Cantabria recibirá este año 26.000.746 euros en la distribución de fondos estatales destinados a las Comunidades Autónomas para políticas activas de empleo, frente a los 24.403.382 euros que percibió el año pasado, según se ha puesto hoy de manifiesto en la LXIV Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada en Madrid, con la participación del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota.
El consejero ha manifestado que el aumento de 1,6 millones de euros con relación al ejercicio anterior se debe al "buen resultado obtenido" en la evaluación del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), al haber alcanzado Cantabria "el quinto mejor índice" de entre todas las Comunidades Autónomas.
Sota, que ha estado acompañado por el director general del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), José Manuel Callejo, ha añadido que esto ha sido posible "gracias a la reorientación" de los diferentes programas de fomento del empleo dirigidos a los colectivos de personas con mayores dificultades para el acceso a un trabajo, en especial los jóvenes y las personas desempleadas de larga duración, que es objetivo "prioritario" en estos momentos.
"La recuperación de la oferta formativa a finales de 2015 ha incidido positivamente en la evaluación obtenida por la Comunidad Autónoma, al reponerse los planes de formación para personas ocupadas y reforzar la formación dirigida a personas desempleadas, vinculándola a la obtención de certificados de profesionalidad", ha remarcado Sota.
En la LXIV Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que ha contado con la presencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y representantes de todas la Comunidad Autónomas, también se ha tratado la situación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España.
El consejero ha resaltado que el sistema "aún no ha conseguido desarrollarse plenamente, debido al bajo nivel de inscripciones de jóvenes" y ha recordado que la reforma aprobada por el ministerio el pasado mes de diciembre para ceder la Garantía Juvenil a las Comunidades Autónomas ha llegado con "dos años de retraso" y ahora hay que "flexibilizar" los requisitos de acceso, posibilitando la inscripción a través de las oficinas de empleo, algo que "siempre" han reivindicado Cantabria.
En otro orden de cosas, la Conferencia Sectorial ha sido informada del planteamiento de la nueva estrategia española de activación para el empleo y del Plan Anual de Política de Empleo 2017, cuyos trabajos darán comienzo en breve.
Finalmente, se ha abordado con los responsables autonómicos el proyecto de la tarjeta social, que será de carácter universal, compromiso unánime de la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero, para desarrollar su implantación.
Con este fin se ha creado un grupo de trabajo entre el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para diseñar el modelo a seguir del documento.
La tarjeta social servirá para ofrecer una mayor transparencia a los programas sociales gestionados por las distintas administraciones públicas y mejorará la eficiencia y la coordinación para llevar a cabo una política social con el objetivo de evitar situaciones de vulnerabilidad.
El consejero ha manifestado que el aumento de 1,6 millones de euros con relación al ejercicio anterior se debe al "buen resultado obtenido" en la evaluación del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), al haber alcanzado Cantabria "el quinto mejor índice" de entre todas las Comunidades Autónomas.
Sota, que ha estado acompañado por el director general del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), José Manuel Callejo, ha añadido que esto ha sido posible "gracias a la reorientación" de los diferentes programas de fomento del empleo dirigidos a los colectivos de personas con mayores dificultades para el acceso a un trabajo, en especial los jóvenes y las personas desempleadas de larga duración, que es objetivo "prioritario" en estos momentos.
"La recuperación de la oferta formativa a finales de 2015 ha incidido positivamente en la evaluación obtenida por la Comunidad Autónoma, al reponerse los planes de formación para personas ocupadas y reforzar la formación dirigida a personas desempleadas, vinculándola a la obtención de certificados de profesionalidad", ha remarcado Sota.
En la LXIV Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que ha contado con la presencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y representantes de todas la Comunidad Autónomas, también se ha tratado la situación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España.
El consejero ha resaltado que el sistema "aún no ha conseguido desarrollarse plenamente, debido al bajo nivel de inscripciones de jóvenes" y ha recordado que la reforma aprobada por el ministerio el pasado mes de diciembre para ceder la Garantía Juvenil a las Comunidades Autónomas ha llegado con "dos años de retraso" y ahora hay que "flexibilizar" los requisitos de acceso, posibilitando la inscripción a través de las oficinas de empleo, algo que "siempre" han reivindicado Cantabria.
En otro orden de cosas, la Conferencia Sectorial ha sido informada del planteamiento de la nueva estrategia española de activación para el empleo y del Plan Anual de Política de Empleo 2017, cuyos trabajos darán comienzo en breve.
Finalmente, se ha abordado con los responsables autonómicos el proyecto de la tarjeta social, que será de carácter universal, compromiso unánime de la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero, para desarrollar su implantación.
Con este fin se ha creado un grupo de trabajo entre el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para diseñar el modelo a seguir del documento.
La tarjeta social servirá para ofrecer una mayor transparencia a los programas sociales gestionados por las distintas administraciones públicas y mejorará la eficiencia y la coordinación para llevar a cabo una política social con el objetivo de evitar situaciones de vulnerabilidad.
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