado.
Una vez que se han aclarado los puntos y unificado criterios, a través de la Resolución de Delegación del Gobierno del Estado en Cantabria y el informe emitido desde la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, desde la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Cantabria advierten que “sobre cualquier incidencia que se produzca en el futuro, bien por omisión o desconocimiento por parte del encargado policial o judicial de la recopilación de datos, nuestra organización se reserva el derecho que le asiste a interponer la denuncia oportuna al funcionario responsable por la exposición de datos personales del vigilante de seguridad a la hora de su identificación en la redacción del atestado de denuncia, el cual deberá asumir responsabilidades en el caso de que el incumplimiento de este informe acarree perjuicios personales al trabajador o a su entorno familiar”.