El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Vivienda, ha firmado durante el estado de alarma 17 nuevos contratos de alquiler social con otras tantas familias que se encontraban en una situación de emergencia habitacional alojados en infraviviendas, o con procedimientos abiertos de desahucio o lanzamiento.
La directora general de Vivienda, Eugenia Gómez, ha explicado que durante la pandemia los trabajadores de la Oficina de Emergencia Habitacional han seguido trabajando para facilitar el acceso a una vivienda a personas vulnerables. Ejemplo de ello son los 17 nuevos contratos en vigor, a los que hay que sumar otros 4 que se encuentran pendientes de firma y otro en tramitación.
Ha recordado que desde el mes de mayo se ha implantado un nuevo programa de acceso a la vivienda para colectivos vulnerables que da prioridad a las víctimas de violencia de género y trata, a las personas sin techo y otros colectivos vulnerables, con 20 solicitudes que se están actualmente en tramitación.
De este modo, la Oficina de Emergencia Habitacional ha tramitado durante el estado de alarma casi medio centenar de contratos sociales, de los que casi la mitad ya han sido rubricados.
Para su departamento, ha dicho la directora, "es una prioridad seguir dando pasos para ampliar el parque público de vivienda en alquiler" que actualmente cuenta con 311 viviendas, por lo que se sigue trabajando para movilizar pisos vacíos mediante acuerdos con grandes tenedores (como se ha hecho con la Sareb y Liberbank) y con particulares que estén dispuestos a ceder las viviendas al parque público a cambio de ciertas garantías.
Otras medidas que está implementando el Gobierno es el ejercicio del derecho de tanteo en las transmisiones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y la recuperación de viviendas de titularidad pública donde se ha dado un mal uso del inmueble, con impagos y conductas incívicas u ocupaciones ilegales.
La directora de vivienda ha informado de que se han iniciado los trámites para recuperar en Cantabria más de 10 viviendas situadas en Santander, Torrelavega y Los Corrales de Buelna, y que en la mayor parte de los casos la Administración confía en que la negociación previa con los inquilinos permita la entrega voluntaria de las llaves.
La directora general de Vivienda, Eugenia Gómez, ha explicado que durante la pandemia los trabajadores de la Oficina de Emergencia Habitacional han seguido trabajando para facilitar el acceso a una vivienda a personas vulnerables. Ejemplo de ello son los 17 nuevos contratos en vigor, a los que hay que sumar otros 4 que se encuentran pendientes de firma y otro en tramitación.
Ha recordado que desde el mes de mayo se ha implantado un nuevo programa de acceso a la vivienda para colectivos vulnerables que da prioridad a las víctimas de violencia de género y trata, a las personas sin techo y otros colectivos vulnerables, con 20 solicitudes que se están actualmente en tramitación.
De este modo, la Oficina de Emergencia Habitacional ha tramitado durante el estado de alarma casi medio centenar de contratos sociales, de los que casi la mitad ya han sido rubricados.
Para su departamento, ha dicho la directora, "es una prioridad seguir dando pasos para ampliar el parque público de vivienda en alquiler" que actualmente cuenta con 311 viviendas, por lo que se sigue trabajando para movilizar pisos vacíos mediante acuerdos con grandes tenedores (como se ha hecho con la Sareb y Liberbank) y con particulares que estén dispuestos a ceder las viviendas al parque público a cambio de ciertas garantías.
Otras medidas que está implementando el Gobierno es el ejercicio del derecho de tanteo en las transmisiones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y la recuperación de viviendas de titularidad pública donde se ha dado un mal uso del inmueble, con impagos y conductas incívicas u ocupaciones ilegales.
La directora de vivienda ha informado de que se han iniciado los trámites para recuperar en Cantabria más de 10 viviendas situadas en Santander, Torrelavega y Los Corrales de Buelna, y que en la mayor parte de los casos la Administración confía en que la negociación previa con los inquilinos permita la entrega voluntaria de las llaves.
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