La corporación municipal al completo, a propuesta del Alcalde Andrés Ruiz Moya ha aprueba el NO cumplimiento de la sentencia de 2/09/2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander, confirmada por la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 10/02/2014, que condenaba al Consistorio y al propio interesado a intentar legalizar lo ilegalmente construido. La vivienda en cuestión, pertenece al alcalde pedáneo de Ongayo.
Dicho acto ha recibido las oportunas alegaciones en oposición ya que, aunque el Informe Jurídico Municipal de 25/06/2014, el propio Dictamen del Consejo de Estado de 02/10/2014, y el acuerdo municipal de 4/12/2014, emitidos con ocasión del anterior proceso de revisión de oficio se fundamentaban en la “posibilidad de sanación” de la licencia, a la vista del acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 31 de Enero de 2017,(que deniega la autorización de construcción en suelo rustico de especial protección), hace que devenga ilegal completamente, y por ende, procede anular la licencia y decretar la demolición de lo ilegalmente construido.
En consecuencia, según la Ley, “cuando se estuvieran ejecutando obras de edificación y estas fueran incompatibles con el planeamiento vigente, el Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier interesado, previa comprobación, dispondrá la paralización inmediata de las obras o actos de ejecución y, sin perjuicio de la incoación de expediente sancionador, decretará su demolición, reconstrucción o cesación definitiva a costa del interesado”.
El alcalde desatiende así, el mandato judicial y las denuncias de los vecinos perjudicados por la infracción cometida, la cual viene tipificada en la Ley de Cantabria como “Muy Grave” ya que se ha llevado a cabo en suelo protegido.
Dicho acto ha recibido las oportunas alegaciones en oposición ya que, aunque el Informe Jurídico Municipal de 25/06/2014, el propio Dictamen del Consejo de Estado de 02/10/2014, y el acuerdo municipal de 4/12/2014, emitidos con ocasión del anterior proceso de revisión de oficio se fundamentaban en la “posibilidad de sanación” de la licencia, a la vista del acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 31 de Enero de 2017,(que deniega la autorización de construcción en suelo rustico de especial protección), hace que devenga ilegal completamente, y por ende, procede anular la licencia y decretar la demolición de lo ilegalmente construido.
En consecuencia, según la Ley, “cuando se estuvieran ejecutando obras de edificación y estas fueran incompatibles con el planeamiento vigente, el Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier interesado, previa comprobación, dispondrá la paralización inmediata de las obras o actos de ejecución y, sin perjuicio de la incoación de expediente sancionador, decretará su demolición, reconstrucción o cesación definitiva a costa del interesado”.
El alcalde desatiende así, el mandato judicial y las denuncias de los vecinos perjudicados por la infracción cometida, la cual viene tipificada en la Ley de Cantabria como “Muy Grave” ya que se ha llevado a cabo en suelo protegido.
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