miércoles, 15 de noviembre de 2017

Santander/Torrelavega: Díaz Tezanos asegura que el Gobierno se ha regido por los principios de transparencia, seguridad jurídica y máxima colaboración con Solvay en la tramitación del expediente sobre la planta de cloro


La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha defendido la actuación del Ejecutivo en la tramitación del expediente sobre la planta de cloro de Solvay y ha asegurado que se ha regido por los principios de transparencia, seguridad jurídica y máxima colaboración con la empresa química "porque su proyecto empresarial es fundamental para el desarrollo económico y social de Torrelavega, de la comarca del Besaya y de Cantabria".
"Las resoluciones del Gobierno gozan absolutamente de todas las garantías. El Gobierno ha respetado los informes de sus servicios jurídicos porque para el Gobierno no hay nada por encima de la ley", ha sostenido la vicepresidenta durante su comparecencia esta mañana en el Parlamento de Cantabria, en la que ha relatado todos los pasos que se han seguido en la tramitación de la petición de moratoria formulada por Solvay para continuar la producción de cloro por la tecnología del mercurio más allá del plazo máximo fijado en el 11 de diciembre de este año por la Unión Europea.
Además, Díaz Tezanos ha dado la bienvenida a la empresa CUF, la principal empresa química de Portugal, que continuará la producción de cloro en Barreda con la tecnología de membrana y que adoptará la denominación oficial de Altamira Electroquímica del Cantábrico S.A.
"Si esta empresa finalmente decide acometer la inversión y mantener el empleo para emprender la fabricación de cloro de acuerdo con las nuevas exigencias ambientales, recibirá también todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración", ha afirmado la vicepresidenta.
Díaz Tezanos ha considerado una "buena noticia" el acuerdo entre Solvay y la empresa CUF, ya que prevé el mantenimiento de alrededor de 100 empleos, que los absorberá Solvay según ha anunciado la empresa, y la realización de una importante inversión en Cantabria para la producción de cloro con una nueva tecnología más limpia y más ecológica.
La vicepresidenta ha señalado que el 24 de octubre Solvay solicitó la segregación de la autorización ambiental integrada, en concreto la de las instalaciones de producción de cloro del resto de las producciones de Solvay, y que esta segregación tiene por objeto ceder esa parte y la titularidad de las instalaciones, a partir del 11 de diciembre de 2017, a la portuguesa CUF, que adoptará la denominación industrial Altamira Electroquímica del Cantábrico S.A. Además, ha explicado que la Dirección General de Medio Ambiente el pasado 8 de noviembre dictó resolución por la que autoriza esa segregación.
"Aunque todavía no hay un acuerdo definitivo, el escenario más probable es que finalmente se alcance un acuerdo entre las partes, que garantice la inversión para construir unas instalaciones de producción de cloro en la fábrica de Barreda con tecnología de membrana", ha afirmado.
Respetar la libertad de empresa y respetar la ley
Díaz Tezanos ha sostenido que el Gobierno durante la tramitación del expediente ha respetado la libertad empresarial que tiene Solvay como empresa privada, y ha respetado escrupulosamente la ley.
"En 2013, el grupo decidió vender todas las fábricas de cloro, salvo tres, una de ellas la de Barreda, decisión en la que el Gobierno no puede entrar, como tampoco puede en la negociación que ha llevado a cabo con CUF, lo que sí ha hecho este Gobierno es todo lo posible para que no se cierre la planta de Barreda", ha afirmado la vicepresidenta, que ha fijado como límite a esa colaboración del Ejecutivo el "escrupuloso respeto de la ley".
"Nosotros no somos salvadores de empresas, somos un Gobierno que ayuda, que facilita, que colabora con las empresas de Cantabria", ha declarado.
La vicepresidenta ha explicado que el 22 de septiembre de 2016 la Asesoría Jurídica de la Consejería informó de que existían causas justificadas para acceder a la ampliación del plazo solicitado por Solvay y el 10 de abril de 2017 emitió un informe favorable de valoración ambiental.
Además, ha señalado que el 28 de abril la Dirección General de Medio Ambiente emitió propuesta de resolución favorable, a la que presentaron alegaciones contrarias Ecologistas en Acción, la empresa ERCROS, ARCA, USO, el Gobierno central y Trapero de Emaús, y alegaciones favorables los ayuntamientos de Santillana y Polanco, el de Torrelavega, y el Comité de Empresa de Solvay. También el Parlamento de Cantabria aprobó una resolución favorable.
Tras esto, el 19 de junio de 2017, a la vista del contenido de las alegaciones presentadas y al tratarse de una cuestión jurídica compleja, se solicitó informe a la Dirección General del Servicio Jurídico, que el 14 de julio emitió un informe en el que se sostiene que no cabe la ampliación del plazo solicitado por Solvay.
El 11 de agosto de 2017, a la vista de la discrepancia jurídica y con el fin de despejar cualquier duda, se solicitó a la Dirección General del Servicio Jurídico un informe complementario, en el que de nuevo confirmó que no cabía la producción de cloro con tecnología de mercurio a partir del 11 de diciembre de 2017.
"Este expediente se ha cerrado como se debía cerrar, con un informe jurídico concluyente, que el Gobierno de Cantabria respeta porque para este Gobierno no hay nada por encima de la ley", ha declarado la vicepresidenta.

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