jueves, 18 de octubre de 2018

Santander: El Gobierno incluirá en los Presupuestos de 2019 y 2020 partidas para recuperar la jornada de 35 horas semanales


El Gobierno de Cantabria incluirá en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019 y 2020 las partidas necesarias para recuperar la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos autonómicos. Esta medida supone un coste mínimo anual de 9.163.918 euros, para la aplicación de dicha jornada en todos los sectores donde estaba implantada antes de los recortes de 2012. 
Esto permitirá llevar a cabo la preceptiva negociación colectiva en la Mesa General de Negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo para recuperar, en los ejercicios 2019 a 2020, la jornada de 35 horas semanales de promedio anual de forma simultánea en todos los sectores donde estaba implantada dicha jornada.
Esta medida incluye un coste mínimo para la aplicación de la jornada de 35 horas en todos los sectores donde ya estaba implantada antes de 2012. La previsión presupuestaria anual aproximada sería de 9.163.918 euros.
De esta forma, se podría cerrar el Acuerdo Marco para la mejora de la calidad de empleo público y de las condiciones laborales de personal de la Administración Autonómica que establece un régimen común en el que se enmarcan las mejoras en materia de retribuciones, ofertas de empleo público y jornada de trabajo.
El Ejecutivo también ha aprobado inversiones por valor de 3.640.253 euros destinados a la construcción, mantenimiento o puesta en valor de diferentes infraestructuras en espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma.
Concretamente, Medio Rural destina 2.145.310 euros para la rehabilitación y ampliación de la Casa Pozo, primera fase del futuro Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre y una cuantía de 1.494.943 euros para el mantenimiento y reparación de pequeñas infraestructuras asociadas al uso público en las Áreas Naturales de Especial Interés de Cantabria y lugares de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria 
Las obras las llevará a cabo Tragsa. Tiene un plazo de ejecución de 24 meses y se financiará entre 2018 y 2020. 
Tras estudiar diversas alternativas, centradas en la rehabilitación de los edificios como volúmenes autónomos, se ha optado por un proyecto global que suma a los dos edificios un tercer pabellón que los articula, creando una nueva unidad que mejora la funcionalidad del Centro y le dota de una forma más reconocible como edificio público.
En el nuevo pabellón se resuelve el acceso, recepción, núcleo de comunicaciones, con la escalera y el ascensor y las conexiones con los edificios históricos, Casa Pozo y Las Cocheras.
En lo que respecta a la Casa Pozo, la intervención logrará que sea un gran contenedor flexible y polivalente, una vez liberada de las escaleras. Por ello, las plantas baja y primera podrán utilizarse como aulas, talleres, sala de exposiciones, dejando la crujía del fondo para servicios y almacenes. En la planta bajocubierta se localizarán despachos, una sala de reuniones, o dos salas de audiovisuales, entre otras dotaciones.
El Gobierno ha autorizado la gestión, a través de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, del Servicio de Apoyo al alumnado alojado en residencias escolares de centros dependientes de la Consejería durante los cursos escolares 2018-2019 y 2019-2020. Inicialmente, el servicio se prestará en el Colegio Público Jerónimo Sainz de la Maza, de Soba.
La Consejería gestiona desde hace años residencias, a veces denominadas Escuelas-Hogar, en centros docentes ubicados en distintas zonas geográficas con el objetivo de ofrecer una alternativa que garantice el derecho a la educación de los alumnos que, por la distancia a su localidad de residencia al colegio u otras circunstancias relevantes, no pueden desplazarse diariamente.
En virtud de este acuerdo, las residencias contarán con personal técnico de apoyo que ayuda a los residentes en sus tareas escolares, les atiende en periodos de descanso y nocturnos o coordinan la ejecución de las actividades no docentes (tiempo libre, descanso, aseo, manutención, estudio, etc.).
El Gobierno ha aprobado el Decreto que regula las indemnizaciones por el cierre preventivo o sobrevenido de un pasto comunal o por la prohibición para una determinada explotación de ganado bovino de desplazar sus animales al pasto comunal durante el periodo tradicional de aprovechamiento, entre mayo y octubre.
Podrán ser beneficiarios los ganaderos que, cumpliendo los requisitos, no puedan aprovechar el pasto comunal por cierre sanitario del mismo decretado por la Dirección General de Ganadería o por inmovilización de la cabaña, siempre que se acredite un derecho u obligación contractual preexistente y una utilización efectiva durante los tres años anteriores, a salvo de circunstancias excepcionales o situaciones de fuerza mayor.
La cuantía de las indemnizaciones se fijará, tal y como establece el Decreto, por Unidad de Ganado Mayor (UGM), computada a partir del censo medio a las fechas 1 de mayo, 1 de agosto y 31 de octubre en que se decrete el cierre o la inmovilización y no podrá superar el plazo de 90 días de periodo indemnizable.
Solo computarán los animales mayores de seis meses para el cálculo de UGM indemnizables. Asimismo, se ajustará el número de Unidades a las hectáreas adjudicadas de pasto comunal si esta fuera una cifra menor.
Este Decreto amplía la normativa básica que establece la Ley de Sanidad Animal y el Real Decreto 389/2011, de carácter nacional, y que, en algunos casos, no contempla situaciones específicas de Cantabria, que tienen gran repercusión en el estado sanitario de la cabaña ganadera y que condicionan la eficacia de los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales, como son las vinculadas al aprovechamiento comunal en los montes de utilidad pública, donde la posibilidad del contagio entre animales de distintas explotaciones se multiplica.
El Gobierno ha aprobado celebrar un convenio con Santa Cruz de Bezana para la conservación, mantenimiento, conservación y explotación integral por parte de la Administración Autonómica de la infraestructura de titularidad municipal denominada Bombeo de Covachos, así como de los terrenos vinculados a la misma.
La consejera informó de la adjudicación de la conexión del saneamiento y distribución de agua del futuro polígono industrial de Comillas con las redes municipales, con un presupuesto de 120.159 euros.

No hay comentarios:

Publicar un comentario