La presidenta de Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha denunciado hoy que el Gobierno de Cantabria va a subir el Impuesto sobre Patrimonio “por la puerta de atrás” y en Navidad, porque, por primera vez, pretende adelantar su entrada en vigor para poder recaudar casi 10 millones en el año 2018.
La presidenta del PP ha revelado que el Gobierno de Cantabria ha incluido en la Ley de Acompañamiento una disposición final “insólita”, que establece que todas las disposiciones que contiene y todas las subidas de impuestos que decreta entrarán en vigor el 1 de enero de 2018, salvo la modificación del Impuesto sobre Patrimonio.
La subida, de una media del 20 por ciento en todos los tramos, será de aplicación al día siguiente de la publicación de la Ley, que, de acuerdo con el calendario de tramitación de los presupuestos, se debatirá en el pleno del Parlamento el 22 de diciembre.
La dirigente popular ha explicado que el Impuesto sobre Patrimonio se paga de acuerdo con las tarifas establecidas el 31 de diciembre de cada año, por lo que al anticipar la entrada en vigor al mismo año 2017 conseguirá que la subida se aplique a los contribuyentes en la declaración de 2018.
“Estamos ante una subida por la puerta de atrás, por la espalda, una subida que provoca grave indefensión en el contribuyente frente a un Gobierno que actúa de manera torticera, ocultando de manera intencionada esta excepción”, ha dicho.
Según Buruaga, el Gobierno pretende subir el impuesto sin previo aviso y en Navidad, porque sin esta argucia “intolerable” no habría podido recaudar los 9,5 millones de subida hasta 2019.
Ha advertido de que esta subida por la puerta de atrás, confiscatoria y que atenta contra la seguridad jurídica de los ciudadanos, va a provocar la fuga de patrimonios a otras comunidades autónomas y una bajada de la recaudación por IRPF.
Adelantar la entrada en vigor de la subida de este impuesto es, según la presidenta del PP, el verdadero motivo oculto de las prisas del Gobierno y los grupos que le apoyan por acelerar al máximo el calendario de tramitación del presupuesto, para que pueda aprobarse el día 22.
La presidenta del PP ha insistido en que la reforma fiscal que el Gobierno ha remitido al Parlamento es injusta, castiga a las rentas medias y penaliza la actividad y la recuperación económica, con el único objetivo de recaudar más y con efecto inmediato.
“Veinticinco millones más que revelan que la paz del Gobierno de Revilla se ha comprado con el dinero de los contribuyentes cántabros”, ha apostillado.
Además de los 9,5 en concepto de Impuesto sobre Patrimonio, con la subida de la presión fiscal, el Gobierno espera recaudar 5 millones más por las herencias, medio millón más por la tasas y 10 millones vía Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que grava todas las transacciones de segunda mano, incluidas las viviendas y los vehículos usados.
Según Buruaga, se mire por donde se mire, la subida de este impuesto es tocar el bolsillo a los que menos tienen, a los trabajadores, a las rentas medias, y supone un gravísimo error, porque, como ya están advirtiendo los promotores y las inmobiliarias, el encarecimiento de la vivienda conducirá a frenar el número de transacciones, a reducir la generación de negocio y a resentir el empleo en el sector.
La presidenta del PP ha revelado que el Gobierno de Cantabria ha incluido en la Ley de Acompañamiento una disposición final “insólita”, que establece que todas las disposiciones que contiene y todas las subidas de impuestos que decreta entrarán en vigor el 1 de enero de 2018, salvo la modificación del Impuesto sobre Patrimonio.
La subida, de una media del 20 por ciento en todos los tramos, será de aplicación al día siguiente de la publicación de la Ley, que, de acuerdo con el calendario de tramitación de los presupuestos, se debatirá en el pleno del Parlamento el 22 de diciembre.
La dirigente popular ha explicado que el Impuesto sobre Patrimonio se paga de acuerdo con las tarifas establecidas el 31 de diciembre de cada año, por lo que al anticipar la entrada en vigor al mismo año 2017 conseguirá que la subida se aplique a los contribuyentes en la declaración de 2018.
“Estamos ante una subida por la puerta de atrás, por la espalda, una subida que provoca grave indefensión en el contribuyente frente a un Gobierno que actúa de manera torticera, ocultando de manera intencionada esta excepción”, ha dicho.
Según Buruaga, el Gobierno pretende subir el impuesto sin previo aviso y en Navidad, porque sin esta argucia “intolerable” no habría podido recaudar los 9,5 millones de subida hasta 2019.
Ha advertido de que esta subida por la puerta de atrás, confiscatoria y que atenta contra la seguridad jurídica de los ciudadanos, va a provocar la fuga de patrimonios a otras comunidades autónomas y una bajada de la recaudación por IRPF.
Adelantar la entrada en vigor de la subida de este impuesto es, según la presidenta del PP, el verdadero motivo oculto de las prisas del Gobierno y los grupos que le apoyan por acelerar al máximo el calendario de tramitación del presupuesto, para que pueda aprobarse el día 22.
La presidenta del PP ha insistido en que la reforma fiscal que el Gobierno ha remitido al Parlamento es injusta, castiga a las rentas medias y penaliza la actividad y la recuperación económica, con el único objetivo de recaudar más y con efecto inmediato.
“Veinticinco millones más que revelan que la paz del Gobierno de Revilla se ha comprado con el dinero de los contribuyentes cántabros”, ha apostillado.
Además de los 9,5 en concepto de Impuesto sobre Patrimonio, con la subida de la presión fiscal, el Gobierno espera recaudar 5 millones más por las herencias, medio millón más por la tasas y 10 millones vía Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que grava todas las transacciones de segunda mano, incluidas las viviendas y los vehículos usados.
Según Buruaga, se mire por donde se mire, la subida de este impuesto es tocar el bolsillo a los que menos tienen, a los trabajadores, a las rentas medias, y supone un gravísimo error, porque, como ya están advirtiendo los promotores y las inmobiliarias, el encarecimiento de la vivienda conducirá a frenar el número de transacciones, a reducir la generación de negocio y a resentir el empleo en el sector.
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